La reciente decisión del Gobierno de Michel Temer de enviar a las Fuerzas Armadas (FFAA) a actuar en las cárceles no es apenas inconstitucional, es apagar un incendio con gasolina que, como indicación, ya está costando casi R$ 5 (US$ 1,6) el litro. Las competencias de las FFAA son la defensa de la patria y la garantía de los poderes constitucionales. El ejército no sirve para la manutención de la ley y el orden y tampoco para hacer barridas en presidios buscando celulares y armas. Eso, la policía es competente para hacerlo con un detector de metales y una capacitación mínima. No es razonable que la policía militar retire los presos de las celdas y los coloque en otro lugar, para que el Ejército entre en las celdas vacías, y pase un peine fino buscando instrumentos cortantes, armas, teléfonos celulares…
Se trata de otro intento de tapar el sol con un dedo del gobierno ilegítimo de Michel Temer, nada más allá de eso. El gobierno anunció la transferencia de R$ 150 millones (US$ 47,4 millones) para instalar bloqueadores de celulares y R$ 80 millones (US$ 25,3 millones) para equipos de rayos-X. Seremos todos sacrificados con el congelamiento de gastos en salud y educación en los próximos 20 años, pero el Gobierno ya transfirió R$ 1 mil 200 millones (US$ 380 millones) para construir nuevos presidios.
Estamos frente a una repetición histórica conocida: el caos fabricado (en las prisiones entre facciones) y un ejército de salvadores para fingir que el problema será solucionado gastando más dinero público, inclusive en prisiones tercerizadas. Fue exactamente así durante la dictadura militar y nada de eso resolvió el problema de la violencia y del tráfico.
La lógica de encarcelar personas hasta hoy no resolvió nada, por el contrario, ya tenemos casi 700 mil presos (mayoría pobre, negra y joven). Pero 40% cumpliendo prisión provisional, sin juzgamiento. En otros países ese número no sobrepasa 10%. En Brasil prender gente, construir y privatizar cárceles da dinero y, por eso, somos la 4ª mayor población carcelaria del mundo. Por lo tanto, el Presidente Temer dice, luego de la masacre en el presidio de Manaos, que no hubo responsabilidad objetiva de los agentes estatales porque el presidio está tercerizado.
El recado está dado: quien no acepte las condiciones sub-humanas de jubilación con 50 años como mínimo de contribución, ni quedarse quietito pagando casi R$ 5 (US$ 1,6) por un pasaje de metro, se quedará sin empleo. Y quien no tiene empleo, si es joven, negro y pobre, será apresado o muerto por los traficantes y por la policía, dentro o fuera de las prisiones.
Estamos en una encrucijada: el gobierno vende un Plan de Seguridad que es más de lo mismo, sin novedades para enfrentar el poder paralelo de las facciones dentro y fuera de los presidios. Las preguntas son: ¿Quien manda en esas facciones? ¿A quien interesa no resolver el tráfico de armas y drogas fuera de las prisiones, en las fronteras, puertos, aeropuertos, ferrovías y autopistas? ¿Porque no se investigan los movimientos bancarios?
Es imposible no pensar en un acuerdo tácito de las facciones con el Poder Público, un poder formado por gobernadores, jueces, senadores que conviven armoniosamente con el empresariado en sus jets particulares tomando vinos y whiskies caros en sus casas en Leblon y en Lagoa (barrios de clase alta en Río de Janeiro).
Ese acuerdo no puede fallar, las facciones criminales ejercen un poder territorial para hacer las veces del Estado con el permiso de los gobernantes y de los empresarios. El gobierno dará todo que pueda para la iniciativa privada, a ejemplo de lo que hizo con algunas cárceles. Después, el propio gobierno, transferirá recursos de fondos nacionales (formados por el sudor de los trabajadores) a las prisiones privatizadas o no, todo eso mediante propuestas de enmiendas a la Constitución, las famosas PECs.
Y así será, las personas estarán sujetas a un modelo maquillado por las FFAA, las facciones seguirán pagando peaje a cambio del control del territorio y las personas que se levantan a las 5h de la mañana y desembarcan en la Estación Central de Brasil (importante estación de trenes en Río) continuarán creyendo que lo mejor que se puede hacer es no cuestionar el modelo, bajo pena de servir de modelo en las prisiones.
*Nadine Borges es abogada, maestra y ex presidenta de la Comisión de la Verdad de Río de Janeiro. Actualmente es coordinadora de relaciones externas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
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Traducción: Pilar Troya
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