El ex ministro brasileño de Economía Antônio Palocci fue detenido, el lunes (26), en el marco de la operación Lava Jato, que investiga casos de corrupción en la petrolera nacional Petrobras. La semana pasada, Guido Mantega, que dirigió la misma carpeta durante los gobiernos del PT, también fue detenido, pero fue liberado en el día.
La prisión de Palocci fue anunciada un día antes de su detención, por el actual ministro de Justicia del gobierno no electo, Alexandre de Moraes, durante una actividad política con el Movimiento Brasil Libre (MLB), de derecha, en Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Para analizar las motivaciones de la operación Lava Jato, sus límites y sus posibles efectos, Brasil de Fato conversó con Frederico Ribeiro de Almeida, profesor de ciencia política de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), que estudia el sistema judicial brasileño y sus relaciones con la política.
Para él, la operación actúa de acuerdo con la coyuntura política y puede traer resultados indeseables para la democracia brasileña.
Brasil de Fato – ¿Como usted evalúa la actuación de la operación Lava Jato?
Frederico Almeida – La Lava Jato tiene varios aspectos inéditos, pero, al mismo tiempo, tiene cosas que son típicas de las formas de operar de la justicia criminal en el país. ¿Qué sería lo más típico? La gran autonomía y el empoderamiento institucional del Ministerio Público volcados a cuestiones de interés público de manera general y a la corrupción, en especial. Es una cosa que viene desde los años 90, está relacionada con el diseño institucional establecido en la Constitución – con muchas atribuciones y mucha autonomía – y, en el caso especifico de la corrupción, con el surgimiento de una serie de legislaciones específicas sobre el tema.
Son cambios institucionales que vienen ocurriendo hace bastante tiempo y que concluyen en lo que estamos viendo hoy. Igual que cuando se habla de los abusos, militantes de derechos humanos y personas que lidian con la Justicia criminal ordinaria, de los pobres, – sean defensores de acusados, sean investigadores – acusan, hace mucho tiempo, la existencia de procedimientos forzados de producción de pruebas, una cierta tendencia del Ministerio Público a favor de la condena y, muchas veces, una complacencia del judicial con las tesis de la acusación.
Conducción coercitiva, acciones sin orden judicial, sospechas en torno a la calidad de las pruebas producidas: todo eso son cosas denunciadas hace mucho tiempo.
¿Que hay de nuevo? En el nivel en que la operación Lava Jato actúa, o sea, una justicia criminal volcada para los poderosos, en general, el discurso de las garantías, de la defensa, del debido proceso legal siempre fue muy fuerte y eficaz. Lo que tiene de nuevo son las tesis judiciales sobre la producción de pruebas, la necesidad de detener para investigar.
Hay una nueva formulación y una nueva postura institucional del Ministerio Público, de los jueces, de los tribunales en general de defender que ciertos crímenes y ciertas prácticas deben ser tratadas de manera específica y diferente.
¿Qué determinó que la operación Lava Jato se instituya?
Esa tesis no surgió ayer. El Ministerio Público esta intentando instituirla hace tiempo. Lo que sucedía es que, cuando los poderosos eran otros poderosos, había cierta resistencia de los tribunales superiores y un cierto éxito de los abogados de la defensa en resistir a esa tesis. Eso cambió, y tiene mucho que ver con el ambiente de la opinión pública muy favorable a la Lava Jato, lo que coloca a cualquier otro tribual en una posición muy difícil para frenar la operación o criticar sus excesos.
En ese sentido, la operación es muy politizada: ella está enfocada en algunos acusados, en un partido específico, ajustando el tiempo de sus operaciones con el tiempo de la coyuntura política.
Ellos actúan cuando hay sensibilidad de la opinión pública para actuar. Y hacen un esfuerzo de los medios de comunicación – el juez Sérgio Moro recibiendo premios o en las conferencias de prensa – en el sentido de jugar deliberadamente con la opinión pública para instituir su tesis fuera de los tribunales.
¿Qué representa la decisión del Tribunal Regional Federal (TRF) apuntando que “situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales”?
Allí el argumento fue llevado al extremo. Esa decisión del TRF me dejó bastante asustado. Yo nunca trabajé con la idea de que existe un Estado de Derecho ideal y que, eventualmente, los jueces y la policía se desvíen de ella.
