Profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de São Paulo, Pedro Esteban Serrano dedicó su pos-doctorado al estudio de procesos de ruptura democrática en América Latina. La investigación ahora es lanzada en el libro intitulado Autoritarismo y golpes en América Latina: breve ensayo sobre la jurisdicción y excepción (Alameda Editorial, 2016).
En la obra, el autor apunta que, entre los siglos XX y XXI, hay un cambio de paradigma en los métodos por los cuales ocurre la escalada autoritaria en la región. “En el pasado, fueron los militares. Hoy, son los jueces, promotores y delegados”, afirma Serrado.
Acceda a la entrevista completa a Serrano, realizada por Brasil de Fato.
Brasil de Fato – ¿Cuál es la diferencia de los ataques a la democracia en los siglos XX y XXI?
Pedro Serrano – En el siglo XX, se dio el establecimiento de gobiernos de excepción, o sea dictaduras. En el siglo XXI, el proceso pasa por la imposición de medidas específicas de excepción en el interior de la democracia, con ropajes de Estado Democrático del Derecho, a título de cumplir la Constitución, pero faltando el respeto. Ese es un cambio increíble.
En el Estado de Derecho, los militares no tienen por función el control de los comportamientos y de la vida. Quien posee el sistema de Justicia, que envuelve al Judicial, el Ministro Público, las policias y la defensoria. En América Latina, es ese sistema de Justicia el principal agente de excepción.
En el pasado, fueron los militares. Hoy son los jueces, promotores y delegados.
¿Y qué cambia con eso?
Cambia la forma y la intensidad, pero no la estructura. Hay una relación autoritaria, no de autoridad, que implica la suspensión de derechos a título de combatir un “enemigo”, con finalidad política.
¿Cómo se configura ese “nuevo” autoritarismo?
En América Latina, hay dos fenómenos de excepción. Existe, por un lado, un Estado de Excepción permanente que gobierna los territorios pobres, por medio de una fuerza de ocupación territorial que es la Policía Militar, que es menos policía y más militar.
Las periferias de las grandes ciudades son sentidas como un territorio ocupado por los enemigos, en el cual las personas no pueden circular después de un determinado horario sin sufrir agresiones (de la policía o de los bandidos). Sin derechos garantizados, basta una sospecha para ser torturado o muerto. No existe de hecho un Estado de Derecho gobernando la vida de las personas.
También hay medidas de excepción al interior del Estado Democrático, como en el caso del “Mensalão”, de Lava Jato [investigaciones sobre casos de corrupción] y, aparentemente, en el caso del impeachment de Dilma. Segmentos incluidos de la sociedad son tratados con la excepción que los pobres son tratados, con la finalidad estrictamente política. La selectividad es enteramente la excepción. Cuando ella ocurre, no hay posibilidad.
¿Cómo se da concretamente eso?
En Honduras y en Paraguay se produjeron medidas contra gobiernos de centro-izquierda, por actos del Judicial y con el apoyo y la legitimación por parte de ella.
¿En Brasil, esa actuación del sistema de Justicia se da a partir de la acción penal 470, conocida como “Mensalão”?
Sí. La acción penal 470 fue un marco. Dije antes del enjuiciamiento que los principales acusados serían condenados y que los ministros [del STF] que osase discordar sería traducido por los medios. Fue lo que hubo. Y un proceso que se inicia con el resultado sabido, no es un juicio.
Ahí se torna evidente, pero hay un proceso anterior, en las últimas décadas, de crecimiento de la jurisprudencia punitiva, aquí y en el mundo. Es un fascismo judicial, un discurso que restringe intensamente derechos fundamentales y humanos, a través de una forma democrática, con más contenido autoritario.
La idea de fraude en el derecho es la que mejor describe [ese proceso]. El fraude es una legalidad cometida com apariencia de legalidad.
¿La delación premiada es una continuidad de eso?
La delación premiada en si no es inconstitucional o inadecuada como instrumento de apuración. Lo equivocado es ser realizada por quien está preso provisoriamente, sin estar condenado, con objetivos de salir. Es una confesión obtenida mediante tortura psicológica intensa.
La propia ONU considera nuestras prisiones medievales. No da para pasar por encima del hecho de que se detienen personas del mundo incluido, quien tienen cierto habito de vida, y lo meten en la prisión, lo que se configura como un método de tortura. Es una señal de los mecanismos de excepción producidos por el Judicial.
La lógica en el Estado Democrático es la de universalizar los derechos fundamentales de los incluidos para los excluidos. Lo que se ha construido es la universalización de la injusticia que es practicada contra los excluidos para parte de los incluidos. Es el camino inverso, y es perverso.
Algunas veces, un rico preso es injusticia, no camino contrario de la generalización de los derechos.
¿A partir de su análisis, es posible considerar que aún vivimos en una democracia?
Nosotros estamos reaccionando. Nuestra relación con el Estado está cada vez más permeada por el autoritarismo. Cuando se habla en aprobar las diez medidas que el Ministerio Público propuso en el Congreso, todo el mundo apoya, pero nadie esta viendo que aquello reduce el derecho de cada uno de nosotros. Mi derecho de defensa y mi presunción [de inocencia] serán disminuidos. El mio, el tuyo, el de toda la sociedad. Las personas no están teniendo esta dimensión. A través de las instituciones democráticas y de sus formas, está liquidando los contenidos y los valores democráticos.
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Traducción: María Julia Giménez
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