El ministro de la Defensoría General de Brasil, José Eduardo Cardozo, presentó la defensa de la presidenta Dilma Rousseff (PT) frente a la Comisión Especial de Impeachment en la Cámara de Diputados, en Brasilia (DF). En la tarde del lunes (4), el abogado afirmó que se trata de un proceso sin fundamentos jurídicos que puede ser calificado como un “golpe” y que el pedido fue aceptado por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), como “venganza”.
“En el sistema presidencialista, el impeachment es excepcional, cabiendo apenas en situaciones gravísimas”, afirmó Cardozo. “No es un proceso político, es un proceso jurídico-político. Sin los presupuestos jurídicos, no puede haber apreciación política de la conveniencia del presidente mantenerse en el cargo. Sin crimen de responsabilidad, en el sistema presidencialista, en el Estado Democrático de Derecho, no puede haber impeachment”, contextualizó.
Para el ministro, en ese sentido, ausentes de los criterios jurídicos, se puede hablar de quiebre institucional. “¿Impeachment es golpe? Obviamente, el impeachment está en la Constitución, pero si los criterios jurídicos no fueran atendidos, es golpe sí. Golpe, con ruptura de la Constitución, ofende el Estado Democrático de Derecho. Golpe que rasga un texto constitucional como el nuestro, conquistado con la sangre de todos, será juzgado por la historia”.
Nulidad
Cardozo afirmó que la abertura del proceso de impeachment por Cunha fue marcada por el “desvío de finalidad”. Según él, el presidente de la Cámara se debería restringir al análisis del respeto a los preceptos constitucionales. Para el ministro de la Defensoría General, Cunha extrapoló su competencia actuando por venganza contra la Presidencia.
El defensor también afirmó que las presentaciones orales realizadas por los autores del pedido de la Comisión Especial indicada para analizar el pedido de impeachment, infringe el rito establecido por el Supremo Tribunal Federal (STF), lo que viciaría el proceso al violar el derecho de defensa.
Proceso
Cardozo recordó que el pedido de impeachment se refiere a dos acciones: la edición de seis decretos de crédito suplementar y el no repase de fondos al Banco de Brasil – conocido como “pedaleadas fiscales”.
En la defensa, el abogado explicó que el crédito suplementar no aumentó el gasto estatal, ya que utilizaron fondos que habían sido contingenciados, y que, por lo tanto, no alterarían el desempeño fiscal del gobierno federal. Además, el ministro afirmó que tal mecanismo era admitido por la jurisprudencia y que diversos gobernadores, entre ellos Geraldo Alckmin (PSDB) del estado de São Paulo, lo utilizaron. En ese sentido, el gobierno federal habría abandonado tal práctica después de la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión de cambiar su entendimiento en relación al asunto, lo que no podría ser aplicada retroactivamente.
Sobre ese mismo punto, el defensor general afirmó que tales medidas habían sido avaladas por funcionarios técnicos y de carrera. Por lo tanto, no habría, dolo o mala fe en el acto, requisito para la existencia de un crimen de responsabilidad, como el que se le imputa a la presidenta Dilma.
En relación a las llamadas “pedaleadas fiscales”, Cardozo afirmó que no cabe la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque no se refieren –como dicen los autores del pedido- a préstamos de bancos públicos al gobierno, apenas de atraso en los pagos. Además, el ministro afirmó que el Tribunal de Cuentas también aceptaba aquella práctica y que, nuevamente, el gobierno abandonó el mecanismo después de que el Tribunal cambiara de posición. Según agregó el defensor, en tal caso, la responsabilidad por el mecanismo administrativo no es de la Presidencia, sino el Ministro de Economía.
Rito
Con 65 diputados de 24 partidos, la composición de la Comisión Especial es proporcional al número de representantes de cada partido en la Cámara. Su papel es de emitir su parecer indicando si el pedido de impeachment debe ser aceptado o rechazado. Sin embargo, la posición del colegiado no se vincula a la Cámara, ya que la decisión cabe al Plenario.
Después de la presentación de la defensa de Dilma, el grupo tiene cinco sesiones más para votar su parecer. El presidente de la Comisión Especial es Rogerio Rosso (PSD-DF) y la relatoría quedará a cargo de Jovair Arantes (PTB-GO).
Si dos tercios de la Cámara, o sea 342 diputados votan favorablemente al impeachment, el pedido será encaminado al Senado, responsable por el juzgamiento de la presidenta. Para perder el mandato, dos tercios de los senadores (54 representantes) tendrán que emitir su voto a favor de la condena de Dilma.
*Traducción: Maria Julia Giménez
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