Es público y notorio que se instaló un conflicto institucional en el Estado brasileño. Él opone tanto el Ejecutivo como el Legislativo Federal a sectores políticamente activos del Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal. Lo que no es de público conocimiento es que ese conflicto institucional que atraviesa al Estado brasileño es, también y principalmente, un conflicto de clases.
Los sectores políticamente activos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal representan un modo muy particular – aunque ya visto en otros momentos de la historia política de Brasil – a la alta clase media, que fue la base de apoyo del golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff; el Ejecutivo Federal y las fuerzas mayoritarias en el Legislativo representan a la fracción de la burguesía que fue la fuerza dirigente del golpe. Sin embargo, la fuerza política dirigente del golpe, la fracción de la burguesía brasileña asociada al capital internacional e interesada en la reestructuración del neoliberalismo puro y duro, perdió el control de la base del golpe, cuya movilización incentivó hasta agosto del 2016, para poder deponer a Dilma.
Los conflictos políticos que envuelven a las clases y fracciones de clases son varios y repercuten, de manera diferente, en las instituciones políticas y en las luchas de ideas. Un sector importante del pensamiento socialista y de la izquierda en Brasil no logran analizar el conflicto institucional actual como conflicto de clase porque restringe la observación al conflicto capital/trabajo y negligencia el fraccionamiento que divide a la burguesía y también la importancia de la presencia política de la clase media.
Hasta el 2014, la burguesía brasileña se encontraba dividida delante de la política económica, social y externa de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). La fracción que denominamos burguesía interna apoyaba activamente, como se pudo verificar por la consulta a la prensa de las asociaciones empresariales, la política neodesarrollista de esos gobiernos; mientras la fracción integrada al capital internacional y ese propio capital, cuyos intereses eran verbalizados por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y las agencias internacionales variadas, se opusieron a tales políticas.
A partir del 2013, la burguesía asociada, valiéndose principalmente de la oportunidad ofrecida por la caída del crecimiento económico y por la movilización de la alta clase media contra el gobierno, inició una ofensiva política restauradora para derrotar al neodesarrollismo y restaurar la política neoliberal.
Las peripecias de la crisis, sus variados componentes, hicieron con que parte importante de la burguesía interna mantuviese una posición de neutralidad favorable a la ofensiva de la fracción adversaria o, inclusive, adhiriese a ella – como fue el caso patente de los empresarios de la industria de São Paulo, representado en la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp). Además, una parte de la burguesía interna fue violentamente atacada por la Operación Lava Jato [que investiga casos de corrupción y lavado de dinero en la petrolera estatal Petrobras] y capituló. La correlación de fuerzas cambió radicalmente y el golpe de Estado continuó en marcha.
Muchos analistas y observadores socialistas imaginaban que, depuesto el gobierno de Dilma, el comando de la Operación Lava Jato desmovilizaría rápidamente la investigación. Pero no fue lo que sucedió. Aunque el PT es el enemigo principal de la Lava Jato y de la alta clase media, no es el único actor que está en la mira.
Jueces, procuradores y delegados son, al mismo tiempo, burócratas del ramo represivo del aparato del Estado e integrantes de la fracción superior de la alta clase media. La acción de esos agentes está, por eso, doblemente determinada. Como agentes del orden, se levantan contra aquello que consideran la condescendencia de los gobiernos PT para con los movimientos populares. Ellos prefieren la dura represión de los gobiernos de los “tucanes” [apodo usado para denominar a los partidarios del PSDB, entre los que se encuentran el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el actual gobernados de São Paulo, Geraldo Alckmin; del Paraná, Beto Richa, entre tantos otros].
Como segmento social y económicamente privilegiado del funcionalismo público, tienen la misma disposición de la alta clase media contra las políticas distributivas de los gobiernos del PT. Hasta ahí, hablaban la misma lengua del campo burgués. Sucede que fue la agitación contra la corrupción que unió a esos agentes del Estado a la movilización en las calles de la alta clase media. Por razones que no podemos analizar aquí, la centralidad de la bandera de la lucha contra la corrupción es tradición de la clase media, y no del movimiento campesino o del movimiento de trabajadores. Ese tipo de agitación moralista de ese sector social es una constante en las crisis políticas de la historia del Brasil republicano. La alta clase media, convocada por el Movimiento Brasil Libre (MBL) y por “Ven a la calle” [Vem para Rua, en portugués], pasó a ser reconocida políticamente en la Operación Lava Jato y los responsables de esa investigación asumieron el papel de representantes políticos de ese sector social. Derrocar al gobierno del PT era el objetivo principal, pero el discurso contra la corrupción no era un mero pretexto. Aunque sin el respaldo de los medios burgueses y contra los aliados de ayer, la alta clase media, o parte de ella, no se conformaron con una postura acomodada y pretenden continuar con aquello que señalan como la moralización de Brasil.
El gobierno de Michel Temer está cumpliendo todo lo que prometió al capital internacional y a la burguesía asociada, pero hay diferencias de intereses y de valores entre la alta clase media y la burguesía. La base de apoyo del golpe quiere continuar en la lucha y está creando una turbulencia política que no interesa en nada a las fuerzas dirigentes del golpe de Estado. Como ya manifestaron, ellos quieren “frenar el derramamiento de sangre de la Lava Jato” y volver a la normalidad para imponer tranquilamente el ajuste fiscal, las nuevas ruedas de privatización y de apertura de la economía al capital internacional.
La gran burguesía, cuando convocó a lo largo del 2015 y del 2016 a manifestaciones en la Avenida Paulista [centro de São Paulo], en Copacabana [zona sur de Rio de Janeiro], Farol da Barra [en Salvador, estado de Bahía], entre otras grandes capitales brasileñas, liberó fuerzas que ya no están consiguiendo controlar. El domingo pasado (4), el MBL y “Ven a la calle” realizaron nuevas manifestaciones en decenas de ciudades del país, pero esta vez contra el presidente del Senado y de la Cámara Federal y en defensa del “Partido de la Lava Jato”. La destitución de Renan Calheiros de la presidencia del Senado fue una nueva demostración de la fina sintonía existente entre el Poder Judicial y la alta clase media. La relación es fuerte: representantes y representados se reconocen mutuamente como tales. ¿Hasta dónde conseguirán ir?
* Armando Boito Jr. es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), editor de la revista Crítica Marxista y uno de los fundadores del Centro de Estudios Marxistas (Cemarx) del IFCH – Unicamp.
---
Traducción: María Julia Giménez
Edición: ---
