El ex- presidente Luis Inácio Lula da Silva fue denunciado por el Ministerio Público Federal (MPF), en el ámbito de la operación Lava Jato, bajo las acusaciones de: lavado de dinero, corrupción activa y pasiva. En rueda de prensa en la tarde del miércoles, 14 de setiembre, el fiscal Deltan Dallagnol acusó a Lula de estar “a la cabeza de una organización criminal”, y de ser el “ comandante máximo” del esquema de corrupción identificado en la Operación Lava Jato, que investiga casos de corrupción en la petrolera pública, Petrobras.
El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), Pedro Estevam Serrano, rebatió la afirmación del fiscal: “Es absolutamente ilegal que un agente del Estado afirme [públicamente] que un ciudadano es ‘comandante máximo de un grupo criminal’ sin brindar oportunidad de defensa. En este caso, el agente está faltando a su deber jurídico de preservar la imagen y la figura del acusado”. Desde el punto de vista legal, mientras el acusado no es condenado, no hay como hacer ese tipo de afirmación, de acuerdo con el jurista.
Acusaciones infundadas
Según el fiscal Dallagnol, los desvíos, en tesis, ocurrieron vía repaso de recursos de la constructora OAS a Lula, por medio de reformas y decoración de un apartamento en el balneario de Guarujá, litoral de São Paulo, supuestamente perteneciente a Lula. También por el contrato de almacenamiento de bienes personales de Lula a nombre de la empresa.
Pedro Estevam Serrano considera que la acusación del MPF es inconsistente, ya que no hay pruebas concretas en relación a la participación de Lula en el esquema de corrupción de Petrobras. “La hipótesis previa imaginaria prepondera sobre los hechos concretos. Me parece que la acusación de un proceso jurídico normal no prosperaría”, afirma. En este sentido, Serrano es enfático en afirmar que no acredita en la prisión de Lula.
Los abogados de Lula y su esposa Marisa Letícia, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, también cuestionan la falta de pruebas de los crímenes imputados, y afirmaron que la denuncia del MPF es un “truco de ilusionista”.
“El inmueble que habría recibido las mejoras es de propiedad de la [empresa constructora] OAS, como no dejan cualquier duda los documentos en el Registro de Inmuebles (Matricula 104801, de Guarujá), que es un acto dotado de fe pública […] La denuncia no contiene un único elemento que pueda superar esa realidad jurídica, revelando ser, por lo tanto, una pieza de ficción”, dice la nota.
El MPF denuncia expresamente a Lula por el desvío de un monto de 87 millones de reales y por 3,7 millones de reales en lavado de dinero . El MPF requiere al Poder Judicial el confisco de 87 millones y del mismo valor en resarcimiento. La pena imputada a ese tipo de crímenes es de 2 meses a 16 años y 6 meses de prisión. La investigación abarca el período 2006 -2016.
Marisa Letícia, el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, el empresario Léo Pinheiro, de la OAS, dos funcionarios de la constructora y otros dos investigados también fueron denunciados. El juez Sergio Moro tiene cinco días para analizar la denuncia.
El juicio es político, afirma la vice-alcalde de Curitiba
Según Mirian Gonçalves, vice-alcalde de Curitiba (PT), la postura política explicitada en el discurso de los integrantes del MPF es incompatible con la función que ejercen: “[Dallagnol] no está presentando allí su posición jurídica, sino su interpretación política. Es un juicio por adelantado, barato, sin pruebas”. .
La sustitución de la postura jurídica por la política es reforzada por la manera en que los integrantes de la Operación Lava Jato son tratados por sectores de la población, según explica la vice alcaldesa. “Cuando un miembro del poder judicial es enaltecido, aclamado e incentivado a un cargo electivo, esto significa que no es digno de la función que ejerce, porque se reconoce públicamente la forma parcial y deliberada con la cual profesa su opción por sectores políticos, algo que se vuelve incompatible con la independencia de los poderes”, afirma.
Para el jurista Serrano, el sistema de justicia en Brasil a partir de la Operación Lava Jato, está produciendo una medida de excepción al interior de la democracia. “Visten conropajes jurídicos lo que en el fondo es un juicio político, que pretende suspender derechos constitucionales. Creo que el objetivo es el de evitar la participación de un candidato trabajador y popular con posibilidades de victoria en las elecciones del 2018”, dijo Serrano. De acuerdo con el jurista, se está intentando producir un discurso acusatorio para fabricar el apoyo de una parcela de la sociedad de forma ficticia antes de que el juicio termine.
