Dos años atrás, el abogado Rubens Francisco y la abogada Cibele Braga llegaron a Washington, Estados Unidos y fueron a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir auxilio.
En la petición firmada por los abogados y entregada a la Comisión, hay una serie de denuncias sobre la operación Lava Jato en Brasil. Según el texto, el sistema judicial pos Lava Jato representa una "amenaza directa a los preceptos fundamentales del Pacto de San José de Costa Rica" y los procesos de la operación "vacían las garantías constitucionales de la Constitución brasileña de 1988".
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado el 1959 y compuesto por siete miembros independientes que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por una asamblea.
El Pacto de San José es un tratado firmado por los 35 miembros de la OEA, que entró en vigencia el 1978 en Costa Rica. Entre los derechos previstos en el tratado están el derecho a la libertad individual, las garantías judiciales y el derecho al honor.
Al regresar al Brasil, Rubens Francisco mencionó la condena del ex presidente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) en primera instancia en el "caso triplex" como símbolo de las violaciones de la Lava Jato. Según Francisco, la eventual prisión de Lula puede comprometer el derecho a defensa de los ciudadanos, particularmente, el derecho de la población más pobre del país.
"Si se condena a Lula con este modelo, cualquier persona en el territorio nacional puede ir a la cárcel, pudrirse en la cárcel y se acabó. No hay defensa válida ni proceso válido", alerta el abogado en entrevista con Brasil de Fato. "Si Lula cae en este agujero, se lleva consigo a todo el país.
La preocupación del jurista está expresada en la segunda página del texto presentado en Washington: "No sólo el ex presidente Lula es víctima de la operación Lava Jato, sino diversos brasileños anónimos que están bajo el dominio de un Poder Judicial mercenario, con sueldos y ganancias muy altas, con remuneraciones muy por encima de la media mundial para funcionarios públicos y con prácticas criminales y corruptas".
Entre las peticiones listadas al final del documento, los abogados sugieren citar a la ministra Carmen Lucia, presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), a la cual se atribuye la función de "velar por la Constitución".
Lula da Silva en la ONU
Cibele Braga y Rubens Francisco no fueron los primeros juristas internacionales en denunciar las violaciones en la operación Lava Jato. El 27 de julio de 2016, los abogados del ex presidente Lula, Cristiano Zanin y Valeska Zanin Martins, protocolizaron una petición en el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, en Suiza.
Como informa un comunicado en defensa de Lula da Silva, el objetivo de la petición es exigir una declaración del comité de la ONU sobre las posibles "arbitrariedades practicadas por el juez Sergio Moro contra Lula, contra los familiares del ex presidente, sus colaboradores y abogados". En última instancia, la petición sugiere el impedimento de Moro en el juicio del ex presidente, porque el juez habría perdido "su imparcialidad de modo irreparable".
Las arbitrariedades reunidas hasta el julio del año pasado se refieren a la conducción coercitiva de Lula en la 24ª fase de la operación Lava Jato, a la divulgación de materiales secretos y a la divulgación ilegal de conversaciones telefónicas. Al recurrir a la ONU, los abogados resaltaron el "papel acusador" asumido por Sergio Moro "al imputar el crimen a Lula 12 veces, además de anticipar juicios de valor". En relación a las otras personas investigadas, los juristas también cuestionan el uso ilegal de las prisiones preventivas y la violación del derecho de presunción de inocencia, previsto en la Constitución Federal de 1988.
Toma y daca
El abogado contratado por la defensa de Lula para representar al ex presidente en Ginebra es Geoffrey Robertson, australiano de 71 años, conocido por defender en la Justicia al ciberactivista Julian Assange, fundador de Wikileaks, y al ex boxeador Mike Tyson. En mayo de este año, Robertson volvió al Comité para actualizar la lista de las posibles violaciones cometidas por la operación.
Dos meses después, el ex presidente fue condenado en primera instancia por Sergio Moro en la acción penal conocida como "caso triplex". Robertson declaró a los medios que no se sorprendió con la decisión y que aguarda la confirmación de la sentencia en segunda instancia "a pesar de la ausencia de pruebas".
El gobierno brasileño fue citado por la ONU para defenderse de las acusaciones reunidas en la petición de 2016. El juez Moro firmó la defensa del gobierno y afirmó que no hay razones para que Lula recurra a las cortes internacionales, dado que todavía no fue a juicio en segunda instancia.
Preguntado sobre el asunto el 30 de agosto durante un evento en su homenaje en São Paulo, el abogado australiano fue taxativo: "La justicia de Brasil es totalmente parcial. Hay que llevar el caso a las instancias internacionales, donde hay una justicia verdadera".
