Emboscada, Policía Militar, sin-tierras, tiros, tesis de enfrentamiento y sólo trabajadores rurales muertos. Esa secuencia podría remontar a la Masacre de Eldorado dos Carajás ocurrida hace 20 años, en el estado de Pará – en el Norte de Brasil. Sin embargo, ese encadenamiento de los hechos y personajes, son los mismos que aparecen en las recientes muertes ocurridas al Sur del país, en el estado de Paraná, el día 7 de abril, cuando dos militantes del Movimientos de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados en las proximidades del Campamento Dom Tomás Balduino, en la ciudad de Quedas do Iguaçu. Como telón de fondo de esas realidades, el latifundio, la lucha por la tierra, la violencia con la participación del Estado y la búsqueda de justicia.
El dirigente nacional del movimiento, Joaquin Piñero, apuntó que la impunidad es una marca de los crímenes relacionados a los conflictos en el campo y contribuye para que aquellas muertes sigan ocurriendo. “Hasta ahora, los responsables [por los crímenes de Eldorado dos Carajás] no fueron condenados. Eso es tan grave que denunciamos a la comunidad internacional”, apuntó. Abril, que ya se había tornado – después de la masacre de Pará – un mes de lucha intensa para el MST, se torna aún más representativo. “Vamos a estar movilizados y seguiremos denunciando estos crímenes”, afirmó.
Izabel Rodriguez Lopes, dirigente estadual del MST en Pará, destacó que la violencia del Estado también se expresa en la represión a las movilizaciones de los trabajadores, como la que ocurrió con las sin-tierra el día 8 de marzo, durante los actos por el Día Internacional de las Mujeres, en Parauapebas, misma región donde ocurrió la Masacre de Eldorado dos Carajás. Alrededor de 300 manifestantes hacían un acto simbólico en frente al portón principal de la empresa minera Vale, con uso de lodo y barro para recordar la reciente tragedia de Mariana, en Minas Gerais – región Sureste del país –, y alertar sobre los peligros a los que están sujetos la población de la región. La Policía Militar (PM), reprimió el acto con el uso de spray de pimienta y bombas, por más de 500 metros.
“Exactamente cuando hacen 20 años de la Masacre de Eldorado dos Carajás se repite la misma escena. Policías de los dos lados. Llamaron más refuerzos donde estábamos, en los laterales, no teníamos salida y terminaron tirando bombas y disparando [con balas de goma]”. La otra arma que usaron fue sacarnos el micrófono, cortaron nuestro sonido y detuvieron al chofer. No teníamos como dialogar, pedir calma al pueblo, no teníamos más como, lo que nos restó fue correr”, recordó Izabel. En la correría, mujeres cayeron, se lastimaron, inclusive una mujer embarazada se desmayo necesitando de tratamiento médico.
La historia se repite
Camioneta alcanzada por tiros y trabajadores con tiros en la espalda desmonta, para el MST, la tesis de la Secretaría de Seguridad Pública de Paraná de que los sin-tierra habían hecho una emboscada para la Policía Militar. “Aproximadamente 25 trabajadores sin-tierra circulaban de camioneta, a 6 kilómetros del campamento, dentro del perímetro del área decretada pública por la Justicia, cuando fueron sorprendidos por policías y personal de seguridad atrincherados”, relata la nota pública lanzada por la dirección estadual del MST. Abogados ligados al movimiento denuncian que los policías removieron los cuerpos y objetos de la escena del crimen.
La situación se asemeja al caso de la masacre de hace dos décadas atrás. La destrucción de las pruebas por medio de la manipulación del local de los hechos fue uno de los factores que impidió la condena de los policías que participaron de la Masacre de Eldorado dos Carajás, como explica el fiscal Marcos Aurélio Nascimento, que actuó en el caso. “El local del crimen quedó inhabilitado, hubo una pericia local, pero sin los cuerpos. Como ellos tenían el poder sobre la seguridad pública y dominio, tomaron una serie de providencias que dificultaron y tornaron casi imposible determinadas pruebas”, explicó. Otras acciones de los agentes de seguridad para dificultar las investigaciones fue la retirada de la identificación de los policías de los uniformes, que es obligatorio.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) del estado de Pará, Luanna Tomaz, recuerda que esos crímenes, por ser cometidos por agentes del Estado, cuentan, muchas veces, con la complicidad de las instituciones. “Recibimos mucho ese tipo de demandas de la gente que viene y dice que la policía no quiso investigar y las pruebas desaparecen. Hasta que esos grupos consiguen el esfuerzo de alguna autoridad, pedir que el comisario de la ciudad actúe, las pruebas ya fueron borradas. Hay dificultades muy grande de investigar y miedo a denunciar”, apuntó.
Las muertes en el estado de Paraná de Vilmar Bordim, de 44 años – casado, padre de tres hijos –, y de Leonir Orback, de 25 años – que dejó a su esposa embarazada de nueve meses –, reflejan un clima de tensión provocado por líderes políticos, por las fueras de seguridad y por los medios locales, desde la instalación de dos campamentos del MST en tierras federales, pero que la empresa maderera Araupel alega ser propietaria. Otras denuncias sobre amenazas de muerte sufridas por líderes del movimiento fueron notificadas al Ministerio Público y a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Paraná (Alep), en año pasado.
Muertes en el campo
De acuerdo a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2015, fueron 50 muertes por conflictos en el campo en todo el país, mayor numero de los últimos 12 años. De esos asesinatos, 47 fueron en la región Amazónica, siendo 20 en Rondônia, 19 en Pará, seis en Maranhão, 1 en Amazonas y 1 en Mato Grosso. Con un área equivalente al 16% del territorio nacional, el estado de Pará lidera en la violencia en el campo. Desde 1985 hasta 2014, fueron 775 muertes, lo que equivale al 40% de los asesinatos, según la CPT. El levantamiento realizado por la entidad, muestra que, de 438 crímenes ocurridos en este periodo, solamente 22 fueron juzgados.
Para el abogado de la CPT, José Bastista Afonso, la impunidad señala a los criminosos que los asesinatos pueden ser formas “eficientes” para resolver problemas en el campo. “Un pistolero que mata un trabajador, y no es castigado por el crimen, al día siguiente está buscando empleo con otro latifundista. De la misma forma, que quien manda a asesinar a un campesino, y no es castigado, se siente cómodo para encomendar otras muertes y continuar resolviendo las cuestiones de naturaleza agraria a través del uso de bala”, explicó.
Gobiernos
Procurada por Brasil de Fato, la Secretaría de Seguridad de Paraná reforzó la tesis de que la PM sufrió una emboscada por parte de los integrantes del MST. Y agregó que los crímenes siguen siendo investigados.
En relación a la acción de la PM el último 8 de marzo, durante los actos del Día Internacional de la Mujeres, en Parauapebas, la Secretaria se Seguridad Pública de Pará informó que el órgano recibió a las mujeres campesinas que reivindicaban la investigación de los posibles abusos cometidos por la policía.
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