Desde el último miércoles (8), el Frente Brasil Popular (FBP), que reúne más de 60 entidades y movimientos populares, promueve una serie de movilizaciones y ocupaciones por el país contra el gobierno del presidente interino Michel Temer (PMDB). Los actos hacen parte de la Jornada Nacional de Luchas contra Temer y por la defensa de derechos. Las acciones se suceden hasta el viernes (10), cuando ocurre lugar una gran movilización nacional, junto al Frente Pueblo Sin Miedo, además de una huelga general convocada por la CUT [Central Única de los Trabajadores] y por el PT [Partido de los Trabajadores].
Denunciando la retirada de los derechos adquiridos, las acciones de la Jornada llaman la atención sobre reindicaciones específicas, como el posicionamiento contra la Reforma de Sistema de Previsión Social y la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), y por el fortalecimiento del programa de vivienda Mi Casa, Mi Vida (MCMV).
Según los organizadores, esas medidas “deben ser combatidas por medio de acciones unificadas entre movimientos populares del campo y de la ciudad”. Entienda cuales son las pautas de los movimientos que están en las calles:
Reforma del Sistema de Previsión Social
Ocupaciones en agencias del Banco de Brasil, de la Caixa Econômica, del Instituto de Seguro Social (INSS) y de superintendencias del Instituto Nacional de Colonización y de Reforma Agraria (Incra) tienen como objetivo la defensa del actual sistema se seguridad social.
El Ministerio de Hacienda, que ahora engloba la antigua carpeta de previsión social, ya señaló que para el fin del año deberá realizar una reforma con efectos a partir del 2017, según el ministro-jefe interino de la Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB).
La propuesta es aumentar la edad mínima de jubilación a 65 años para los hombres y mujeres del campo y de la ciudad, y que el ingreso sea desvinculado del salario mínimo. Hoy, en el campo, los hombres pueden jubilarse a los 60 años y las mujeres a los 55.
La profesora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) Denise Gentil, cuya tesis de doctorado pone en evidencia el mito del déficit del sistema previsión social de Brasil, argumenta que no existe necesidad de tal reforma, pues la propuesta “golpea la lógica”.
Según ella, la medida es “contradictoria”, teniendo en vista las exoneraciones y la desvinculación del presupuesto de los gastos de la Unión, sobre todo de la Seguridad Social. “El gobierno reformó completamente al Ministerio de Previsión Social y colocó la carpeta dentro del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Previsión Social sufrió orden de desalojo en el gobierno de Temer”, lamentó.
La profesora calcula que la Seguridad Social (conjunto de políticas dirigidas al área de previsión, salud y asistencia social) tuvo, al contrario de lo que afirma el sentido común, un superávit de R$ 20 mil millones [5 mil 500 millones de dólares].
“No es ni mínimamente razonable imputar el sacrificio de esta cuenta sobre los ciudadanos, cuando el gobierno está otorgando un amplio margen de lucro para las empresas con las exoneraciones y está pagando una gigante tasa de interés. Hoy, el presupuesto público está a disposición del capital financiero. Y claro que la población tiene que reaccionar”, analiza Gentil.
Entre 2001 y 2015, se cree que el gobierno exoneró cerca de R$ 157 mil millones del presupuesto, sobretodo de Seguridad Social, lo que equivale a aproximadamente el 3% del PBI en un año. Aun sigue en el Congreso la Propuesta de Enmienda de la Constitución (PEC) 87/2015, de autoría de la presidenta Dilma Rousseff (PT), que amplía el porcentaje de la Desvinculación del Presupuesto de la Unión del 20%, y que en la Cámara de Diputados fue aprobada, en primera votación, para el 30%, con votos de la base aliada de Michel Temer. “Quien cree que está faltando presupuesto no exonera ni hace desvinculaciones, ¿no es cierto?”, cuestiona la profesora.
Gentil acredita que a reforma no obtendrá suceso porque resultará en el empobrecimiento de la población y en el aumento del número de personas carentes y pobres. “Es un retroceso de todo lo que conquistamos en los último diez años. Y lo peor es que eso no va a resolver el problema fiscal del gobierno, porque los impactos de una reforma de la Previsión Social solo van a aparecer en diez o quince años”. Según ella, los motivos de la reforma no son fiscales.