En la práctica
Más allá de la Comisión fundada en 1959, forrma parte de la OEA la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada diez años después de la Comisión.
El objetivo del abogado Rubens Francisco al presentar la petición a la CIDH en Washington es llevar el caso a la Corte en San José, en Costa Rica. Francisco no pudo recurrir a la Corte directamente, pues no representa al Estado.
Aunque el plan se concrete y se condene a Brasil, no hay garantías de que se reviertan las decisiones judiciales en el ámbito nacional. De cualquier forma, el país sería obligado a prestar declaraciones ante los demás miembros de la OEA sobre supuestas violaciones de derechos humanos.
Hasta hoy el Estado brasileño fue acusado en nueve casos que se tramitaron en la Corte de la OEA, pero no siempre cumple las recomendaciones de las organizaciones internacionales. El 2010 por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal fue criticado por mantener la amnistía de los crímenes políticos cometidos durante la dictadura (1964-1985) y aún así, decidió mantener el texto de la Ley 6683, de 1979, conocida como Ley de Amnistía.
En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, probablemente los 18 expertos independientes del Comité que analizan la petición decidirán si hubo o no falta de respeto a los derechos humanos y recomendarán la adopción de políticas públicas para evitar nuevas violaciones. El Comité no es una instancia de juicio, solamente indica si la Justicia de los países miembros actúa según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - aprobado el diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmado por Brasil en 1992.
Qué esperar
El avance de la operación Lava Jato el 2016 en consonancia con el juego parlamentario que llevó al impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff (PT) alertó a los juristas vinculados a la OEA sobre posibles abusos de autoridad en Brasil. La posición de los juristas permite suponer que habrá medidas drásticas.
Luis Almagro, secretario general de la OEA divulgó un comunicado oficial en marzo de 2016 y se posicionó contra el golpe en curso en Brasil. Sobre la operación Lava Jato, Almagro llamó la atención sobre las arbitrariedades del Poder Judicial y finalizó: "Ningún magistrado está por encima de la ley".
En entrevista con el periódico brasileño Folha de S. Paulo el octubre de este año, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, criticó el uso de las condiciones coercitivas en la operación Lava Jato. "Se están quemando etapas, para demostrar fuerza y poder arbitrario. El Estado debe ejercer su poder con la debida parsimonia", añadió Caldas, que usó el ejemplo de las investigaciones contra el entonces rector de la Universidad de Santa Catarina (UFSC, por sus siglas en portugués), Luiz Carlos Cancellier, que cometió suicidio tras la destrucción de su reputación en una de las operaciones de la Policía Federal (PF).
Un año y medio antes, en entrevista con Página 12, Caldas había criticado la divulgación ilegal de conversaciones telefónicas del ex presidente Lula: "Son situaciones clásicas de un Estado de excepción".
Con relación a la ONU, no hubo ninguna declaración explícita del Comité contra la operación Lava Jato o contra las violaciones de garantías constitucionales en Brasil. El año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó a la prensa que el caso Lula no es considerado urgente y que iba a ser debatido en 2017.
La petición no fue tema del colegiado hasta el final de esta edición y la próxima reunión ordinaria está agendada para marzo del 2018.
¿Represalia?
Los abogados de Lula consideran que los miembros de la fuerza de tarea de la operación Lava Jato reforzaron la persecución contra el ex presidente tras la entrega de la petición a la ONU, como describieron en comunicado publicado en agosto de 2016.
"Tras la denuncia de las violaciones de la Lava Jato a la Corte Internacional de Ginebra el 28 de julio, Lula y su familia sufrieron represalias por parte de los operadores de la Lava Jato. Marisa Letícia, la esposa de Lula y su hijo Fabio Luis fueron citados por la Polícia Federal, que también incluyó a otro hijo de Lula, Luís Claudio, en las investigaciones, sin basarse en hechos reales (...).
A través de sus portavoces en la prensa, los operadores de la Lava Jato ampliaron la campaña de publicidad opresiva contra Lula. En la edición de esta semana de la revista Época, que pertenece al grupo Globo, se informa que los fiscales de la Fuerza Tarea están "enfadados" con aquello que consideran "intentos de intimidación". En realidad, la petición de Lula en la ONU es un derecho de todos los ciudadanos de los países que firmaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Brasil es signatario desde 1992".
Este reportaje forma parte de la cobertura especial de Brasil de Fato sobre la Lava Jato. Haz clic aquí [en portugués] para acceder a otros materiales sobre la operación.
Edición: Ednubia Ghisi | Traducción: Luiza Mançano
