La Comisión Legislativa Especial del Congreso de la República de Brasil aprobó la propuesta de enviar el juicio político contra Dilma Rousseff al plenario de la Cámara de Diputados bajo la acusación central que la presidenta brasileña violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Consideramos que el denominado “juicio político” responde a un plan desde el Congreso, los sectores de la derecha de Brasil, incluido los medios de comunicación al servicio de estos sectores, para difamar, o incluso derrocar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, valiéndose de las acusaciones mencionadas.
Esta maniobra política ha sido percibida por el pueblo brasileño como un claro intento desestabilizador del orden democrático, similar al ocurrido en Paraguay cuando se destituyó del cargo al presidente democráticamente elegido, Fernando Lugo. Dicha maniobra ha activado diversas movilizaciones en defensa de la democracia, no solo en apoyo a la actual mandataria, sino al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también se enfrenta a la posibilidad de que se le realice un juicio político por supuestos casos de corrupción.
Declaramos nuestra solidaridad y respaldo al pueblo brasileño que ha salido a las calles a marchar en reiteradas ocasiones en rechazo a este intento de derrocamiento de la presidenta Sra. Dilma Rousseff y que también ha sido cuestionado por varias naciones del mundo e instancias internacionales, como la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Condenamos este golpe parlamentario e intento desestabilizador que va contra el protagonismo del pueblo brasileño obtenido en los últimos años.
En esta hora difícil en nuestro Continente somos partidarios de profundizar la integración, la unión, el diálogo social y la solidaridad de los pueblos para asegurar que nuestra región sea un territorio de paz, de convivencia política y de justicia social con plena vigencia de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos.
Finalmente, reafirmamos nuestra confianza en el pueblo, en sus movimientos sociales y políticos, en los medios alternativos, que no permitirán un retroceso en la democracia protagónica del Brasil.
Quito, a 13 de abril de 2016.
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