El río Xingu y las comunidades tradicionales que viven en la región denominada Volta Grande serán nuevamente impactados por una obra de gran envergadura, en el estado de Pará, región norteña de Brasil. Este jueves (2), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) concedió la Licencia de Instalación (LI) a la empresa de extracción de oro Belo Sun Mineração, responsable por el Proyecto Volta Grande.
La mina será instalada en el municipio Senador José Porfirio. La extracción de oro en las márgenes del río Xingu será hecha a cielo abierto, porque se trata de un yacimiento próximo a la superficie. La instalación está por debajo de los ejes de la represa de Belo Monte, en una área conocida como Volta Grande de Xingu, lugar de habitación de muchas comunidades ribereñas, pueblos indígenas, mineros artesanales y agricultores asentados por la reforma agraria. La Licencia Previa (LP) del proyecto vence el día 19 de febrero.
Belo Sun pretende extraer del subsuelo de Xingu 600 toneladas de oro, en 12 años. El proyecto prevé también la construcción de una represa de residuos, que según información del Instituto Socioambiental (ISA), será mayor que la represa que se rompió en la tragedia de la ciudad de Mariana, en Minas Gerais, sudeste de Brasil.
La empresa es la subsidiaria brasileña de Belo Sun Mining Corporation, controlada por el grupo Forbes & Manhattan, un banco mercantil de capital privado que desarrolla proyectos de minería en todo el mundo.
La mañana de este jueves, el Ministerio Público Federal (MPF) había enviado una recomendación a Semas, para que el secretario Luiz Fernandes Rocha no emitiese la licencia de instalación del proyecto Volta Grande, antes de que fuese construido un “Plan de Vida para los moradores del Trecho de Flujo Reducido del río Xingu, mediante evaluación de sinergia y de acumulación de impactos, realizada en conjunto con el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) y Norte Energía”, informa nota del MPF.
Impactos
El Plan de Vida serviría para asegurar las condiciones de vida de los habitantes de la región, así como la evaluación de lo que podría acontecer después del inicio de los trabajos de la minera. Volta Grande de Xingu, el área donde la empresa Belo Sun pretende instalar la mina, es denominada en los estudios de Belo Monte como: Trecho de Flujo Reducido, que corresponde a 100 km de río donde la hidroeléctrica desvía más del 80% del agua para mover las turbinas.
“La reducción del flujo provoca impactos tan dramáticos que ni el mismo Ibama asegura la sobrevivencia de la región y estableció seis años de monitoreo, a partir de 2019, para determinar la cantidad de agua que la represa tendrá que liberar para garantizar la vida de los moradores. La situación de Volta Grande puede determinar, por lo tanto, cuanta energía eléctrica será generada por la hidroeléctrica más cara construida en Brasil”, alerta el MPF.
El órgano, antes de enviar la recomendación a la Semas, envió un oficio al Ibama cuestionando si los estudios de sinergia y acumulación de impactos ya habían sido realizados. Con todo, la dirección de licenciamiento del Instituto informó que “no participó, ni fue instado a participar de reunión técnica alguna con la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Estado de Pará para discutir los impactos acumulativos o sinérgicos entre la UHE (hidroeléctrica) Belo Monte y el proyecto de minería Belo Sun”.
El documento firmado por la procuradora de la República Thais Santi, de la región de Altamira, en Pará, que acompaña desde 2013 la situación de Volta Grande y el licenciamiento de Belo Sun, informa que “frente a la inercia constatada y el compromiso asumido el 11 de noviembre de 2016, en presencia del secretario de medio ambiente de Pará” el MPF convocará una audiencia pública, el día 21 de marzo, para discutir un Plan de Vida para los moradores. El órgano también dio inicio a dos procesos judiciales contra Belo Sun y Semas por irregularidades en el licenciamiento.
Semas considera que la cuestión indígena está resuelta, pero eso no es lo que consideran organizaciones no gubernamentales y movimientos populares. Biviany Garzón, abogada del Instituto Socioambiental (ISA), afirma que la secretaria no cumplió con lo que determina la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé la realización de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en Brasil.
“Semas de Pará trata de insistir en que los impactos están localizados en un radio inferior a 10 quilómetros a partir de la mina. Y eso es imposible, porque después de la tragedia de Mariana, nadie más discutió el radio de impacto de un eventual accidente en una represa de residuos, lo que puede provocar, hasta donde puede llegar”, dice.
