El barman Isaias Sabedra de Amorim fue usuario de crack por ocho años. Hoy, vive en la región Luz de la ciudad de São Paulo, Brasil, donde se localizaba el área conocida como “Cracolandia” antes de las acciones de dispersión realizadas por la Policia Militar (PM) y la Guardia Civil Metropolitana (CGM) a partir del día 21 de mayo. Él, afirma que vivió en la piel la truculencia de la policía y no cree que ese tipo de abordaje haya sido positivo.
“La tropa de choque llegó tirando, balas de goma, bombas, hasta tiros tiraron al aire, para alejar a la gente. Fue muy violento, corrí con una multitud de mujeres, niños, ancianos. La policía tiró una bomba de efecto moral bien cerca de mi cabeza. No tiene como resultar nada bueno de eso, al punto que tanto el personal de asistencia social, que cuida de los usuarios, nos dijo que esa estrategia está toda equivocada. ¿De qué sirve expulsarlos (los usuarios) de aquí?”, questionó.
Como consecuencia de los últimos acontecimientos en la región de la Cracolandia, las discusiones sobre las políticas de combate a las drogas volvieron a pautar la opinión pública. Para especialistas en el tema, sin embargo, las medidas del gobierno del prefecto João Dória (PSDB) no son las únicas pasibles de críticas: la política adoptada por el presidente golpista Michel Temer (PMDB) también es considerada un gran retroceso en estos temas.
Desde que asumió el gobierno, luego del golpe contra Dilma Rousseff, Temer se ha mostrado contrario a las banderas históricas de los sectores progresistas de la sociedad brasileña (como la despenalización de los usuarios y la legalización de las drogas), principalmente por medio de la elección de sus ministros y secretarios.
Políticas
La Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas (SNPD) , por ejemplo, viene sufriendo un proceso de militarización, que se inició con la designación del coronel de la PM Roberto Allegretti para secretario, en julio de 2016, sustituido en abril de este año por el oficial de la PM Humberto Viana.
Allegretti dio diversas entrevistas en las que sugería la necesidad de punir a los usuarios de drogas, bajo la justificativa de un supuesto carácter “educativo”.
Según datos de la SNDP, en 2016, el organismo –que está subordinado al Ministerio de Justicia desde 2011- sufrió un corte de presupuesto de casi 50 millones de reales (unos 15 millones de dólares) en relación al año anterior, lo que hizo bajar la inversión en los programas de prevención y reinserción social de 150 millones de reales a 99 millones.
Para Nathália Oliveira, socióloga e integrante del grupo Iniciativa Negra por una Nueva Política sobre Drogas (INNPD), las políticas de seguridad pública del gobierno Temer se reflejan en negligencia del presidente con el Ministerio de Justicia (MJ). “Temer no consiguió dar continuidad y tener un MJ activo, tanto que ya estamos en el tercer ministro”, afirmó.
Pie de foto: Nathália Oliveira, socióloga e integrante del grupo Iniciativa Negra por una Nueva Política sobre Drogas (INNPD)
Según la socióloga, el primer ministro nombrado por Temer, Alexandre de Moraes (actual ministro del Supremo Tribunal Federal), es el mejor ejemplo del posicionamiento del presidente sobre la cuestión de las drogas. Ex secretario de Justicia del Estado de São Paulo, el abogado es muy criticado por sus posicionamientos contra la descriminalización de las drogas. “Nombrar este sujeto es muy simbólico, quiere decir que lo que este gobierno entiende como justicia es el aumento del encarcelamiento y de la muerte en manos de la policía”, afirmó Oliveira.
Guerra a las drogas
Una nueva política de combate a las drogas es una de las medidas sugeridas por Plan Popular de Emergencia, construido por el Frente Brasil Popular (FBP) –que nuclea más de 80 organizaciones-, y que tiene como objetivo presentar propuestas para restablecer el orden constitucional en el país, revirtiendo retrocesos y enfrentando las crisis desde una perspectiva popular. El frente reúne movimientos populares, centrales sindicales, organizaciones estudiantiles y partidos políticos.
