Después de la declaración del comandante del Ejército, General Eduardo Villas Bôas, de que los militares necesitarían de garantías para actuar en el ámbito de la intervención “sin el riesgo de surgir una nova Comisión de la Verdad” el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Río de Janeiro, la Campaña Ocupa Dops [Departamento de Orden Político y Social, agencia de inteligencia policial que torturaba a los disidentes durante la dictadura militar en el país] y el Grupo de Hijos y Nietos por Memoria, Verdad y Justicia lanzaron una nota de repudio a la intervención militar y al discurso del general. Villas Bôas es el jefe de la operación de intervención militar decretada por el presidente golpista Michel Temer (del partido MDB) en el estado de Rio de Janeiro.
"Desde el decreto de intervención nosotros conversamos y evaluamos que [la intervención] es una decisión muy grave y desde entonces participamos de reuniones y manifestaciones. Pero cuando él dijo eso creemos importante aclarar lo que es una comisión de la verdad y lo que está siendo dicho. Lo que dice con todas sus letras es que van a cometer violaciones de derechos humanos y que los militares quieren una autoamnistía previa”, alerta Lucas Pedretti, militante del Colectivo Rio de Janeiro Memoria, Verdad y Justicia.
Los colectivos manifiestan perplejidad e indignación en la nota. "Sabemos que la amnistía de 1979 es una autoamnistía, lo que ya es muy grave, pero esta vez ellos están pidiendo una autoamnistía previa, o sea, antes de que comentan los crímenes. Lo que es una cosa increíble”, explica Pedretti, que también declara que los movimientos van continuar junto de las articulaciones de resistencia a esa intervención. "Acompañaremos principalmente lo que los movimientos de las favelas y familiares de víctimas de la violencia de estado van a proponer, pues al final sabemos que en este momento son las favelas y los territorios periféricos que van sufrir de forma más inmediata y más grave esa violencia", concluye.
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El Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Rio de Janeiro, la Campaña Ocupa Dops y el Grupo de Hijos y Nietos por Memoria, Verdad y Justicia se suman a los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y a todas y todos los que repudian vehementemente la intervención civil militar decretada en la seguridad de Rio de Janeiro por el gobierno golpista e ilegítimo. Tal decisión profundiza la lógica de militarización de la seguridad pública representada por el uso de los decretos de Garantía de la Ley y el Orden y tendrá como único resultado la intensificación de la violencia de Estado que afecta prioritariamente a jóvenes, negros y habitantes de favelas y periferias.
Por medio de esta nota, manifestamos nuestra perplejidad e indignación con la declaración ampliamente difundida en diversos medios de comunicación, del comandante del Ejército, General Villas Boas, acerca de que los militares necesitarían de garantías para actuar en el ámbito de la intervención “sin el riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad”. El discurso es revelador no sólo de la dificultad de las Fuerzas Armadas para rendir cuentas sobre las violaciones cometidas en la dictadura, sino también de la amenaza representada por el decreto de intervención emitido por el presidente golpista e ilegítimo.
Como se sabe, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) fue creada en 2012 para dar continuidad al lento proceso de Justicia de Transición en Brasil. Su objetivo fue investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el régimen dictatorial. La CNV cumplió un importante papel al consolidar y ampliar el conocimiento sobre hechos, razones y circunstancias de encarcelamientos arbitrarios, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzosas cometidos por el aparato represivo.
Sin duda, la CNV tuvo limitaciones profundas, especialmente en lo que tiene que ver con las desapariciones forzosas, con la dificultad de relacionarse con la sociedad civil y con la imposibilidad de responsabilizar a los criminales. Sin embargo, las críticas de las Fuerzas Armadas a la Comisión, verbalizadas por Villas Boas, fueron hechas contra sus cualidades y no contra sus defectos. La completa falta de colaboración con la CNV y la no apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas demuestran que, para los militares, la verdad continúa siendo una amenaza.
En este sentido, es alarmante ver que esa misma lógica guiará las acciones de las Fuerzas Armadas y del General Braga Netto en la intervención ahora en curso en Rio de Janeiro. Al señalar el “riesgo” de una nueva Comisión de la Verdad, el comandante del Ejército anuncia, con todas sus letras, que se cometerán violaciones de derechos humanos. Reafirma, así, los términos de la nota publicada por el Centro de Comunicación Social del Ejército el día del anuncio de la intervención, según la cual la acción exigiría “sacrificios de los poderes constitucionales, de las instituciones y, eventualmente, de la población”.
No en vano diversos sectores ligados al Ejército han hablado sobre la necesidad de “seguridad jurídica” para actuar. Se trata de una licencia para matar, una autoamnistía previa, como si no bastara la ley aprobada el año pasado, que determina que los crímenes cometidos por militares contra civiles sean juzgados por la justicia militar. En síntesis, es un efecto más de la Ley de Amnistía de 1979, que impidió responsabilizar a los culpables de los crímenes durante la dictadura, y dio a las Fuerzas Armadas y a los policías la certeza de que los agentes del Estado pueden matar, torturar y desaparecer sin responder por eso.
¡Por responsabilizar inmediatamente a los criminales de la dictadura! ¡Por el fin de la violencia de Estado y de la militarización de la vida!
Edición: Vivian Virissimo | Traducción: Pilar Troya
