Que la reforma laboral es uno de los mayores desastres de nuestro tiempo en lo que respecta a los derechos históricos de la clase trabajadora, me imagino que es un punto de consenso. No obstante, está sucediendo que una de las partes más perversas de esa reforma está siendo poco comentada y, sin embargo, está directamente relacionada con la concepción del Estado que se construye a partir de ahora, típico de la perspectiva neoliberal. Es decir, detrás de la reforma está la idea de reducir el tamaño del Estado brasileño.
En resumen, la reforma laboral crea diversas estrategias orientadas a enflaquecer los gastos del Estado. Si eso llega a ocurrir, tendrá que disminuir su actuación social, recortando gastos -especialmente en salud y educación, que es de dónde más les gusta recortar a las élites-.
El primer ejemplo tiene que ver con el impuesto sindical. Al decretar el fin de ese impuesto, el gobierno deja de percibir lo que llamamos una recaudación ‘parafiscal’. ¿La razón? Debido a que el Ministerio del Trabajo recibía el 10% del impuesto sindical (un día de trabajo por año descontado obligatoriamente al trabajador), que servía para financiar algunos programas fundamentales, como la prestación por desempleo y otras políticas de creación de empleo y redistribución de la renta.
A parte de eso, otra importante contribución ‘parafiscal’ que beneficiaba a las arcas del Estado era el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), un ‘ahorro también obligatorio’. El PGFS es uno de los principales mecanismos de financiamiento de la inversión estatal.
La reforma laboral establece que un despido de ‘mutuo acuerdo’ acarreará una multa inferior a la existente. Actualmente, está fijada en el 20% del montante depositado y el trabajador solamente podrá sacar el 80%, teniendo en cuenta que siempre estaba obligado a escoger entre recibir esa cantidad o acogerse al programa de Seguro-Desempleo. La ampliación del tiempo de trabajo temporal –que tiene por objeto estimular ese tipo de contrato-, también ejerce una cierta influencia en la recaudación del Estado.
La reforma laboral acarrea también cambios en lo que consideramos ‘salario’, ya que las gratificaciones, adicional por productividad, diarias, comisiones, premios, abonos…, en fin, diversas fuentes que incrementaban la remuneración dejarán de ser consideradas parte del ‘salario’ y, en consecuencia, dejarán de ser tributables (como ya está ocurriendo con la participación en los beneficios y resultados). Así, en la medida que esos rendimientos dejen de ser tributados, serán menores los ingresos del FGTS y de la Seguridad Social, y por supuesto para el Estado.
Dando por buena la hipótesis que formulo, según la cual el objetivo principal de la reforma laboral es reducir el coste del trabajo, considere este razonamiento:
1) menores salarios (como ya está demostrado con los trabajadores precarizados, con jornada parcial y sin contrato)
+ sumado a:
2) trabajos que tienen menor seguridad de permanencia en el empleo o incluso ausencia de vínculo (como el trabajo intermitente y el contrato por tempo determinado);
+ sumado a:
3) las formas alternativas de “burlar” la legislación laboral, como persona jurídica (PJ), pequeño emprendedor individual (MEI) y autónomo;
= (es igual) a menores ingresos para el Estado, y, consecuentemente, para la sociedad.
Explicando:
En el primer caso, los gastos sociales se calculan porcentualmente sobre el salario; si los salarios son menores, la recaudación también cae.
En el segundo, contribuciones espaciadas y discontinuas, ya que el trabajador solamente contribuye cuando está trabajando, también impactarán en los ingresos de la Seguridad social y el FGTS.
En el tercero, el valor que recauda una persona jurídica, un pequeño emprendedor o un autónomo en relación con los gastos sociales es mucho menor que el que aporta un trabajador contratado en régimen de la consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT), debido a que las partes proporcionales de la contribución en el modelo denominado Simple Nacional son más bajas y sin parte patronal.
En un estudio reciente, un grupo de economistas [1] hizo una estimación de que cada profesional que deja el régimen ‘celetista’ (bajo el régimen de la CLT), y pasa a contribuir según el modelo Simple Nacional, el Estado deja de recaudar R$ 3.727,06 anuales para la Seguridad Social.
En definitiva, cuando los trabajadores ganan menos o gastan menos en función de la inseguridad en relación con el futuro, consumen menos. Como buena parte de la tributación brasileña incide sobre el consumo, esa retracción representa una menor recaudación de ingresos para el Estado. Al consumir menos, se genera menos demanda industrial y de servicios, que sin compradores reducen la producción y, al hacerlo, despiden a más trabajadores. Esa es la lógica de la economía.
Esta pequeña reflexión tan sólo pretende demostrar que la reforma laboral implica también un cambio en la concepción del Estado brasileño establecida en la Constitución de 1988: reduciendo las bases de su recaudación y eliminando sus mecanismos de construcción de políticas sociales.
Notas
[1] Arthur Welle; Flávio Arantes; Guilherme Mello; Juliana Moreira e Pedro Rossi. http://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2017/11/Texto-de-discuss%C3%A3o-7-Financiamento-da-Previdencia-e-Reforma-Trabalhista.pdf
*Juliane Furno es doctoranda en Desarrollo Económico en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) y militante de Levante Popular da Juventude.
Edición: Daniela Stefano | Traducción: Alfredo Iglesias Diéguez/Rebelión