El Territorio Indígena (TI) Paquiçamba está a 9,5 quilómetros, y Arara de Volta Grande a 13 quilómetros, de la mina, pero Semas dice que el área indígena más próxima del proyecto está a 12 quilómetros, y explica que la distancia mínima para realización de estudio de componente indígena es de 10 quilómetros, y que “optó por determinar la elaboración del estudio de componente indígena por parte de la empresa para evaluación necesaria de la Funai (Fundación Nacional de Indígena)”.
Regularización de la tenencia de la tierra
El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa también está siendo cuestionado por la Defensoría Pública del Estado (DPE). Este lunes, (30), el órgano emitió una acción cautelar contra el Estado de Pará y la empresa Belo Sun pidiendo suspensión del proceso de licenciamiento ambiental.
Según la defensora pública Andreia Barreto, la DPE cuestiona que el área del proyecto Volta Grande está “subdimensionada”, y explica que la extensión informada del emprendimiento es de 1.400 hectáreas. Sin embargo, la defensora revela que el Área Directamente Afectada (ADA) en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Volta Grande es mucho mayor. En el Catastro Ambiental Rural (Car) de la empresa, sin embargo, fue informando una extensión mayor, de 2 mil hectáreas.
“Ellos dicen que el proyecto va a ser instalado en una área de 1.400 hectáreas, pero analizando el emprendimiento, que es de gran tamaño, y sobre todo, con datos del propio licenciamiento ambiental, en nuestro entendimiento, esa área es mucho mayor que 1.400 hectáreas”, apunta.
De acuerdo con la acción cautelar, la empresa consideró como área del proyecto apenas los espacios que incluyen maquinaria y equipamientos que serán implantados y ignoró todo lo restante de las actividades que van a componer el emprendimiento, como los lugares de paso de vehículos pesados por vías cercanas a comunidades tradicionales y el flujo de personas que ira hacia el área del proyecto por vía terrestre y fluvial.
El documento además apunta que hubo “compra ilegal de tierras públicas federales por Belo Sun Mineração Ltda” en las comunidades rurales de Vila Ressaca, Galo, Itatá y Oro Verde. Las familias, según la acción, están recibiendo amenazas de desalojo forzado. La empresa habría adquirido las tierras de particulares y pasado a “restringir la caza, pesca, excavación de oro y acceso de personas, en áreas de uso común de la comunidad”.
En octubre de 2016, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estuvo en Senador José Porfirio y en la ocasión, denunció que la empresa Belo Sun estaba comprando tierras en las proximidades de forma irregular.
Otro punto cuestionado por la acción es que el área del proyecto Volta Grande está dentro de Gleba Ituna, destinada a vivienda para familias de renta baja. Además de esa comunidad, la acción cuestiona otras localidades que fueron excluidas del impacto directo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como las comunidades Ilha de Fazenda y Itatá, y apunta que ellas “sufrirán todos los impactos, con detonaciones, flujo poblacional, riesgo de uso de cianuro, tránsito de personas atraídas por el emprendimiento, indefinición de circulación con la apertura y cierre de vías ”.
El martes último, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) ingresó una acción civil pública (ACP), con pedido de orden preliminar contra el estado de Pará y Belo Sun Mineração Ltda para impedir la expedición de la licencia de instalación.
Comunicado de prensa
Por medio de comunicado de prensa, la empresa informa que cumplió todas las 37 condicionantes establecidas en la licencia previa y esclarece que la delimitación de ADA permanece la misma desde “la concepción del emprendimiento y la emisión de la Licencia Previa (LP) ”. La empresa informa que para la determinación de los límites de ADA se han aplicado metodologías científico-técnicas utilizadas en proyectos de minería.
Además, según el comunicado, la empresa afirma que viene dialogando con las comunidades desde 2012, cuando se realizó el levantamiento de áreas y el registro de familias, siendo acompañada por un representante de la Municipalidad de Senador José Porfirio y una comisión de moradores. Y concluye que mantiene informados a los órganos públicos relacionados con el tema sobre las fases del licenciamiento ambiental del Proyecto.
Edición: José Eduardo Bernardes
*Traducción: Pilar Troya
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