Activistas de derechos humanos y familiares harán un acto en memoria de las 111 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas en el violento episodio recordado como la Masacre de Carandiru. Habiéndose cumplido 24 años el pasado domingo (2), el acto fue marcado para el jueves (6), en la estación de Metro Tiradentes, región central de la ciudad de São Paulo.
La masacre aconteció en la Casa de Detención de São Paulo, conocida como Carandiru, el día 2 de octubre de 1992, después de una rebelión en el pabellón 9 de la penitenciaria.
La convocatoria se realiza a una semana de que la 4ª Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP) decidió anular los procesos que condenaron a 74 policías militares acusados de las muertes de los 111 presos.
El martes (27), el juez Ivan Sartori votó por la anulación y absolución de los acusados, acatando la tesis de los abogados de los policías que alegaron que sus defendidos habían actuado en “legítima defensa”.
Tanto el revisor del proceso, Camilo Léllis, y el juez Edison Brandão, votaron por la anulación de todos los juicios, por considerar que no hay pruebas que demuestren cuales fueron los crímenes cometidos por los agentes.
La decisión del trío judicial contraría las resoluciones de cinco sentencias en primera instancia realizadas entre 2013 y 2014.
Desde el punto de vista político, la decisión del TJ-SP representa un intento de reescribir la historia de la Masacre de Carandiru. La evaluación es del asesor jurídico nacional de la Pastoral Carcelaria, Paulo Malvezzi.
“[El argumento de la legítima defensa] significa decir que el culpado de la situación, las victimas, son sus propios victimarios. En tesis, lo que se intentó construir allí fue que ellos [presos] intentaron matar a los policías, que estaban apenas defendiéndose, lo que es un absoluto absurdo, ya que ningún policía fue herido de bala o muerto”, explicó.
Desde la perspectiva jurídica, sustenta Malvezzi, el veredicto evidencia la existencia de una selectividad de la forma como el tribunal aplica la ley.
“Ese tribunal y esa cámara son conocidos por no ser, en absoluto, garantista [de derechos]. Al contrario, el judiciario de São Paulo es extremadamente conservador y condena a personas con poquísimas pruebas. En caso de drogas, por ejemplo, es común que ellas sean condenadas con la palabra apenas del policía”, dijo.
Para Malvezzi, lo ocurrido explicita un tribunal “hipócrita” y que aplica las leyes penales de forma “tiránica” para esos sectores pobres, periféricos y marginalizados de la sociedad, pero cuando los acusados son agentes públicos, aplican las leyes de manera garantista.
“Aunque la condena de estos policías tuviese sido confirmada por el tribunal, no podemos hablar de justicia hasta que todas las familias sean debidamente indemnizadas, hasta que el Estado reconozca su papel en la masacre”, resaltó.
Justicia
Es lo que espera Fernanda Vicentinho, de 32 años. Ella es hija de Antônio Quirino da Silva, asesinado en el 3° pavimento, en el 2° piso de la prisión Carandiru. Él tenía 29 años y fue muerto de cuatro tiros.
Fernanda tenía apenas 7 años en aquella época. Ella recuerda que era día de visita, pero su tía, con quien vivía en aquel momento, fue avisada de que se cancelarían las visitas por causa de una rebelión. Ellas vieron movimientos de periodistas en el presidio, pero supieron de lo sucedido aquel día cuando llegaron a su casa, por la televisión.
Como aquella vez, Fernanda supo por terceros de la decisión del juez Sartori. El abogado que acompaña el proceso de indemnización desde el 2014 le contó de la decisión judicial. Para ella, la 4ª Cámara Criminal fue injusta. “Creo que los policías deberían pagar por lo que hicieron con mi padre y con los otros presos”.
Contexto
A más de dos décadas de la masacre, la población privada de libertad en Brasil creció vertiginosamente. En 1992, año de la masacre, habían aproximadamente 100 mil personas presas en el país, actualmente ese numero ascendió a 600 mil. Eso representa un aumento de más del 500%. Según Malvezzi, las condiciones carcelarias que propiciaron la Masacre de Carandiru siguen “absolutamente vigentes”.
“Esa población continua presa en condiciones de absoluta degradación, de violencia sistemática por parte de agentes del Estado, de privación de los servicios básicos, en un ambiente de completa superpoblación. Fue justamente ese el fermento de la masacre de Carandiru”, apuntó el abogado.
Según dijo, es preciso adoptar medidas radicales de desencarcelamiento y desmilitarización de las policías. Caso contrario, “tememos que hechos como ese vuelvan a repetirse”.
Histórico
La rebelión que culminó en la masacre fue originada por una pelea entre algunos presos. Cerca de 300 policías militares de la Tropa de Choque, comandada por el Coronel Ubiratan Guimarães, invadieron la casa de detención del presidio y exterminaron 111 hombres desarmados y rendidos. El 90% de ellos tenía marcas de tiros en el cuello y en la cabeza; 74% de ellos aún no tenían condena firme.
Aunque los policías militares responsables fueron condenados con penas que variaban entre los 48 y los 624 años (totalizando más de 21 mil años de prisión), nunca fueron presos y aguardaban la respuesta del recurso de defensa en libertad.
Inaugurado en 1920, Carandiru era reconocido como el mayor presidio de América Latina y llegó a tener una población de más de 8 mil presos. Cuando fue cerrada, tenía una población semejante o superior a 259 de los 645 municipios del estado de São Paulo.
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Traducción: María Julia Giménez
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