Mato Grosso del Sur, estado brasileño localizado en la región centro-oeste, fronterizo a Paraguay, Bolivia y Perú, volvió a ser foco de los noticieros con las atrocidades cometidas contra el pueblo Guarani y Kaiowá, el último 14 de junio.
Un nuevo ataque de pistoleros, más conocido como “jagunços”, contra la comunidad indígena de Dourados-Amambai Peguá, localizada en el municipio de Caarapó – a 286 quilómetros de la capital del estado, Campo Grande –, terminó en el asesinato del Kaiowá y agente de salud indigena, Clodiodi Aquiles Rodrigues de Souza, de apenas 23 años. Ademas del joven asesinado, otras seis personas quedaron heridas por armas de fuego y fueron encaminadas al hospital, entre ellas un niño de 12 años, que fue herido en el abdomen.
Relatos de los propios indigenas revelan que el episodio duró cerca de cuatro horas. Sin embargo, el ataque en la Tierra Dourados-Amambai Peguá no es un hecho aislado en Mato Groso del Sur.
El caso de Clodidodi Aquiles se suma a las fatídicas estadísticas. En los últimos 12 años fueron registrados más de 400 homicidios en el estado, que concentra más de 60% de los casos de asesinatos de indígenas del país. La región también concentra una alta tasa de suicidios de los pueblos originarios, con 700 casos reportados. Los registros indican un homicidio a cada 12 días y un suicidio a cada 7.
Apenas en 2014, la Relatoría de Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil, publicado por el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), registró 138 casos de asesinatos y 135 casos de suicidios de esa población en el país. De estos, 41 asesinatos y 48 suicidios tuvieron lugar en Mato Grosso del Sur. Y los datos también revelan un severo aumento de las muertes por falta de asistencia médica, mortalidad infantil, omisiones y demora en la regulación de las tierras indígenas.
De acuerdo con la relatoría y documentos del Cimi, en el último semestre, ya fueron contabilizadas al menos 25 ataques contra los Guaranis y Kaiowás en Mato Grosso del Sur, lo cuales incluyen ataques químicos, con la utilización de agrotóxicos y atentados a tiros.
“La perdida de nuestros parientes duele en el alma, en la piel, y está traumatizando a la generación joven de indígenas. Brasil siempre fue nuestro y la esperanza que yo alimento y voy a alimentar es la demarcación, sin ella nosotros no cuidamos de la naturaleza, no nos alimentamos y por ella vamos a luchar y morir”, resalta Geniana Barbosa, de 27 años, perteneciente a los Guaranis y Kaiowás en la comunidad Laranjeira Ñhanderu, en el municipio de Rio Brillante, al recordar que, infelizmente, los jóvenes indígenas pasaron a convivir con esa realidad violenta.
Estado confina indígenas
Mato Grosso del Sur posee poco mas de 35 millones de hectáreas, equivalentes al territorio de Alemania. Las áreas urbanas de sus 79 municipios suman apenas 44,1 mil de hectáreas. Los Guaraní y Kaiowás ocupan 35 mil hectáreas del estado, con una población total de 46 mil indígenas, según el IBGE/2014. Hay más pasto para engordar una vaca, que tierra para una familia indígena criar sus hijos, producir su propio alimento y enterrar a sus muertos.
Según los datos del Cimi, estudios preliminares sobre el tamaño de las tierras reivindicadas por los Guaraní y Kaiowás – el segundo mayor pueblo indígena de Brasil – apunta que estas no deben se más que 900 mil hectáreas. O sea, menos de 2,5% del territorio de Mato Grosso del Sur. Estas tierras tampoco abarcarían una falla continua y buscarían restaurar los corredores ecológicos entre las principales cuencas de ríos de la región sur del estado.
A los 70 años, la cacique Damiana Cavanha simboliza la resistencia Guaraní y Kaiowá. Para ella, “la tierra es para criar las cosas, plantar las cosas, para recuperar… Perdimos todo, plantamos todo. Tenemos yuca, papa, no es mucho no, pero ya da para nuestras familias”, dijo en una reciente entrevista concedida al periódico Campo Grande News.
El territorio reivindicado por los indígenas en la ciudad de Dourados – donde estan las áreas indígenas – está actualmente arrendada para la Usina São Fernando, de propiedad de José Carlos Bumlai, empresario y ganadero que fue detenido en la operación Lava Jato, que investiga crímenes de corrupción.