El Estado de Derecho es una construcción que los operadores del derecho tornan real cuando lo aplican. Tanto en los abusos cometidos contra los pobres y hasta en la cuestión Lava Jato. En ningún momento, hasta esta decisión, se hablaba de excepción de la actuación. Hasta aquello que era excesivo y abusivo fue hecho bajo una lógica de traducción para el derecho.
El Ministerio Público dijo: “ciertos crímenes tienen que ser probados de manera diferente”. Ellos construyen eso como tesis jurídica, ellos buscan fundamento legal en el derecho comparado. Ellos intentan dar una nueva cara de derecho. Cuando un policía ejecuta en una favela, se realiza un acta diciendo que la persona resistió. Ellos tienen que colocar la arbitrariedad dentro de una lógica jurídica.
Lo que me asusta mucho en la decisión es que ellos estaban analizando una conducta especifica del juez Sérgio Moro, las escuchas de los audios entre [los ex presidentes] Lula y Dilma, que no hacia ni siquiera parte del proceso, y que se divulgó con interés político. Lo que el TRF está diciendo es que aquello no es legal, pero que esa ilegalidad es justificada por la excepcionalidad de la situación. No hay ni siquiera un esfuerzo de colocarlo dentro la lógica del Estado de Derecho.
Cuando se dispensa ese esfuerzo y se dice que el juez no precisa atenerse a la ley y puede practicar ilegalidades, el escenario queda muy peligroso. Tenemos un juez que toma medidas con una motivación política, que dejó en claro que no se coloca como alguien imparcial, sino como parte de la acusación y, además, que está dispensado de restringirse a la ley para actuar. La decisión es muy peligrosa y muy preocupante. El papel de los tribunales es corregir los excesos de los jueces de primera instancia.
Usted afirma que la operación Lava Jato actúa de acuerdo con la política. ¿Qué elementos de la coyuntura influenciaron esa nueva ola de prisiones?
Tiene que ver con dos cosas. [En primer lugar], el momento electoral. Aunque el Partido de los Trabajadores (PT) haya entrado en una campaña [electoral] muy debilitado, yo sospecho que existe un objetivo de sacar definitivamente al PT del juego político. Hacer acciones como esas contra Lula, Guido Mantega, Palocci en las vísperas de las elecciones tiene un sentido muy evidente: demostrar que el PT es una gran organización criminal. Eso afectaría, inclusive, a aquellos que están disputando las elecciones.
Hay otra cuestión ligada a la coyuntura, que es el hecho de que, después de la caída de Dilma, muchos se preguntaron si la Lava Jato iba más allá del PT. Lo que me parece es que la Lava Jato sabe que está bajo amenaza, sabe que el nuevo gobierno ya lo usó para lo que quería y, la verdad, la considera un riesgo. La operación Lava Jato puede estar queriendo acelerar la etapa PT, para comenzar una etapa contra el nuevo gobierno. Finalizar rápidamente la etapa contra el PT daría legitimidad, fuerza social, para seguir en la nueva fase.
El problema es que ella está acelerando mucho y dando mucha brecha para sus críticos, entre los cuales hay mucha gente sinceramente preocupada con nuestra democracia – a pesar de tener mucho implicados que comenzaron a hacer discursos de que es preciso contener abusos. Resulta difícil que mantenga su fuerza habiendo abierto tanto espacio para criticas y, eventualmente, contando con menos apoyo de la opinión pública cuando los objetivo no fueran el PT y pudiendo tener decisión revertidas.
El ministro [del Supremo Tribunal Federal] Gilmar Mendes – que se quedó callado en otras situaciones de abuso, inclusive frente a las escuchas de los audios de Lula y Dilma –, ya ha dicho que es preciso tener calma y contener abusos. Ya comienza a surgir dentro del Supremo [Tribunal Federal] ese discurso.
Pero, como usted mismo colocó, ¿una de las marcas de la Lava Jato no es enfocar en el PT?
Todos los estudios sobre el reclutamiento de esas carreras, sobre lo que ellos piensan – investigaciones de opinión hechas con jueces y fiscales – [apunta para el hecho de que ellos] tienen una visión muy negativa de los políticos y de la política, y se ven a sí mismo como las únicas personas capaces de promover justicia y derecho en Brasil.
