La semana pasada, el gobierno federal terminó una investigación interna para evaluar la intención de compra de software y servicios de Microsoft en las instituciones públicas de su esfera. Hasta la última llamada, el 11 de noviembre, 48 instituciones respondieron al comunicado del Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión (MP) y 20 de ellas afirmaron tener necesidad de productos de Microsoft, principalmente del paquete Office.
La posibilidad de tener una gran adquisición de licencias de la multinacional generó inquietud entre los activistas acerca del fin de la política de software libre en el Brasil, que inició solamente en 2002 y aún no está consolidada en el país.
La licitación, según los especialistas, sería incoherente con el discurso y las políticas de austeridad del gobierno no electo de Michel Temer. El sociólogo Sergio Amadeu, profesor de la Universidad Federal de ABC (UFABC) y presidente del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información (ITI) durante el gobierno de Lula, es uno de ellos.
“Cuando se dan esas licitaciones, los lobistas de las empresas que venden software propietario acostumbran actuar en la maquinaria estatal para lograr pedidos masivos. En un momento en que el gobierno dice que está economizando, que economice en licencias innecesarias”, criticó el especialista.
Además de eso, la licitación no respeta las normas vigentes. Según la integrante de la Asociación de Software Libre.Org, Mariel Zasso, la compra de productos como Microsoft Word o Excel contraría el Reglamento nº 4, de 2014, que exige prioridad al software libre para la administración pública. Eso porque existen equivalentes libres, como OpenOffice y LibreOffice que son “tan buenos o incluso mejores” que los ofrecidos por la multinacional.
Ella indica que la normativa, que no tiene fuerza de ley, está amenazada por el lobby de las empresas. Por eso, aboga por una legislación que obligue, bajo penalidad, a los órganos de la administración pública a usar software libre.
“Las ventajas no son solo de economía de recursos. Una ley como esta estimula la innovación abierta y así, todo lo que se invierte, retorna al Estado y a la sociedad, no queda solo en las manos de una empresa. El conocimiento es compartido, público y abierto a cualquier persona interesada en estudiar, modificar e innovar”, argumenta.
Amadeu pondera que no existe posibilidad de auditoría en los programas de empresas ni de acceso a sus algoritmos ya que el código fuente está cerrado, o sea, no hay posibilidad de leer el lenguaje en que están construidos y que será ejecutado por la maquina. Por eso, ellos también ofrecen riesgo de espionaje y vigilancia.
“Para hacer una discusión basada en argumentos concretos, es difícil ser favorable al software propietario, con la excepción de programas muy específicos. No hay ningún argumento plausible para defender Word por sobre LibreOffice", afirmo Amadeu.
Para el, un software cerrado es, por definición, inseguro. “Un software de código fuente cerrado puede ser muy seguro, pero usted debe creer en la empresa que lo produce. Creímos que habría un renacimiento [del movimiento de software libre en el gobierno] después de la denuncia de [Edward] Snowden [sobre el espionaje de los Estados Unidos a la Presidencia Brasileña] pero el gobierno de Dilma no consideró la importancia [de invertir en seguridad], por lo menos en áreas estratégicas, como la Presidencia y [el Ministerio de] Relaciones Exteriores", analizó.
Sólo actualización
El MP afirmó, por medio de boletín de prensa, que el proceso de contratación está en marcha desde mayo de 2015 y que no habrá cambios en la política de uso de software libre o público. La cartera reiteró que la compra conjunta es para actualización y ampliación de las licencias ya existentes, y no para substitución de software libre.
"El proyecto de contratación conjunta de software no está destinado a interferir en esta estrategia. El MP realiza desde 2008 adquisiciones de tecnologías de Información por medio de adquisiciones conjuntas, que generan economía para las arcas públicas", afirmó por e-mail la oficina de prensa del ministerio. Todavía no están disponibles los datos comparativos entre esta licitación y la cantidad de licencias existentes.
Antes de que el ministerio efectivice la compra, las instituciones deberán justificar su necesidad, que será evaluada por técnicos de la Secretaría de Tecnologías de la Información (STI). El proceso aún está en análisis.
Lobby
Según Amadeu, ya había avances del lobby empresarial en gobiernos anteriores y, probablemente, el nuevo gobierno tendrá menos áreas que se resistan a empresas como Microsoft. Uno de los episodios recientes que confirman esta tendencia es la inauguración en Brasil, por parte de la multinacional, de un Centro de Transparencia, en asociación con el gobierno federal, que aconteció en octubre.
En el evento de inauguración, estaban presentes el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), el ministro de Ciencia y Tecnología, Innovaciones y Comunicación, Gilberto Kassab, y sus subsecretarios Marcelo Pagotti e Maximiliano Martinhão, y el gobernador del Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).
Microsoft dice que "el Centro de Transparencia es un servicio que Microsoft ofrece gratuitamente a gobiernos de todo el mundo, no solo al de Brasil" y que la inauguración fue abierta a la prensa y no hubo reunión cerrada o negociación. " No se trata de un espacio comercial. El foco del centro son la transparencia y la seguridad", afirmó la multinacional por medio de su oficina de prensa.
Según la empresa, el evento reunió gestores de tecnologías de la información de diversas instituciones federales y de otros países latinoamericanos para conocer como funciona el Centro de Transparencia y participar de dos días de taller de intercambio de experiencias en seguridad de la información, combate al crimen digital y legislación del sector.
El profesor de la UFABC muestra desconfianza en relación a esta acción de la multinacional. "Microsoft hablando de una Central de Transparencia es mas o menos la misma cosa que ISIS [el Estado Islámico] hablando de la paz en Oriente Medio", comenta.
Historia
Todo comenzó en 2002, cuando el estado de Rio Grande do Sul implementó software libre como política pública: según la ley estatal 11.871/2002, los órganos de la administración directa e indirecta de Rio Grande do Sul deben contratar preferencialmente software libre.
El año siguiente, el gobierno de Luís Inácio Lula da Silva creó el Comité para Implementación de Software Libre en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información. En la misma época, fue creado Software Público Brasileño, portal que concentra y divulga programas de código abierto creados por y para el gobierno.
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Edición: Camila Rodrigues da Silva
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