“Es un exigencia del sector financiero. Cuanto más le gobierno precariza su sistema de Previsión, mas se empuja a las personas a adquirir un plan privado. Es un gran acuerdo entre el Estado y el sector financiero. Va más allá de una situación demográfica o una cuestión social. Es lo que llamamos de financiarización de los servicios públicos. Gran parte del ingreso de las familias hoy es absorbida por previsión privada y planes de salud, que son derechos asegurados en la Constitución Federal y que el gobierno debería estar ofertando para todos, de forma universal”, afirma.
Mi Casa, Mi vida - Rural
Una de las primeras medidas del nuevo ministros de las Ciudades, Bruno Araújo, fue cancelar dos decretos del Programa Mi Casa, Mi Vida que habían sido firmados anteriormente por Dilma. Aunque después de la presión de los movimientos populares, se retrocedió en la medida. Sin embargo, las manifestaciones realizadas durante esta semana están pautando el fortalecimiento del programa y la reivindicación de que las promesas de la campaña presidencial sean plenamente atendidas, con destaque en el ámbito rural.
En abril de este año, Dilma ya había señalizado una reducción de 3 millones para 2 millones de casas entregadas en la nueva fase del programa Mi Casa, Mi Vida hasta 2018. Y Michel Temer, luego de asumir interinamente, anunció nuevos cortes, reduciendo a 1,5 millones de unidades, o sea, la mitad de lo proyectado en los anuncios del 2014. Diseñado en tres grupo, la Faja 1 del programa, que subsidiada prácticamente en su totalidad por el gobierno, será la que mayormente sufrirá cortes.
Para Daniel Vieira, militante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), resulta crítico que estos cortes impacten directamente a los más pobres. “Lo que Temer está haciendo es peor que la falta de operatividad del gobierno de Dilma: es el corte de recursos de la Unión. El programa continuará existiendo, pero sin el subsidio del gobierno federal. De la forma que está siendo apuntado, será un programa de crédito. En esa condición, corta asentamientos, agricultura familiar, para quilombolas, indígenas, porque prácticamente todos estaban en esa Faja 1”, dice.
El déficit habitacional brasileño cayó entre los años 2007 y 2012. El déficit habitacional rural representa el 15% del total y cayó cerca del 25% durante este periodo, tanto en términos absolutos cuanto relativos, según un estudio realizado por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA). Sin embargo, según Vieira, hay como afirmar que el déficit viene siendo reducido. “El número de proyectos protocolados hace un año totalizaba cerca de 230 mil pedidos de casas en las áreas rurales. Desde aquel entonces hasta hoy, se contrataron alrededor de 20 mil casas. Hay un numero enorme de proyectos protocolados que están parados”, afirmó.
Además, los movimientos populares piden cambios en el programa para mejorar la atención de las poblaciones del campo, que hoy tienen acceso restricto al programa. “La ley permite que poseedores de tierras, por ejemplo, accedan al programa. Pero las normativas internas de los bancos no les dan condiciones, porque ellos no tienen los documentos exigidos”, explica el militante.
Vieira afirma que la autorización para que parientes de hasta tercer grado construyan en los terrenos de los asentados, desde que el propietario autorice, y la desburocratización para las reformas de vivienda en el campo a través del programa Mi Casa, Mi Vida están entre “una serie de pequeñas cosas que precisan mejorar en el programa para el acceso de nuestro público”.
Él recuerda del pago de las obras atrasadas y de la liberación de recursos financieros para proyectos que ya fueron contratados, pero cuyas construcciones aun no fueron iniciadas.
El Fin de Ministerio de Desarrollo Agrario
A finales del mes pasado, el ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmó que el gobierno estudia la posibilidad de crear la Secretaria de Desarrollo Agrario, que sería vinculada a la Presidencia.
Padilha enfatizó que el posible recorte no tendrá impactos ni de “un centavo”. El Desarrollo Agrario era un ministerio autónomo hasta la entrada de Temer, que fundió los ministerios de Desarrollo Agrario y de Desarrollo Social.
*Traducción: María Julia Giménez
*Edición: Vivian Fernandes
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