Fueron 16 años hasta que se cerraron los pedidos de recursos que condenaron definitivamente a los dos responsables por las tropas policiales que asesinaron 21 sin-tierra en la Curda de la S, trecho de la carretera PA-275, en el estado de Pará, al norte de Brasil. Recién en 2012, el coronel Mario Pantoja y el mayor José María Oliveira comenzaron a cumplir esa pena.
Además de las demoras para el cierre del caso en la Justicia, dejaron de ser responsabilizados los 155 policías que participaron de la acción y de los jefes del Ejecutivo de donde, según la Fiscalía del caso, partió la orden para la desobstrucción de la vía, entre ellos, el gobernador de la época, Almir Gabriel del (PSDB), el secretario de Seguridad Pública, Paulo Sette Cámara, y el entonces comandante de la Policía Militar, Fabiano Lopes.
Este es el cuadro que hace a la palabra “impunidad” aparece de forma recurrente entre aquellos que sobrevivieron a la Masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrido el día 17 de abril de 1996. “¿Por qué estamos hasta el día de hoy hablando sobre estas historias y luchando? Para justamente ver si podemos conseguir traer a la justicia cerca de nosotros”, dice el agricultor Josimir Pereira Freitas, 53 años, sobreviviente y coordinador de la Asociación de los Sobrevivientes, Dependientes, Viudas de la Masacre de Eldorado dos Carajas y Conflictos Agrarios de Pará.
En un área equivalente al 16% del territorio nacional, el estado de Pará lidera la violencia en el campo. De 1985 a 2014, fueron 775 muertes, lo que equivale al 40% de los asesinatos en todo el día, según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
De acuerdo con la CPT, el establecimientos de la impunidad tuvo inicio inmediatamente después de masacre, pues, aún sabiendo de la ilegalidad que estaban cometiendo, lo policías removieron los cuerpos de la escena del crimen e imposibilitaron la producción de pericias para identificar a los autores de los disparos. “Fue un proceso de construcción dentro de la propia acción penal que apuró la responsabilidad por las puertas, desde el inicio”, destacó Afonso Batista, abogado de la comisión y que actuó como asistente de la acusación en el caso.
Enjuiciamientos y recursos
El primer enjuiciamiento de la masacre ocurrió en 1999, presidido por el juez Roberto Valle. En la ocasión, Oliveira y Pantoja fueron absueltos. El Tribunal de Justicia de Pará, sin embargo, anuló la sesión en abril por sospecha, que indica parcialidad del presidente del proceso. Después de éste hecho, entro los 18 jueces de la comarca del Belém [capital del estado de Pará], 17 se negaron a presidir el caso alegando simpatía por los policías militares.
Una nueva sesión fue marcada para junio del 2001, a ser presidida por la jueza Eva do Amaral, pero la tentativa de ella de retirar del proceso un parecer técnico sobre las imágenes de la masacre generó la reacción del Movimiento de los Trabajadores Sin tierra (MST). La investigación trata del análisis de las imágenes del momento de la masacre, hechas por la TV Liberal y por el perito Ricardo Molina, de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp – São Paulo).
“La actuación del Poder Judicial en el curso de la acción fue altamente cuestionable. Se tornó tan escandalosa que llevó a los abogados del MST y de la CPT a abandonar el proceso en forma de protesta par entender que, de la forma en que estaba siendo conducida la acción penal, no había posibilidades de coordinar los verdaderos responsables por los crímenes”, avaluó Batista. Después del apartamiento de Eva do Amaral, el proceso fue presidido por Roberto Moura, llevando a la condena de los comandantes de las tropas.
A pesar de las condenas, Américo Leal, abogado defeño de Pantoja en la época del enjuiciamiento en primer instancia, dijo que pediría nuevo proceso del caso, si aún al frente de la cuestión. “Si nosotros fuésemos a avanzar hoy en el proceso de la [masacre de] Eldorado dos Carjás, aún podrían, los condenados, que es Pantoja y Oliveira, ser absueltos, porque tienen nulidad absoluta allí”, apuntó. Entre las cuestiones señaladas por él, está el impedimento de la defensa de cuestionar todas los testigos convocados para declarar.
Políticas Públicas
No sólo la responsabilidad criminal de los culpados que construye ese sentimiento de impunidad y falta de asistencia entre los sin-tierra. “Algunos compañeros murieron, otros quedaron baleados, pero la gente aún continua aquí, luchando en el día a día. No está muy bien, porque nosotros precisábamos de un apoyo del gobierno para ayudar a nuestra agricultura”, relata el agricultor Raimundo dos Santos Gouveia, de 61 años, sobreviniente de la masacre y miembro del Asentamiento 17 de abril, que está ubicada en el área de la antigua Hacienda Macaxeira, en Eldorado dos Carajás.
Dificultades con la circulación de la producción, teniendo en vista las malas condiciones de los caminos del asentamiento es un ejemplo de las dificultades enfrentadas por los asentados del 17 de abril. Con una producción, principalmente, de leche, maíz y mandioca, los asentados dependen de intermediadores que busquen la producción en la villa. Después de 20 años, estamos aquí por la agricultura. Es eso que nos mantiene, es la comida, la agricultura, el arroz, la harina, la mandioca, el maíz, las gallinas”, apuntó. A pesar de los problemas, él evalúa que “está mejor de que están en haciendas ajenas, en los lotes ajenos”.
Para la abogada criminalista Luanna Tomaz, que preside a la Comisión de Derechos Humanos del Orden de los Abogados de Brasil (OAB) de Pará, la condena criminal no cierra toda la esfera de las responsabilidades. “No que no sea importante, también es, pro no es sólo eso. Casos como este generan un sentimiento de impunidad no solo porque no hubo un gran número de condenas, sino porque no se ven resultados e impactos de políticas publicas”, agregó. Ella destaca la importancia de las acciones de reparación que envuelven la mejoría de la calidad de vida de aquella comunidad como un todo.
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