El juicio en segunda instancia contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acontecerá el 24 de enero. En julio de 2017 Lula fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable por la Operación Lava Jato, en la ciudad de Curitiba, en Paraná (región Sur de Brasil). Ahora, el nuevo juicio, independientemente del resultado, representa un momento de definición para la política del país en los próximos años.
Ya se confirman los indicios de que el juicio impactará fuertemente el escenario político de Brasil puesto que involucra al líder en los sondeos electorales para la Presidencia de la República. Los impactos van a ocurrir a la misma velocidad que la anticipación del juicio contra Lula. Entre la sentencia decretada por el juez Sergio Moro y el inicio de los trámites en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región [donde tendrá lugar el nuevo juicio] pasaron sólo 42 días. El juez de apelación João Pedro Gebran Neto se tomó 36 días para elaborar su voto y el juez revisor se tomó solamente seis. Se trata del juicio en segunda instancia más rápido de toda la operación Lava Jato.
Durante un acto público, Gleisi Hoffman, senadora y presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), evalúa que la celeridad en el juicio de Lula es la continuidad del proceso de ruptura democrática iniciado en 2016.
“Entramos en la tercera fase del golpe en este país. La primera fue la destitución de Dilma. La segunda fue el desmantelamiento de los derechos conquistados por los trabajadores. Y ahora pretenden quitarle al pueblo brasileño el derecho de elegir a Lula nuevamente presidente de Brasil. La anticipación del juicio por el TRF es una excepcionalidad”, criticó.
En caso de que Lula sea condenado, surgen dos cuestiones. Ya que el Supremo Tribunal Federal (STF) contrarió la Constitución y decidió en 2016 que la ejecución de la pena puede ocurrir tras la condena en segunda instancia, antes del fin del proceso, existe la posibilidad de que Lula vaya a la cárcel. Además del “costo político”, hay cierta agitación para que se revise la decisión del STF entre los propios ministros.
La segunda posibilidad es la ineligibilidad de Lula. Sin embargo, una posible condena por el TRF no impide la inscripción de la candidatura de Lula en el Tribunal Superior Electoral ni los recursos de apelación en instancias superiores como el propio STF.
Gisele Cittadino, profesora de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Rio de Janeiro e integrante de la Red de Juristas por la Democracia, resumió la situación política y legal de Lula: “Este golpe, para consolidarse como golpe, va a tener que suspender el proceso electoral de 2018. Porque aunque se condene al presidente Lula, él sigue siendo candidato, por lo menos hasta el 15 de agosto”, dijo.
Por estas razones, sólo a partir del 15 de agosto, que corresponde a la fecha del calendario brasileño para la inscripción de candidaturas para las elecciones de 2018 se puede abrir un proceso de impugnación contra Lula, un proceso autónomo en la Justicia Electoral.
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Edición: Mauro Ramos | Traducción: Luiza Mançano