[Esa visión] no es necesariamente conservadora, pero es autoritaria, porque niega la importancia de la participación ciudadana, de los partidos y del sistema representativo. Ella quiere promover cambios, es progresista en ese sentido, pero es autoritaria, un poco como fue el tenentismo [movimiento militar de 1930, que derrocó a las fuerzas oligárquicas y condujo al ex presidente Getúlio Vargas al poder].
Cuando se observan sus discursos, ellos anuncian ese tipo de operación, como [un intento] de subvertir el sistema político. Ellos identifican a la corrupción como algo estructural, y la salida no es tomar casos aislados, sino hacer una acción lo suficientemente amplia para derrocar los esquemas de corrupción.
Yo creo, sinceramente, que ellos querían ir atrás de otros partidos. La cuestión es que ellos creen que precisan, en primer lugar, cohibir los esquemas de corrupción que aún están activos, en el poder. La segunda cuestión, es que ellos dependen del apoyo de la opinión pública. Si ellos fuesen a buscar, en este momento, esquemas de corrupción que envuelven la época del segundo gobierno del ex presidente Fernando Henrique [Cardoso], eso va a perderse en la opinión pública.
La selectividad tiene que ver con la idea de etapa, lo que no es menos malo. La cuestión es saber si ellos van a tener fuerza para cumplir la próxima etapa.
¿Ellos son políticamente ingenuos?
Existe una cierta ingenuidad relacionada con una confianza muy grande en su propio poder y en su superioridad ética en relación a los políticos. Es una cosa muy voluntarista y muy “salvacionista”, en el sentido de “nosotros somos más puros y preparados, sabemos lo que es bueno”.
A pesar de entender que la Lava Jato es un engranaje central del golpe que nosotros sufrimos, yo no creo que sea una acción coordinada por los golpistas. La Lava Jato se aprovechó de un clima de oposición política y social a un gobierno, y avanzó sobre él. Sectores de la oposición a ese gobierno usaron la Lava Jato también para impulsar sus propios intereses.
Sólo recordar que la mayoría de los discursos sobre el impeachment hablaban de corrupción, siendo que no hay ninguna denuncia de corrupción contra Dilma y el impeachment no se refería a eso. Cuando esa unión de intereses se quiebra, es preciso saber si, separadamente, los intereses tienen fuerza para mantenerse, de los dos lados.
¿Y los casos que vinculan a Aécio [Neves, líder del PSDB], la cuestión del empresario Eike Batista quiso entregar una lista de coimas a los tucanos [miembros del PSDB]?
Cuando yo digo que ellos están pensando más allá del PT, no significa que ellos quieran ir contra todos. Yo creo que el PSDB está muy blindado en esta historia. De eso no tengo dudas. Ella [la operación Lava Jato] quiere ir encima del PMDB.
Tal vez por la propia estrategia que ellos crearon de atacar a quien está en el poder. Puede ser la lógica como ellos eligen su prioridad. De cualquier forma, hay un blindaje. Puede ser ideológica, pero puede ser por la forma como construyeron su estrategia.
Entonces, ¿cuáles son los efectos de la operación sobre el sistema político brasileño?
Es un efecto muy malo. Yo no tengo dudas que la corrupción es estructural y parte del sistema político, pero atacar el problema de una manera judicial y criminal no resuelve el origen del problema.
Cuando ellos colocan como una solución del problema, haciendo una gran operación y llevando para el Congreso medidas de combate a la corrupción que solo refuerzan esa lógica de justicia y política, sin lidiar con el financiamiento de las campañas, con la transparencias de las cuentas, con la relación entre los representantes y los representados, ellos no atacan los problema estructurales de la corrupción.
El mayor problema es apostar en una deslegitimación del sistema político sin comprender, o fingir no comprender, que la política solo puede renovarse por la propia política. No van a ser ellos, los jurista no electos, los que van a reestructurar el sistema político. El problema es que ellos van a dar todo de baja, sin que el propio sistema político tenga tiempo y condición de rehacerse. En el extremo, ellos van a dar todo de baja, y ahí se abre espacio para los aventureros políticos, los mesiánicos, que pude ser cualquier cosa, lo que puede ser terrible y debe preocuparnos mucho.
O entonces, ellos no van a dar todo de baja, que es lo más probable, y el sistema político va a erguirse nuevamente con base en lo que quedó. No necesariamente e sistema político que vuelve a erguirse será el mejor. La única cosa que la operación Lava Jato no está haciendo es tocar las causas estructurales de la corrupción.
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Traducción: María Julia Giménez
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