La violencia contra trabajadores del campo en el estado de Paraná -- ubicado al sur de Brasil, en la frontera con Paraguay, Argentina y Uruguay -- fue tema de una audiencia pública el martes (2) en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en Brasília (DF). El estado sureño, que actualmente tiene dos militantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en situación de prisión domiciliar, viene destacándose por la criminalización creciente de la lucha agraria.
El senador Paulo Paim (PT-RS), que preside la Comisión, resaltó la importancia de la actuación parlamentaria delante de los casos de persecución política que viene siendo registrados. “La violencia en el campo es cobarde, cruel. Las prisiones sin cualquier prueba y el asesinato de trabajadores piden una actitud de la Comisión de Derechos Humanos”, dijo.
En el caso de Paraná, la audiencia colocó en foco la situación del campamento Dom Tomás Balduíno, que completó un año el último 6 de julio. Localizado en Quedas do Iguaçu, región central de Paraná, reune actualmente alrededor de 1.200 familias.
La maderera Araupel se atribuye el área en conflicto, pero su titulación responde a procesos fraudulentos. En 2004, la Justicia concedió una liminar autorizando al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) a construir un asentamiento en el local. Según el abogado del MST, Bernardino Camilo da Silva, la empresa tiene dos inmuebles rurales en la región, uno de 63 y otro de 43 mil hectáreas, y, el año pasado, una sentencia de primera instancia confirmó que parte de las tierras pertenecen a la Unión. El MST reivindica la destinación de esas tierras a la reforma agraria.
El movimiento aun mantiene otro campamento con 1.600 familias, en el municipio de Rio Bonito do Iguaçu, dentro de las tierras fraudulentamente apropiadas por Araupel. La empresa tiene 80% de su producción destinados a la exportación y contabiliza un lucro liquido anual de 92 millones de dólares (aproximadamente 300 millones de reales).
Violencia y Represión
El 7 de abril de este año, las familias del campamento Dom Tomas Balduíno fueron objeto de una acción policial que resultó en la muerte de dos militantes por personal de seguridad contratados por la Araupel. Otras siete personas quedaron heridas y dos de ellas están actualmente en situación de prisión domiciliaria, bajo el argumento de la tentativa de homicidio contra los policias.
“Ellos criminalizan a quien sufre la violencia y liberan a quien la comete. Desde el punto de vista ético y de los derechos civiles, eso es un problema grave en la sociedad brasileña y viene aumentando mucho en Paraná”, explicó Leure Simone Ritta, de la coordinación regional del MST en el estado.
Según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en el 2015 fueron registrados 12 conflictos por tierra en Paraná, involucrando a 3.388 familias. La repercusión de los asesinatos ocurridos en abril llevó a Araupel a perder el llamado “Sello Verde” y desde el 25 de abril la empresa está prohibida de exportar madera.
Durante la audiencia en el Senado, el MST se quejó de la violencia multifacetada que es cometida contra los militantes en este estado. “Las familias acampadas son víctimas de todo tipo de agresión, no solo la física, con los abusos practicados por la policia, sino también diversas humillaciones, incluyendo la persecución de los medios de comunicación, que intentan desgastar la moral del movimiento. Eso sin contar con la violencia perpetrada por la propia empresa, que contrata matones para perseguir a los militantes. Entonces, precisamos luchar contra ala policia, los medios y el agronegocio. Son muchos los abusos cuando se está en un enfrentamiento desigual como ese”, declaró el abogado Bernardino da Silva.
La senadora Gleisi Hoffmann (PT), electa por el estado de Paraná, estuvo algunas veces en el local para acompañar el caso y dijo que la situación es “preocupante”. Existe mucho pre concepto, mucha campaña contra los acampados para decir que ellos perjudican el orden y el desarrollo de la comunidad local, cuando, la verdad, es exactamente lo contrario”, afirmó durante la audiencia.
El movimiento garantizó que no irá a desistir de la causa. “El estado tiene histórico de violencia en el campo, con varios asesinatos, prisiones y desocupaciones. Sabemos que aun puede empeorar, pero nuestro lema es no retroceder. La lucha por la tierra es justa y nuestros muertos no mueren en vano. Además, la reforma agraria no puede ser tratada como una cuestión policial. Vamos a seguir adelante en esta causa”, dijo Rudmar Moeses, que integra la dirección del campamento Dom Tomás Balduíno y de la coordinación del MST en el estado.
Direccionamiento
Después del debate, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) encaminó dos propuestas. La primera, hace referencia a la tentativa de sumar fuerzas con la CDH de la Cámara Federal para que los dos colegiados hagan una visita oficial al estado de Paraná para acompañar el caso de las persecuciones.
Además, el senador Paulo Paim informó que el colegiado buscará establecer diálogo con otras instituciones. “Podemos procurar al Ministerio Público y hasta el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, porque a pesar de cualquier diferencia que pueda existir, esa causa es soberana y debe estar en primer lugar”, afirmó.
El senador Paulo Rocha (PT-PA) y Gleisi Hoffmann también defendieron la necesidad de la comitiva viajar a Paraná para acompañar la seguridad frente a este panorama. “Podemos hablar con el gobernador y con la PM, hacer esa mediación y mostrar que estamos acompañando todo y que podemos interferir en ese proceso en la condición de miembros del Legislativo”, dijo Gleisi.
El segundo encaminamiento que resultó de la audiencia pública trata de la articulación de una visita de la Comisión de Derechos Humanos del Senado al estado de Goiás -- centro-oeste de Brasil. El objetivo es acompañar el caso de las persecuciones al MST, que actualmente tiene dos presos políticos en el estado.
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Traducción: María Julia Giménez
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