Con paso firme y mirada determinada, el periodista argentino José María Quevedo entró en la sala del Tribunal de Sentencia del Palacio de Justicia de Asunción, el día 15 de abril, para dar su testimonio sobre la masacre de Curuguaty, durante una reintegración de pose donde murieron 11 campesinos y seis policías, el 15 de junio de 2012. Esta matanza sirvió como tiro de lanza del golpe que derrocó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Participante del minucioso levantamiento realizado por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), el periodista se dirigió al local de la masacre, donde recogió durante meses numerosas declaraciones, montando el rompecabezas y clasificando los relatos sobre el violento episodio.
De forma pausada, porque la exposición necesitaba ser traducida al guarani, Quevedo hizo una contundente y calificada denuncia sobre las excusiones a quema ropas de campesinos heridos, la adulteración de la escena del crimen – con policías colocando armas junto a los cadáveres de las victimas – y de la evidente manipulación de informaciones y ocultamiento de las pruebas por parte del ex fiscal del proceso y actual viceministro de Seguridad Interna, Jalil Richid.
Según el periodista argentino, nunca hubo una investigación profunda sobre la vinculación del narcotráfico en la masacre de Curuguaty, que se encuentran próximo a un área de 40 hectáreas de marihuana. Esta es la misma reflexión realizada por el entonces ministro de la Secretaria Nacional Antidrogas y actual ministro del Interior, Francisco de Vargas.
Delante de la relevancia de la declaración de Quevedo, la defensa solicitó que la testigo aportase más elementos sobre la participación de narcotraficantes en la matanza, siendo inmediatamente interpelada por la fiscalía. Los jueces del Tribunal de Sentencias se alinearon a la posición del Ministério Público.
A fin de que la información convenientemente tapada saliese a luz, la defensa pidió una reposición, ya que el proceso sólo dá voz a la versión de la fiscalía y no investiga el asesinato de campesino. Los jueces rechazaron el pedido diciendo que irán a juzgar solamente las acusaciones contra los sin-tierra y que el tribunal no irá a pautar ni la causa de las muertes de los campesinos ni lo que aún no ha sido investigado, ya que para eso existirían “otros canales”.
Un silencio sepulcral acompañó el proceso cuando el periodista entregó una lista con los nombres de los posibles intelectuales del crimen – recibido por una de las víctimas, Néstor Castro, quien tuvo la mandíbula fracturada.
Análisis
Desde que acompaño el proceso, el testimonio de Quevedo fue el que más exhortó a la reflexión, enfatizando la necesidad de inmediata anulación del juzgamiento. Es importante recordar que, en este caso, estamos hablando de hacer justicia por los campesinos privados de la libertad hace casi cuatro años, amenazados de ser condenados a más de dos décadas de prisión.
Por la riqueza de los datos y la didáctica exposición sobre el crimen, reproducimos abajo el artículo del periodista José María Quevedo, publicado en septiembre de 2015, donde desnuda el grotesco fraude montado contra inocentes.
Leya el artículo:
Masacre de Curuguaty: La pista narco jamás investigada
Por José María Quevedo, para Ñanduty.com.py
Dos meses después del procedimiento que terminó con la vida de 17 paraguayos, la Senad encontró un predio de 40 hectáreas de marihuana lista para cosechar a escasos 30 kilómetros del lugar donde se produjo la matanza. El entonces secretario antidrogas Francisco de Vargas, opinó que se debía investigar la posible existencia de vínculos entre el hallazgo y la masacre. El fiscal Jalil Rachid relativizó los dichos del ministro y descartó esta hipótesis.
El hombre es alto, rubio y viste uniforme policial. Las estrellas en su brazo denotan un cargo de importancia. Néstor Castro tiene la mandíbula destrozada por un balazo. Espera en la Policía Judicial ser ingresado a La Esperanza. El hombre se le acerca y le entrega un cartoncito. “Ustedes son inocentes. Estas son las personas que organizaron la masacre”, le dice. Castro guarda celosamente el cartón en uno de sus bolsillos.
Un mes después decide entregar esta prueba al Doctor Domingo Laino, presidente de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) que asiste jurídicamente a los procesados e investiga las causas de la masacre.
El cartón dice: “Comisario Arnaldo Sanabria Moran de Coronel Oviedo. Oficial inspector Aquiles de narcótico”.
Arnaldo Sanabria fue jefe del operativo que terminó en masacre el 15 de junio. Llamativamente, Fernando Lugo lo nombró comandante tras la renuncia de Paulino Rojas. Según el relato de los GEO sobrevivientes, Sanabria fue uno de los efectivos que, ante la negativa de Erven Lovera, más insistió en que el procedimiento se realizara.
Aquiles Villalba Flores es un oscuro personaje cuyo nombre y vínculos con las mafias del narco y el contrabando saltaron a la luz pública en 2015. Se dijo que era familiar de los Villalba (Cristina, la actual diputada y exgobernadora de Canindeyú y ‘Cabrito’, intendente de La Paloma) y aunque esta información terminó siendo errónea, su cercanía al clan terminó por confirmarse. Ezequiel de Souza, capturado en La Paloma con 2.000 kilos de cocaína en noviembre de 2014, reveló a los senadores Wiens y Giuzzio, que lo narcos podían operar en la zona solo si contaban con la autorización de Carlos ‘Cabrito’ Villalba y que Aquiles era su mano derecha. Pese a la gravedad de la denuncia, ni Aquiles ni ‘Cabrito’ han sido investigados.
