El presidente golpista, Michel Temer (PMDB), sancionó el martes pasado (11), la Medida Provisional (MP) 759/2016, la llamada "MP del 'Grilagem'" [utilización de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia sobre la propiedad] , que establece la regularización de tierras y promueve alteraciones estructurales en legislación del campo y de la ciudad. La medida, aprobada bajo protestas por el Senado Federal en mayo, es criticada por movimientos populares y organizaciones del campo por privilegiar la especulación de tierras, la deforestación y perjudicar la reforma agraria.
Temer firmó el texto, ahora convertido en ley, durante la inauguración del Programa Nacional de Regularización de Tierras en el Palacio de Planalto (sede del gobierno federal). El presidente golpista afirmó que la medida de concesión de títulos es "sencilla y trivial".
Según Temer, la medida proporcionará la "sensación" de que los nuevos titulares "forman parte de un grupo de la ciudadanía brasileña". Temer además afirmó que su gobierno, que es "víctima de las más variadas controversias", hizo más en el último un año y medio que lo que hicieron los gobiernos anteriores en los últimos 20 años: "Lo importante es que mientras algunos protestan seguimos hacia adelante", dijo sobre las críticas al gobierno.
Durante su tramitación en el Congreso Nacional, la propuesta recibió más de 700 enmiendas, pero aún así mantuvo la 'esencia' del gobierno. En pronunciamiento de este martes, el Ministro de las Ciudades, Bruno Araújo, felicitó a los parlamentarios y afirmó que la propuesta salió del congreso "mucho mejor que la anterior", aludiendo al rol del senador Romero Jucá, del partido de Temer (PMDB), para la aprobación de la propuesta.
Jucá, que integra el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), conocida popularmente como "bancada ruralista", asociado a los intereses del agronegocio, fue el relator de la propuesta en el Senado. El senador aumentó el área límite para regularización, que pasó de 1,5 a 2,5 hectáreas, además de ampliar el público objetivo de la regularización y permitir que ocupantes anteriores a julio de 2008 participen del proceso.
Críticas
La nueva ley altera, entre otras normas, el modo de otorgamiento de tierras públicas en Brasil. En vez de ofrecer una concesión para que se utilize la tierra de acuerdo a su función social y de forma hereditaria, el gobierno pasa a ofrecer una titulación - la nueva modalidad permite, entre otras cosas, que se vendan los lotes de tierras.
El investigador Sergio Sauer, profesor del programa de Posgrado en Estudios de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Universidad de Brasilia (UnB), dijo en entrevista con Brasil de Fato que, al permitir la venta de lotes de tierra a terceros, la Medida Provisional pone en jaque el cumplimiento de la función social de la tierra, previsto en la ley, y favorece la exclusión en la zona rural.
"El objetivo es atender al mercado de tierras y a la expansión de los negocios, especialmente la expansión de las fronteras agrícolas desde el modelo hegemónico de desarrollo agropecuario, lo que resulta en más concentración de la propiedad de la tierra, exclusión y expropiación de las tierras a la población pobre del campo", señaló el profesor.
La meta del Gobierno Federal es que el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) emita 230 mil títulos de tierras el próximo año. Según análisis realizado por Agencia Pública [agencia privada de reportaje y periodismo de investigación], la ley regularizará más de 2 mil inmuebles irregulares en la Amazonia y ampliará los límites del Programa "Terra Legal" - instrumento de regularización de tierras, que concede títulos de propiedad a posseiros (ocupantes) de tierras públicas no destinadas a la preservación ambiental, incorporando al programa un área semejante a la del estado de Rio de Janeiro: 4,3 millones de hectáreas.
La medida provisional beneficiará a los dueños de 2.376 predios rurales que ocupan integral o parcialmente tierras públicas no destinadas a la Amazonía "legal" [que corresponde a una parte de la región amazónica brasileña]. Los predios ocupan cerca de 6,3 millones de hectáreas, más de 4,8 en intersección con tierras públicas del programa.
Municipalización
La nueva legislación aún preve a la municipalización de la selección de beneficiarios del Programa Nacional de Reforma Agraria, esto es, de las familias que necesitan asentamientos.
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) afirma que la municipalización retirará la responsabilidad del gobierno federal en relación a un tema que corresponde al territorio nacional. Alexandre Conceição, integrante de la coordinación nacional del MST, dice que gobierno busca hacer que las organizaciones del campo retrocedan en las ocupaciones.
"No todas las familias que ocupan la tierra en un municipio y reivindican la desapropiación pertenecen a la ciudad. Muchas vienen de las ciudades vecinas. Intentan dar el poder de selección [de los beneficiarios del Programa Nacional de la Reforma Agraria] al coronel [cacique] de la ciudad", evaluó Conceição.
Según el ex ministro de Desarrollo Agrario Patrus Ananias, del Partido de los Trabajadores de Minas Gerais, en entrevista concedida a Brasil de Fato en diciembre del año pasado, la medida volverá inviable la reforma agraria, pues buena parte de los líderes municipales están vinculados a los grandes propietarios de tierras.
"Quien conoce la realidad brasileña sabe que la gran mayoría de los líderes locales, regionales, alcaldes, concejales y otros líderes de gestión municipal están vinculados a los grandes propietarios de tierras en sus municipios, en sus territorios", señala Ananias.
Para el diputado, transferir la cuestión de los asentamientos de reforma agraria a los municipios "es una forma de hacer inviable la reforma y hacer inviable el desarrollo de la agricultura familiar, especialmente en la perspectiva del cooperativismo, de la agroecología, que es una cuestión fundamental".
Denuncia
En su declaración, Temer agradeció a los diputados que le apoyaron en la sesión de la CCJ de este lunes, durante la lectura del dictamen del diputado Sergio Zveiter por la admisibilidad de la denuncia de la Fiscalía General contra el presidente golpista. Temer afirmó que el proceso es una "injusticia con Brasil".
Inconstitucionalidad
Según la Red Brasil Atual, las asesorías jurídicas de cuatro instituciones brasileñas - la Fian Brasil [Red de Información y Acción por el Derecho Alimentar], el Instituto de Regularización Fundiaria Popular (IRFUP), el Instituto de Arquitectos de Brasil – Departamento de Distrito Federal (IAB/DF) y el Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Brasil (CAU/BR) - denunciaron la aprobación de la Medida Provisional en la Fiscalía General de la República y apelaron para que la ley promulgada con la medida provisional sea considerada por el órgano como inconstitucional.
Las entidades apuntan diversas inconstitucionalidades en el proyecto, como la ausencia de participación popular en la elaboración de la medida, la expiración del plazo final para su votación en el Congreso y la violación de derechos y funciones sociales. Los abogados también señalan graves impactos a la región amazónica, por privilegiar los intereses de deforestadores.
Edición: Vanessa Martina da Silva | Traducción: Luiza Mançano