El documento, trae acciones que deben ser puestas en práctica en torno de diez temas. Parte del eje de Seguridad Pública, la sugerencia de la legalización progresiva de las drogas y la descriminalización de los usuarios está directamente relacionada a cuestiones como la criminalización de la pobreza y el encarcelamiento en masa. De acuerdo con una investigación del portal G1, en febrero de este año, uno de cada tres presos en el país responde por tráfico de drogas.
Los datos mostraron también un aumento del 339% en el número de presos por este crimen entre 2005 y 2013, consecuencia directa de la Ley de Drogas, vigente desde 2006, que endureció las penas para los traficantes, pero también llevó a la condena en masa de usuarios. El Documento Nacional de Informaciones Penitenciarias (Infopen), realizado por el Ministerio de Justicia y divulgado en abril de 2016 con informaciones de 2014, muestra que 28% de los condenados respondían por tráfico de drogas.
En la opinión de la socióloga, el combate a las drogas es utilizado para justificar violaciones de derechos humanos: “Es una guerra que se da de forma diferente en cada estado. En Rio de Janeiro percibimos una guerra declarada de hecho. En São Paulo, en la Cracolandia, acabamos de tener una situación muy violenta por parte del Estado y ahora la Plaza Princesa Isabel (en la región central de São Paulo) parece un campo de refugiados. ¿Cuál es la justificativa para cometer todas esas violaciones?”, dijo.
Reducción de daños
Para Oliveira, otro punto a criticar de la política de drogas del gobierno Temer es justamente el aislamiento de los usuarios de drogas durante el tratamiento. “El modificó todo lo que estaba en curso en las políticas de drogas, porque trabaja con personas relacionadas a las comunidades terapéuticas, que entienden que la única forma de tratamiento de usuarios de drogas es en lugares cerrados y fuera de la Red SUS (Sistema Único de Salud). Entonces, son grandes retrocesos, y es una señal de cómo entiende estos temas el gobierno, o sea, que la forma de tratar a las personas que más precisan de ayuda es aprisionando, sea en comunidades terapéuticas o en cárceles”, afirmó.
Isaias Sabedra de Amorim, por ejemplo, cuenta que consiguió largar la dependencia del crack en 2011, gracias a una oportunidad de empleo. “Yo decidí parar y fui caminando desde aquí (SP capital) hasta el litoral norte. Conocía una gente de allá y les pedí ayuda. Me dieron una oportunidad de trabajar, la abracé, y conseguí salir del crack, gracias a dios”.
Oliveira cree que las soluciones en estos temas pasan por una política de reducción de daños y cuidado de los usuarios, además de invertir para fortalecer los Centros de Atención Psico-social (Caps) y de formular un pacto de paz en la seguridad pública brasileña.
En la visión de la socióloga, las medidas del Plan Popular de Emergencia para la Seguridad Pública son necesarias y urgentes.
Además de la demanda de una nueva política de combate a las drogas, las medidas pasan también por la subordinación de las acciones de las policías a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de manifestación de los movimientos populares, por la liberación de los presos con sentencia cumplida en el sistema carcelario, por la eliminación efectiva de los autos de resistencia (justificativa utilizada por policías para casos de muerte), y por una mudanza en el sistema judicial y en el Código Penal.
“Yo creo que iniciativas de este tipo deben ocurrir cada vez más para que tengamos concreción en las propuestas, principios mínimos y banderas que nos unan y nos lleven a tener instrumentos para dialogar con la población y seguir rumbo a las elecciones directas”, concluyó.
Consultada por Brasil de Fato, la asesoría de prensa de la Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, destacó que la actuación de los secretarios no depende de su posición civil o militar. “El papel para ejecutar políticas públicas es del gestor. Esa atribución permite apenas que determinada autoridad siga estrictamente lo que dice la Ley de Drogas”.
La SNPD afirmó también que desde que se inició la gestión Temer no hubo cambios en la conducta de los trabajos, “sino en cuestiones de cortes de gastos”. Por último, la Secretaría, destacó que “no se puede colocar en extremos opuestos ni a las comunidades terapéuticas ni el importante trabajo de salud mental. Cada caso es un caso y debe ser aliado con exclusividad”.
Edición: Luiz Felipe Albuquerque | Traducción: Marcelo Aguilar
