El informe de la Comisión Parlamentaria de Indagación (CPI) de las Pensiones, presentado este lunes (23) en el Senado, concluye que la caja de las Pensiones no es deficitaria, como apunta el gobierno golpista de Michel Temer (PMDB).
El documento destaca datos de la Asociación Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal [la Receita Federal es la entidad responsable por la recaudación de impuestos en Brasil], según los cuales la Seguridad Social presentó una media anual de USD 15 mil millones de superávit a lo largo de la serie histórica de 2005 a 2016.
Para el relator, senador Hélio José (Pros-DF), el problema de las Pensiones reside en la mala gestión. “Se constata, de hecho, la necesidad de algunas reformulaciones en la forma, por ejemplo, de cobrar a los deudores. Se constata que no se puede ser complaciente con aquellos que no pagan y que no descuentan lo que corresponde a las Pensiones y después quieren lanzar la cuenta a los que contribuyen mensualmente y regularmente, que son los trabajadores”, dice.
El informe tiene 253 páginas y fue producido a lo largo de más de seis meses de trabajo de la CPI, que consultó gestores gubernamentales, auditores fiscales, fiscales y otros especialistas.
Según los datos recogidos por la Comisión, el año 2016 fue el único de la serie histórica en que fue verificado déficit en las Pensiones, en el valor de USD 17,3 millones. Sin embargo, el informe resalta que las cuentas de las Pensiones integran una caja mayor, la de la Seguridad Social y por lo tanto, no podrían ser vistas de forma aislada. La Seguridad Social engloba, además de las Pensiones, las áreas de salud y asistencia social.
El informe también destaca que las Pensiones tienen diferentes fuentes de financiamiento, contando la participación de empleadores, trabajadores y del Estado. Sobre ese aspecto, la CPI apunta que el poder público ha fallado, a lo largo de diferentes décadas, en lo que se refiere a las deudas de empresas con el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). El débito acumulado es del orden de 138,6 mil millones de dólares. De acuerdo con la Fiscalía de Hacienda Nacional, que fue consultada por la CPI, solamente cerca de USD 54 mil millones son recuperables.
El presidente de la CPI, senador Paulo Paim (Partido de los Trabajadores –estado de Rio Grande do Sul), considera que el Estado brasileño no ha actuado con eficiencia en lo que se refiere a la cobranza de los débitos. “Ellos no cumplen con su papel de fiscalizar y tener una gestión seria de las Pensiones. (…) Los tipos no pagan y dicen debo, no niego, no pago, estoy discutiendo con la Justicia y esperando un nuevo perdón del Congreso”, criticó.
Según él, el informe final de la Comisión, después de aprobado por el colegiado, será encaminado a todos los parlamentarios y a varias instituciones, entre ellas, el Ministerio Público Federal (MPF).
Reforma
Paralelamente a los trabajos de la CPI en el Senado, la Cámara de Diputados debate la reforma de las Pensiones, traducida en la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 287. El parecer del relator, Arthur Maia (Partido Popular Socialista - estado de Bahía), fue aprobado en la comisión especial de la PEC en mayo de este año, pero no fue votado en plenario por falta de consenso, inclusive dentro de la base aliada del gobierno.
Entre otras cosas, el parecer aprobado prevé edad mínima para jubilación de 62 años para mujeres y 65 años para hombres. Pero la materia es polémica y los diputados discuten la posibilidad de la aprobación de una reforma menos amplia, aún sin acuerdos. La expectativa del gobierno es colocar la PEC 287 para votación en el pleno de la Cámara el próximo mes.
Sociedad civil
Para el Movimiento Nacional de Servidores Públicos Jubilados y Pensionistas (Mosap por sus siglas en portugués), que sugirió la creación de la CPI de las Pensiones, la reforma no debería tener éxito porque es considerada bastante impopular.
“No trae ningún beneficio para el servidor público ni para el trabajador del régimen general [Régimen General de Pensiones –RGPS por sus siglas en portugués]. Extingue derechos adquiridos y duramente conquistados y generaliza un clima de inseguridad jurídica”, dice el presidente de la entidad, Edison Haubert.
Edición: Simone Freire | Traducción: Pilar Troya
