Mucho se ha escrito acerca de que la crisis política brasileña fue armada por políticos corruptos para lograr la impunidad arrojando todos los problemas estructurales del país sobre la responsabilidad de la Presidente Dilma Rousseff y nuestro partido, el PT. Es un pretexto del presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha [actualmente, desplazado por la Justicia de su mandato por denuncias de corrupción] para distraer: él ha iniciado la tramitación del pedido de impeachment como una venganza personal contra el gobierno porque no encontró complicidad, ni logró acuerdos para eludir los números delitos de los que es acusado. Es un acto de traición perpetrado por el Vice-Presidente [Michel Temer] el cual no debería, bajo ninguna circunstancia, estar negociando apoyo político para derribar su colega de coalición electoral, mucho menos junto al partido que fue derrotado en las elecciones presidenciales en 2014 [el PSDB]. Es, en resumen, un coup d’Etat bajo el cual una presidente elegida bajo voto popular está sendo acusada de ofensas que no justifican su impeachment.
Un tema que ha sido menos discutido en esos días es, precisamente, cuáles son las otras motivaciones políticas que están por detrás del corrompido proceso de impeachment. Sin duda, una de las principales motivaciones es el afán de impulsar una agenda de derecha conservadora, sin los muchos obstáculos creados por las administraciones del Partido de los Trabajadores a lo largo de los últimos 13 años. Esta agenda no solamente pone en peligro las numerosas garantías de derechos humanos que los brasileños y brasileñas lucharon para alcanzar, sino que también amenaza el espirito de nuestra Constitución Democrática de 1988.
De acuerdo con la Agencia de Noticias Pública, el grupo de diputados que mayoritariamente votaran en favor de la destitución de la Presidente pertenecen al bloque conocido como “BBB” (bistec, Biblia y bala), refiriendose a los legisladores vinculados a los intereses de los sectores ruralistas, religiosas y de “tolerancia cero”. Del otro lado, la mayoría de los congresistas que votaran “no” al impeachment fueran de los bloques vinculaods a los sindicatos de trabajadores y de los derechos humanos, al cual yo pertenezco.
Y eso no es mera coincidencia cuando uno examina con atención qué tipo de leyes el primero grupo busca aprobar, con el apoyo de quien ilegítimamente se pretende presidente.
Del bloque de los propietarios rurales, por ejemplo, dos propuestas legislativas se destacan. La primera es una enmienda constitucional que busca mover del ámbito del Poder Ejecutivo al Legislativo la prerrogativa de decisión sobre la demarcación de tierras indígenas. Con esta medida tornaría prácticamente imposible demarcar cualquier otra forma de tierra tradicional en Brasil, justamente porque la mayoría de estas tierras son también disputadas por los propietarios privados que son suficientemente poderosos para elegir sus propios representantes al Congreso. Si esta enmienda constitucional es aprobada, el reconocimiento de la deuda histórica del Brasil a sus poblaciones indígenas va ser extirpado de nuestra constitución de forma permanente.
La segunda propuesta de legislación planea “ablandar” la definición criminal de “condiciones de trabajo análogas a la esclavitud” en nuestro Código Penal. Al intentar en retirar “horas de trabajo exhaustivo” y “condiciones de trabajo degradantes” como calificadores de la esclavitud moderna bajo la ley Brasileña, esta propuesta tiene como objetivo hacer más difícil para el Ejecutivo y el Sistema de Justicia acusar y procesar los responsables por estas prácticas de explotación, en particular en las áreas rurales, por someter los trabajadores a condiciones inhumanas equivalentes a la esclavitud. Este proyecto de ley viola los principios de derechos humanos y también va en contra los esfuerzos puestos en marcha por la administración de la Presidente Dilma Rousseff para garantir que la esclavitud moderna sea punible por los más severos medios disponibles en nuestra legislación.
De su parte, los representantes de la “tolerancia cero” están convencidos de que un cambio en el gobierno va limpiar el camino para la aprobación de su más celebrado proyecto de ley: una enmienda constitucional para reducir la edad mínima para la responsabilidad criminal, de 18 para 16 años. El diputado Eduardo Cunha está personalmente involucrado en promover este retroceso constitucional. Practicamente todas las principales ONGs de derechos humanos y organizaciones intergubernamentales han tomado posición firmemente en contra este proyecto de ley, sabieno que va profundizar la criminalización de la juventud más vulnerable del Brasil y acrecentando la población del degradante sistema penitenciario del país.
En este punto, es importante decir, Dilma ha luchado contra la dictadura militar en Brasil, fue torturada por el régimen y en su primer mandato en la presidencia ha instituido una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos promovidas por los agentes estatales entre 1946 y 1988.
Finalmente, la bancada religioso, del cual Eduardo Cunha es un miembro prominente, apuesta en un nuevo gobierno para avanzar la legislación discriminatoria que va poner obstáculos particularmente a los derechos de las mujeres y la población LGBTQ. El así llamado, “Estatuto de la Familia”, el cual define familia la únicamente constituida por un hombre y una mujer está en el topo de su lista, tiene el potencial de revertir la decisión de la Corte Suprema que ha autorizado el casamiento de personas del mismo sexo en Brasil desde 2011.
Con el avanzo del conservadurismo en Brasil, Dilma está bajo ataque por muchas razones, pero también por ser mujer. Una parte de la prensa y sus oponentes políticos están tratando la primera mujer elegida presidente con falta de respecto. Un buen ejemplo es la tapa reciente de una importante revista que dijo que Dilma estaba perdiendo los estribos y portandose como una histérica, mostrando así la dimensión sexista contra ella.
El aumento de la probabilidad de que estos proyectos de ley sean aprobados si la Presidente Dilma es injustamente removida de su cargo, no es basada en conjeturas. La nueva mayoría en el congreso que se ha unido en torno a su impeachment, es precisamente la más inclinada a perseguir esta agenda una vez que entienda estar libre de cualquier presión del poder Ejecutivo. Además, estos sectores de la derecha estarían en posición de cobrar del presidente no-elegido el precio de su apoyo en el proceso de impeachment.
Este movimiento anti-democrático no puede ser percibido simplemente como un “giro conservador” en la política brasileña. No es resultado de elecciones presidenciales, así como no refleja los deseos de la mayoría de los ciudadanos quienes votaran en 2014. 54 millones de brasileños han elegido una presidente que promocionaría una agenda de derechos, pero en línea con las aspiraciones de nuestros trabajadores e movimientos sociales, y que lucharía contra los ataques a nuestras garantías constitucionales.
Al lo largo de las últimas semanas, la Presidente Dilma Rousseff ha ganado apoyo y confianza de los movimientos brasileños de derechos humanos para dar continuidad y mejorar su trabajo en este campo. Nuestra sociedad civil quiere que el Brasil continúe a ser un líder internacional en la promoción de la democracia y los derechos humanos. En los últimos 13 años, Brasil ha emergido como ejemplo de cómo un país puede enfrentar sus problemas estructurales y promover el desarrollo y al mismo tiempo reducir la pobreza, colmar la brecha de desigualdad y promover derechos. Retornar hacia atrás en ese camino seria una vergüenza para el Brasil, los brasileños y para el mundo.
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