Un asentamiento en medio del ‘corredor de la ilegalidad’
Entre las reservas Mbaracayú y Morombi existe un corredor que los agentes fiscales de la zona denominan ‘el corredor de la ilegalidad’. Drogas, armas, rollos, todo pasa por ahí sin ningún tipo de control. Consultado para esta nota, el fiscal de Curuguaty; Cristian Roig, dijo que se trata de una zona en donde manda lo ilegal y los vínculos entre políticos, policías y traficantes hacen que el trabajo del Ministerio Público sea imposible.
Roig agregó que este organismo ha sido copado por hijos y parientes de políticos que tienen como principal tarea proteger a las mafias. Este dato serviría quizás para explicar por qué para investigar la masacre que se produjo en tierras apropiadas por el expresidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, el fiscal general Javier Díaz Verón designó al nobel agente Jalil Amir Rachid Lichi, hijo del también extitular de la ANR, Bader Rachid Licchi.
También permitiría entender por qué lo mantiene al frente de la causa pese a la parcialidad con que ha llevado el caso. Jalil es además sobrino de Leila Rachid, hoy consejera de Itaipu, exministra de Relaciones Exteriores de Nicanor Duarte Frutos, amiga personal de Sarah Cartes y exintegrante del equipo de transición del presidente electo Horacio Cartes.
Lo curioso (o no tanto) es que mientras Jalil se hacía cargo de la investigación en Curuguaty, en Asunción, Leila hacía lobby en los medios de comunicación contra el protocolo de Ushuaia ll (uno de los seis puntos del libelo acusatorio contra Fernando Lugo), cuestionaba la presencia de los cancilleres de Unasur en Paraguaya y Bader (como miembro del consejo asesor de la Junta de Gobierno colorada) se encargaba de convencer a Lilian Samaniego de la necesidad de enjuiciar y destituir a Lugo.
Una vez más, los Rachid tenían un rol protagónico a la hora de poner en marcha y ejecutar un juicio político. En 1999 y tras el marzo paraguayo, fue Bader quien recibió en mano la renuncia de Raúl Cubas Grau.
egún reveló a este periodista y al abogado español Aitor Martínez Jiménez en 2012 el exdiputado colorado por Canindeyú, Julio Colman, tras la masacre y en ocasión de una visita a Curuguaty, Horacio Cartes le pidió textualmente que “cuidara a Jalil”. “Es el hijo de un amigo”, le habría dicho el entonces precandidato a la presidencia.
¿Narcos y políticos con un objetivo en común?
Los vínculos de la política con el narcotráfico quedaron al descubierto tras el asesinato del periodista Pablo Medina (uno de los pocos reporteros que estuvo el 15 de junio en Marina Kué). El autor intelectual del crimen, Vilmar Acosta Marques, era intendente del distrito de Ypehú y uno de los capos del tráfico de marihuana en la zona. ‘Neneco’ pertenece al movimiento Honor Colorado del presidente Horacio Cartes y su jefa política es la diputada Cristina Villalba. Fotos en la que se lo puede ver compartiendo reuniones sociales con la diputada confirman su pertenencia al “clan”.
¿De quienes eran las 40 hectáreas de marihuana encontradas en la propiedad reivindicada por los Riquelme? ¿A quién o quienes perjudicaba la recuperación de Marina Kué por parte de los campesinos y la instalación allí de un nuevo asentamiento? Preguntas que el fiscal Jalil Rachid jamás se hizo (o sí).
Lo cierto es que el agente del Ministerio Público no solo descartó la hipótesis de De Vargas, sino que consideró a los Riquelme (quienes reivindican como suya la propiedad donde se encontró la plantación) “víctimas”.
La lista
Aunque pasaron tres años, Ignacio Vera aún teme por su vida. La mañana de 15 de junio de 2012 recibió un aviso: “No vayas a Marina Kue. Te van matar”, le dijeron. Según Vera, su nombre figuraba en una lista que estaba en poder de la policía. En dicha lista había otros cuatro nombres: Erven Lovera, Ninfa Aguilar, Avelino “Pindu” Espindola y Rubén Villalba. Lovera y Pindú murieron en Marina Kue. Ruben Villalba recibió un disparo. La bala le rozó el cráneo y logró escapar de la balacera con vida. Advertido, Vera prefirió no participar del procedimiento al que debía acudir como funcionario del Indert. Ninfa Aguilar se quedó a prudente distancia de la zona cero y también salvó su vida. A los pocos días fue apartada de la causa y trasladada a Santaní. El 17 de agosto de 2015 fue nombrada jueza de Garantías.
Por los actores involucrados, la zona donde se produjo y los intereses que había en juego, la pista narco debió ser investigada desde el principio.
En marzo de 2013 y mediante una resolución, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Paraguay “asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva”.
Sin embargo, el fiscal general Javier Díaz Verón no solo no tuvo en cuenta la opinión del Comité, sino que respaldó la decisión de Jalil Rachid de no investigar las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de la ocupación y organizaciones de la sociedad civil.
Tanto para la comunidad internacional como para la ciudadanía paraguaya que sigue de cerca el caso, la masacre de Curuguaty debe ser investigada nuevamente, esta vez por un fiscal imparcial y probo sin vínculos con las partes, que busque esclarecer los hechos y no encubrir a los verdaderos responsables.
A la hora de ser juzgada, la causa tampoco debería caer en manos de un Tribunal de Sentencia que tenga como presidente a un juez como Ramón Trinidad Zelaya, quien siendo fiscal fue sumariado por sospechas de recibir coimas y como magistrado fue acusado de liberar narcotraficantes, uno de ellos Cecilio Cabral-Ramoa, alias “Ligerinho”, integrante de la banda de los Acosta Marques, según datos encontrados en la computadora de Pablo Medina.
Edición: ---
