Desde la realización de los Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, en el 2007, pasando por el Mundial de Fútbol, en 2014, hasta los Juegos Olímpicos, este año, movimientos populares y colectivos organizados contra los impactos de los mega eventos deportivos han denunciado el aumento de la violencia contra la población – con desalojos y crecimiento de la militarización en las favelas – y la falta de transparencia en la gestión de la preparación de las ciudades-sedes, generando desequilibrio en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios básicos.
“Nosotras no estamos contra los Juegos Olímpicos. Estamos contra la forma como esos mega eventos llegan a las ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población; e imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales de quien vive allí”, lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Rio de Janeiro.
En este sentido, el episodio más reciente fue la concesión de un crédito de 870 millones de dólares, autorizado por el presidente interino Michel Temer el último miércoles (29), destinado a la Seguridad Pública de los Juegos Olímpicos Rio 2016, que comienzan el próximo 5 de agosto.
El estado de Rio de Janeiro atraviesa una gravísima crisis económica, y esa medida, de carácter provisorio, fue tomada después de que el gobierno fluminense decretara el “estado de calamidad pública” por falencias financieras.
A un mes del comienzo de los juegos, el panorama urbano de Rio presenta varias contradicciones. A pesar de la crisis dificultar, por ejemplo, el pago de los salarios de funcionarios públicos y demandar ajustes en los gastos de educación y salud, los gastos con el mega evento olímpico alcanza los 11 mil millones de dólares, 3 mil millones más de lo previsto cuando Brasil se puso como candidata a sede.
En entrevista a Brasil de Fato, Sandra afirmó que Rio de Janeiro adoptó el “modelo de ciudad mercancía, una ciudad para ser vendida a los mega emprendimientos”. “Las enormes estructuras turísticas dirigidas al exterior, al capital extranjero, a la privatización del espacio urbano… Hay un proceso de endeudamiento brutal sobre las cuentas públicas que dejaron una deuda muy grande, que aumenta la deuda social”, analiza la economista del PACS.
Privatización
El gobierno de Rio de Janeiro ha negado que la crisis del estado sea originada por los juegos, alegando que las dificultades financieras de deben a la crisis general y a la baja en el precio del petróleo, y que la gran mayoría de los gastos de las obras fueron financiadas con recursos de Asociación Público-Privadas (APP). Según lo datos del municipio, sólo el 43% de los gastos provienen del presupuesto público, mientras que el 57% viene de las APP.
Sin embargo, el PACS advierte sobre esta cuestión. “Por medio de estas asociaciones público-privadas, el Estado deja de arcar con todos los costos, pero también deja de recibir los lucros, como en el caso de las obras del metro, trenes y estadios”, explica la institución en su revista Rio de Gastos.
A partir de estas APPs, el Estado garantiza al capital privado ganancias por periodos de cinco a 35 años, aseguradas por contrato. O sea, ademas de ser otra forma de privatización de los servicios y responsabilidades públicas, aparenta a corto plazo tener una baja del gasto publico, comprometiéndolo a largo plazo.
Para Sandra Quintela, “los gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un papel fundamental en las ciudades por causa de la gran especulación inmobiliaria; o sea, para la expansión de las fronteras del mercado habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en último lugar”.
Violencia
Según los datos recogidos por el PACS, 65 mil familias fueron removidas en nombre de las Olimpíadas en Rio de Janeiro. “Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo, la región del Porto Maravilla, donde estaba el antiguo puerto. Allí nació la capoeira, el samba… Hoy, todo esta completamente petrificado por un proceso de privatización y APP. Con los mega eventos deportivos, hubo una flexibilización sobre la definición de lo que es privado y lo que es público”, analizó Sandra.
El Comité Popular de las Olimpíadas defiende también que otro legado es el aumento de la violencia policial contra la juventud negra de favelas. Un levantamiento realizado por Justicia Global indica que, entre enero y julio de 2015, 408 personas fueron muertas por la Policía Militar de Rio de Janeiro en ocurrencias registradas como “autos de resistencia” (lo que sería una legítima defensa del policía), lo que significa un aumento del 18,6% en relación al mismo período de 2014.
“Es impresionante que, en una ciudad extremadamente militarizada como es Rio, esa lógica se profundice en nombre de los mega eventos”, manifestó la economista. En el intento de mostrar al mundo que los morros [favelas] de las “Ciudad Maravillosa” están “pacificados”, el gobierno fluminense, con el apoyo del gobierno federal, ha aumentado los gastos y el numero de policías militares.
El Ministerio de la Defensa especificó que 18 mil militares serán colocados en las ciudades donde ocurrieron los juegos de fútbol (São Paulo, Manaus, Salvador, Brasília y Belo Horizonte), y Rio de Janeiro recibirá 20 mil hombres, siendo “aproximadamente 14 mil del Ejército Brasileño, 4 mil de la Marina y 2 mil de la Aeronáutica”.
Según los datos solicitados por las organizaciones Artigo 19 y Justicia Global a la Secretaria de Estado de Seguridad de Rio de Janeiro (Seseg), fueron adquiridos 4 mil equipamientos de protección individual, 18 mil balas de goma, 9 mil balas fumígenas coloridas (que sueltan pintura para marcar personas entre la multitud), 4.500 granada de efecto moral, 4.500 bombas de gas lacrimógeno y más de mil sprays de gas pimienta.
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