Damiana sufre con la amenaza de desalojo. El territorio Apycaí, donde ella vive, está a siete quilómetros del Centro de Dourados, sentido de Ponta Porã – divisa con Paraguay –, entre un arroyo contaminado y una plantación de caña.
El plazo dado por la Justicia Federal para que ella y las ocho familias que viven allí desalojen por voluntad propia el área en disputa era hasta media noche del último 14 de junio. Sin embargo, hasta el momento la orden no fue cumplida. De cualquier manera, Damiana fue enfática en afirmar que no irá a bajar la cabeza.
Los datos y la realidad vivida por estos pueblos apenas demuestran cuan cruel es la vida de esta población, envueltos en una región dominada por la concentración de tierras, donde la economía esta basada principalmente en el latifundio y en el agronegocio.
Los indígenas están confinados en pequeños terrenos, entre varias cabezas de ganado, áreas inmensas de pastizales y de plantaciones de monocultura, como soja, eucaliptos y caña de azúcar.
Genocidio
En su artículo Los condenados de esta tierra, el profesor Neumar Machado de Sousa, miembro de la Comisión Regional Justicia y Paz, y profesor de la Facultad Intercultural Indígena (FAIND), de la Universidad Federal de la Grande Dourados (UFGD), resalta que la lista de violaciones de derechos de los pueblos indígenas en el estado de Mato Grosso del Sur es tan grave y extensa que pode ser clasificada en diversas categorías: “inseguridad alimentaria; remociones; violencia contra las mujeres; contaminación por agrotóxicos; intolerancia religiosa; asesinatos; trabajo esclavo; explotación sexual; deserción escolar y falta de atención médica, eso en un contexto demográfico en que el 45% de los Guaraní y Kaiowás en Mato Grosso del Sur tienen menos de 17 años de edad”, explica.
La omisión del Estado brasileño en cumplir los derechos indígenas establecidos en la Constitución Federal en 1988, que preve la homologación y la demarcación de las tierras indígenas y el atraso en la identificación de estas tierras, permite que la violencia se perpetúe y se convierta en genocidio. Como consecuencia, la población sur-mato-grossense sigue bastante prejuiciosa en relación al pueblo indígena.
“Tenemos dos escenarios: la omisión del Estado y una población prejuiciosa, que siempre va a apoyar un lado apenas, pues es alimentada por la insensibilidad de los medios; y los intereses comerciales de las grandes compañías e inversores, que patrocinan los vehículos de comunicación más expresivos”, afirma Machado.
En un artículo publicado por el Emporio del Derecho, la posdoctora en derecho en la Universidad de Londres, Fernanda Frizzo Bragado, entiende que la disputa de tierras en Mato Grosso del Sur tiene que ser entendida a partir de la lucha.
“El genocidio busca exterminar una identidad colectiva, mismo que sus miembros permanezcan vivos, pero desde que ajenos a las diferencias y peculiaridades que los caracterizan. Son grupos indeseables que desafían, con su cultura diferenciada, un conjunto de valores establecidos, levantando el acto irracional del exterminio”, afirma Fernanda.
La investigadora enfatiza también que “lo que pasa en Mato Grosso del Sur es más que una simple defensa de la propiedad privada por los productores rurales que será exitosa con la muerte del indígena 'x' o 'y'; o de una nueva demostración de incompetencias de Estado en relación a cuestiones de seguridad pública. Es un tentativa de exterminio del pueblo Guaraní y Kaiowá que se tornó un excedente en su propio territorio nativo”, resalta.
Y en un relato interrumpido por las lagrimas, Ambrónsio Ricardi, lidere de la aldea, ’Nanderu Marangatu situada en el municipio de Antônio João recuerda el violento ataque armado que su pueblo sufrió el día 29 de agosto del 2015 . El hecho terminó con el asesinato del líder Guarani y Kaiowá, Simio Villalba. Para Ambrósio, las condiciones en los territorios indígenas “son precarias”.
“Muchas veces pasamos hambre, los niños quedan sin comida. La salud va mal, no se puede plantar ada, porque los estancieros colocan veneno en todo el suelo y los ríos son contaminados, nosotros no morimos sólo de plomo en ataques que vienen de la nada, no; nuestro pueblo está muriendo todo día un poquito”, concluyó.
*Traducción: María Julia Giménez
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