La privatización de Eletrobras, una de las prioridades económicas del gobierno golpista de Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), está prevista para ocurrir hasta abril de este año. En una reunión el jueves pasado por la noche (8) los accionistas de la empresa estatal decidieron por la venta de seis distribuidoras de energía de la empresa.
En total, la Eletrobras está compuesta por 47 hidroeléctricas, 270 subestaciones eléctricas y seis distribuidoras de energía. La empresa estatal aún tiene 70 mil kilómetros de líneas de transmisión de energía eléctrica, que atienden a 12 millones de habitantes en seis estados brasileños.
Ante la decisión del consejo, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) reafirmó la preocupación con los impactos negativos que la privatización puede traer a la población brasileña. Iury Paulino, de la coordinación nacional del MAB, alerta sobre el riesgo de incremento significativo de la tarifa de energía y del empeoramiento de la calidad del servicio.
“Cuando la empresa es estatal, tiene la obligación sobre todo de servir al pueblo. Con el proceso de privatización, pasa a ser un activo para generar ganancias. La estrategia pasa a ser proveer de energía a quienes pueden pagar”, afirma.
La accionista mayoritaria de la empresa estatal es el Estado. El restante de los socios reúne diferentes perfiles, desde trabajadores de Eletrobras, gobiernos de los estados hasta empresas extranjeras.
MAB destaca que los perjuicios de una privatización tienden a alcanzar a toda la población, pero en el caso de Eletrobras, el impacto mayor debe ocurrir en las comunidades de la Amazonia. Como muchas de las distribuidoras se encuentran en sitios distantes de las bases de la empresa, la estatal invirtió a lo largo del tiempo en programas y acciones que ampliaran la cobertura del servicio.
A pesar de esas acciones, la región amazónica aún es la región con menos acceso a energía eléctrica. Sólo en el estado de Amazonas, por ejemplo, hay cerca de 70 mil personas sin acceso, según el análisis de la empresa.
Iury Paulino resalta que la privatización de las distribuidoras puede hacer que ese número aumente y añade que la venta de la empresa también compromete la soberanía del país en lo que se refiere al control de los recursos hídricos, pues pasarán a ser administrados por empresas extranjeras.
“A pesar de toda la lucha que estamos haciendo, percibimos que no hay un compromiso con Brasil, con la soberanía y con el pueblo brasileño”, asevera.
En la cuestión de la soberanía, la secretaria de energía de la Confederación Nacional de los Trabajadores de Servicios Urbanos (CNU por sus siglas en portugués), Fabíola Antezana, recuerda que diversas naciones del mundo están realizando un movimiento contrario a la privatización de las empresas de energía, de saneamiento y control de las aguas, valorizando las empresas estatales. Es el caso, por ejemplo, de países como Francia, Holanda, Australia, Estados Unidos y Canadá.
“Todos eses países tienen la comprensión de que mantener el sector eléctrico en las manos del Estado representa seguridad nacional y soberanía energética, que impulsan el desarrollo del país”, dice.
Para el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Brasília (UnB), Roberto Piscitelli, el sector energético es fundamental para la infraestructura nacional necesaria para al desarrollo.
“El sector energético es fundamental para crear las condiciones para que el sector privado pueda actuar junto al Estado, pero el sector público es el motor del crecimiento económico de un país”, defiende.
El gobierno brasileño alega que las distribuidoras de energía serían deficitarias y espera recaudar más de US$ 3 mil millones con la privatización de la empresa.
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Edición: Camila Salmazio | Traducción: Luiza Mançano
