“Nosotros que somos pobres estamos acostumbrados a ser desollados toda la vida, pero ser condenado sin deber nada es para terminar de destruirnos”. Es así que el trabajador rural João*, militante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de la región de Pontal do Paranapanema, en el oeste de São Paulo, define la dura realidad que han enfrentado. El agricultor, de 50 años, cuya identidad se reserva en este reportaje de Brasil de Fato, fue condenado a cumplir cuatro años de prisión el último mes en un proceso judicial que se arrastraba en los tribunales por más de 17 años.
El proceso es fruto de una denuncia realizada por el Ministerio Público del Estado de São Paulo el 2000, en la que se lo acusó junto con otros militantes de crimen ambiental, después de la ocupación de la Hacienda Guaná Mirim, localizada en el municipio Euclides da Cunha Paulista. Desde que fue condenado, el trabajador rural resiste a la prisión, que es considerada por él y por el MST como otra acción arbitraria de persecución política.
“No quisieron saber nada, simplemente nos acusaron de robar madera en la propiedad sin ninguna prueba. En los últimos meses, tuve que vender ganado y no puedo trabajar más en la plantación, pero mis hijos tienen hambre y el hambre solo se acaba con comida. El Poder Judicial selectivo y el gobierno golpista están acabando de estrangular a los más pobres”, complementa.
Así como él, otros trabajadores rurales y militantes del MST han enfrentado situaciones semejantes porque innumerables sentencias están siendo expedidas sobre todo después del golpe de Estado instaurado en el país en el último año. Solamente en la región de Pontal do Paranapanema, 12 militantes y trabajadores rurales fueron condenados en segunda instancia y se decretó su prisión. De estos, uno está preso, mientras los demás están esperando el resultado de recursos interpuestos en instancias superiores del Poder Judicial.
Ese es el caso de José*, de 52 años, militante del MST, a quien dictaron prisión este último año debido a un proceso antiguo, abierto en 2006, después de participar en ocupaciones de haciendas improductivas de la región. Con todo, estuvo más de un año resistiendo a la prisión. Solamente después de una decisión favorable del Superior Tribunal de Justicia (STJ), divulgada en septiembre, él ahora puede responder al proceso en libertad.
“Pero aún estamos en situación incómoda, esperando la decisión final. Sin contar que ese período que permanecemos alejados nos saca de circulación, quedamos privados de todo. No tenemos contacto con los compañeros, no tenemos un domingo para aprovechar con la familia, no podemos trabajar con tranquilidad. Ocupar no es un crimen, es luchar por un derecho garantizado en la Constitución: el derecho a la tierra”, afirma.
Del mismo modo que José, a Sebastião*, de 61 años, también militante del MST, le dictaron prisión en el último año como resultado de un proceso iniciado a mediados de los años 2000. Para él, esa es la realidad vivida por militantes de diversos movimientos sociales después del golpe de Estado. “Son procesos antiguos que están siendo desenterrados en este momento específico. La idea de ellos es sacarnos del circuito y alejarnos de las luchas. Quieren meternos miedo, que no podamos dedicarnos a la lucha”, explica.
En la evaluación de Carlos Alberto Feliciano, profesor de geografía agraria de la Universidad Estadual Paulista (UNESP), la persecución a los militantes en la región de Pontal fue intensificada en los últimos tiempos. Para él, la discusión que sería política pasó a ser caso de policía. “El gobierno no dialoga más con los movimientos sociales. No hay entendimiento de que la lucha por la reforma agraria es una cuestión social y política, por eso dejan las resoluciones en manos del Poder Judicial, que la considera como crimen”, afirma.
La mayor parte de los procesos abiertos contra trabajadores rurales y militantes del MST, que participan de los movimientos de ocupación de haciendas improductivas, se trata de acusaciones de formación de cuadrilla, hurto, crimen ambiental e invasión de propriedad privada. De acuerdo con Hugo*, militante del MST, los procesos comienzan con la identificación aleatoria de nombres de líderes a partir de entrevistas que se publican en periódicos.
“Los jueces no conocen la realidad de las ocupaciones y asumen decisiones arbitrarias. Hoy vemos procesos siendo retomados con fuerza total. El grupo de Temer quiere dejar a la militancia fuera del tablero para que las personas se acomoden. Estamos perdiendo grandes luchadores para el Poder Judicial”, añade.
Cerca de 368 procesos judiciales estaban abiertos contra 341 personas en el contexto de lucha por la tierra en los 11 juzgados de la región de Pontal do Paranapanema.
Además de los procesos antiguos que están teniendo decisiones judiciales estipuladas en los últimos meses, un agravante que aumenta violencia a las prisiones decretadas a los trabajadores rurales y militantes del MST es la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar el encarcelamiento después de la condena en segunda instancia. En octubre del año pasado, el STF decidió que sería permitido encarcelar a los acusados incluso antes de que se agoten todos los recursos previstos en la Constitución. La decisión fue justificada por el Supremo como esencial para el avance de las investigaciones de la Operación Lava Jato.
En la evaluación de Marcio Barreto, del sector de Derechos Humanos del MST, eso muestra el recrudecimiento del Poder Judicial después del golpe. “La justicia se ensañó y quiere hacer lo que no está en la ley. La Constitución presupone que hay presunción de inocencia hasta el último recurso, pero en el entendimiento del STF ese derecho se va por el caño. Con la disculpa de la Operación Lava Jato, la justicia selectiva acaba siendo más dura con los trabajadores y militantes. Es importante decir que estamos resistiendo a esas prisiones porque entendemos que los trabajadores son inocentes y tienen derecho a defenderse”, explica.
Otro punto que se suma al contexto de aumento de la criminalización de los movimientos sociales hoy es la llamada Ley 12.850/13, que define lo que es organización criminal, nuevos procedimientos para investigación criminal y las formas de obtención de pruebas en esta categoría. Aprobada hace poco más de tres años, permite generalizar el concepto de organización criminal a cualquier asociación de cuatro o más personas que tengan acción estructuralmente ordenada y caracterizada por la división de tareas, aunque informalmente. Así, el texto abre precedentes para cercar a los movimientos sociales e incriminar a sus integrantes como si pertenecieran a una cuadrilla organizada para cometer crímenes y no trabajadores que se organizan de forma colectiva para reivindicar derechos sociales asegurados en la Constitución.
Uno de los ejemplos de aplicación de la ley de organización criminal contra militantes del MST aconteció en los últimos meses en la región del centro-oeste Paulista. Una indagación policial fue abierta después de las ocupaciones de las haciendas Santo Henrique, de la empresa Cutrale, en Borebi, y Esmeralda, en Duartina, señalada por el MST como propiedad de Michel Temer. En esta indagación, se determinó que los militantes que participaron en las acciones serían acusados de crímenes como invasión de propriedad privada, hurto, daño y asociación criminal. A uno de ellos se le dictaminó prisión en agosto y actualmente está resistiendo a la prisión.
“Todas esas decisiones son ilegítimas porque esas personas estaban luchando por un derecho, por la conquista de algo legal, pero aun así fueron considerados criminales. Luchar por la reforma agraria no es crimen. Esas personas no son marginales, son perseguidos políticos”, concluye Marcio Barreto.
*Los nombres reales de los entrevistados fueron cambiados por nombres ficticios en respeto al derecho de preservar el sigilo de las fuentes.
En el próximo reportaje, entienda el histórico de conflictos de tierra en la región de Pontal do Paranapanema [en portugués].
Edición: Vivian Virissimo | Traducción: Pilar Troya
