Rondônia, Pará y Maranhão - estados de las regiones Norte y Nordeste de Brasil - son los estados brasileños que concentran 90% de los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos ocurridos en 2016. La información es del Dossier "Vidas en lucha: criminalización y violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil" que fue lanzado este martes (4) en Marabá, en el Sudeste de Pará, en la Universidad Federal Sur y Sudeste do Pará (UNIFESSPA).
En esta ocasión, también ocurrió el lanzamiento del website del Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (CBDDH), al que se puede acceder aquí [en portugués], y del Cuaderno de Conflictos en el Campo Brasil 2016, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Según el documento, que fue elaborado por el Comité, la mayor parte de las 66 muertes de activistas registradas el año pasado son consecuencia de conflictos por la tierra.
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Además de los asesinatos, el análisis señala casos de espionaje, amenazas, descalificación moral y detenciones arbitrarias cometidos por empresas, agentes de seguridad privada y por el Estado contra activistas y líderes de movimientos sociales del campo y de la ciudad en 2016.
Layza Queiroz, abogada popular en la organización Terra de Direitos (Tierra de Derechos), analiza que el aumento de la violencia contra militantes de derechos humanos se intensificó en 2015, se agravó al año siguiente y en 2017 se incrementó aun más con el aumento de las "torturas, matanzas, masacres y uso abusivo de la fuerza por parte de la policía o de organizaciones paramilitares".
Según Luciana Pivato, integrante del Comité y coordinadora del tema en Terra de Direitos, antes del final del primer semestre de 2017 se registraron 42 asesinatos. "Percibimos un crecimiento exponencial", evalúa.
Consecuencias del golpe
La investigación señala que tras el golpe de Estado liderado por el presidente Michel Temer (PMDB) y su base aliada, las violaciones contra las personas que luchan por los derechos humanos crecieron: fueron 64 casos de criminalización sólo el año pasado.
Alice de Marchi, investigadora de Justicia Global [ONG brasileña], argumenta que en ese contexto, el fortalecimiento del modelo de desarrollo enfocado en exportaciones de materias primas también contribuyó a la profundización y agravamiento de las violaciones.
"Lo que más llama la atención son las causas estructurales de esa profundización. Empieza con la elección de un modelo de desarrollo basado en el agronegocio y en las mega obras", evalúa.
En las ciudades
En el contexto urbano, el Comité identificó que las violaciones y criminalización fueron cometidas contra personas que luchan por el derecho a la vivienda, activistas LGBT y prostitutas.
Entre las muertes están la de Luana Barbosa dos Reis, activista lesbiana que fue asesinada durante operativo policial en 2016 y de Mirella de Carlo, transexual, prostituta y activista, asesinada en su hogar. Se suman al grupo personas que defienden los derechos de la juventud afrodescendiente, líderes comunitarios, activistas por el derecho a la comunicación de favelas y barrios marginales.
La CBDDH destaca que el encarcelamiento es una de las tácticas de represión más común en las ciudades y que la represión policial sigue creciendo en las manifestaciones populares callejeras.
Entre los grupos señalados en el dossier, el CBDDH observa la persecución policial a estudiantes de enseñanza media y universitarios de las ciudades de Rio de Janeiro e São Paulo. En São Paulo, la Policía Militar elaboró un catálogo de fotos de los estudiantes, que también fueron espiados y tuvieron sus teléfonos pinchados.
Otro ejemplo de espionaje mencionado en el dossier es de la empresa Vale [empresa multinacional brasileña que está entre las mayores del mundo en los sectores de minería y logística] que con el apoyo de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espió y monitoreó a líderes de movimientos sociales que se oponen a la empresa.
Marchi, de Justicia Global, afirma que la vigilancia y el monitoreo de defensores y defensoras de derechos humanos es preocupante:
"Eso es posible debido a la asociación entre fuerzas privadas y fuerzas públicas. En el escenario urbano, eso es evidente, principalmente en Rio de Janeiro y en São Paulo, ciudades que cuentan con un monitoreo sistemático, legitimado e institucionalizado de los movimientos sociales y de los grupos que organizan protestas en las calles".
Mujeres
Entre los 66 defensores y defensoras asesinados, seis son mujeres y muchas de las muertes fueron precedidas por violencia sexual. Queiroz afirma que la criminalización y la violencia contra las defensoras son las "más sofisticados". La abogada cita el caso de Francisca das Chagas Silva, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Miranda de Norte, ciudad del estado de Maranhão, en Nordeste de Brasil.
El cuerpo de Maria, habitante de la comunidad tradicional afrodescendiente denominada "Joaquim", fue encontrado desnudo en un lodazal y presentaba señales de violación, estrangulación y perforaciones.
Ella también afirma que las mujeres son las más vulnerables y las que más sufren con los retrocesos sociales, lo que aumenta si se consideran raza y etnia.
"Hay muchas mujeres militantes que son acusadas de abandonar el hogar, los hijos, sufren amenazas de perder la custodia de sus niños y niñas. Entonces las mujeres se encuentran más vulnerables en general. Evidentemente, las mujeres afrodescendientes e indígenas son las que sufren más intensamente el proceso de pérdida de derechos y recrudecimiento de la violencia".
Recomendaciones
Al final del dossier, el CBDDH presenta medidas que buscan garantizar la actuación de las personas que defienden los derechos humanos, como la implementación y el fortalecimiento del Programa de Protección a los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (PPDDH) y el fortalecimiento del propio Comité.
Luciana Pivato dice que entre las medidas está la adopción de acciones de emergencia, cuyo objetivo es sondear el origen de las amenazas.
"No existe un mecanismo que garantice una articulación para recibir las denuncias y actuar con prevención rápidamente."
El documento será encaminado a los organismos públicos del Sistema de Justicia y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, además de organismos del Sistema Regional e Internacional de Derechos Humanos.
Edición: Camila Rodrigues da Silva | Traducción: Luiza Mançano
