La ley que regula el Servicio de Radiodifusión Comunitaria en Brasil cumple 20 años el próximo lunes (19) bajo protestas y críticas de movimientos y profesionales de la radio que luchan por la democratización de la información el en país, como por ejemplo la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria (Abraço) y el Movimiento Nacional de Radios Comunitarias (MNRC).
Según estas organizaciones, la ley promulgada por Fernando Henrique Cardoso en la década de 1990 tras décadas de movilizaciones por la regulación, se volvió responsable por la restricción y criminalización de las radios comunitarias, definidas como emisoras sin ánimo de lucro y de carácter popular.
Antes de la promulgación de la ley, había cerca de 30 mil radios comunitarias en Brasil. Actualmente, según los datos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), se calcula que existen entre 10 y 12 mil radios, pero solo 4,5 mil tienen autorización para funcionar. La organización además calcula que cerca de 700 radios son cerradas por año.
Para Pedro Martins, miembro del consejo político de la AMARC Brasil, la ley se basa en la limitación de derechos de las radios comunitarias y por eso uno de sus puntos principales es exactamente la restricción del funcionamiento de las radios.
"En el primer momento conmemoramos la legislación pues pensábamos que avanzaríamos por encima de ella. Pero la historia muestra que no fue posible desvincularse de una legislación completamente restrictiva. La ley limita el espectro, la potencia y el alcance, algo que llevó a las radios comunitarias a un ambiente de criminalización. Las radios son criminalizadas como si fueran radios piratas, clandestinas y no actores sociales que el Estado brasileño debería respetar", afirmó.
La legislación establece un único canal en la frecuencia del servicio de radiodifusión sonora para las radios comunitarias, que deben funcionar a una potencia máxima de 25 watts a través de un sistema que no sobrepase los treinta metros de altura, limitando el alcance de las radios a un kilómetro de distancia.
Aunque la ley no establezca una pena administrativa o criminal para las radios que no cumplan las normas, el artículo 70 del Código Brasileño de Telecomunicaciones, y el artículo 183 de la Ley General de Telecomunicaciones, leyes del período de la dictadura militar en el país, establecen multas y detenciones que pueden llegar hasta cuatro años por "desarrollo clandestino de actividades de telecomunicación", además de la captura de aparatos, como explica la periodista integrante de AMARC, Tais Ladeira.
"El movimiento social de las radios comunitarias ha sido históricamente criminalizado y sus voces silenciadas, debido a la persecución y la aplicación de los artículos de las leyes sin contexto. Castigan a las radios económicamente e imponen la posibilidad de detención, como si se tratara de delito federal. Es algo totalmente desproporcionado para las radios de baja potencia. ¿Qué daños podrían acarrear?, cuestionó.
El integrante del MNRC, Jerry Oliveira, fue procesado en 2013 por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) por oponerse al cierre de radios comunitarias en la ciudad de Campinas, en el interior de São Paulo.
"Hay una persecución absurda, se criminaliza a los compañeros que crean una radio sin autorización, a pedido de la comunidad, pero los dueños de las emisoras comerciales pueden cometer cualquier crimen sin perder su autorización. La ley también impide la sostenibilidad de las radios. He visto una emisora de una ciudad del interior de São Paulo que debe alrededor de US$ 300 mil dólares en derechos de autor al ECAD [Oficina Central de Recaudación y Distribución], explicó.
Por ese motivo, en opinión de Pedro Martins, la unión entre las radios comunitarias y los movimientos por la democratización de los medios es fundamental para la revisión de la legislación. Hay más de 34 proyectos de ley sobre radiodifusión comunitaria en trámite en el Congreso Nacional, con el objetivo de permitir pautar publicidad en esas radios y aumentar la potencia máxima.
"La revisión de la ley es importante para garantizar que no se privatice un patrimonio público que pertenece al pueblo brasileño y a la humanidad, que es el espectro electromagnético. No se puede excluir a sectores de la sociedad que reivindican ese espacio para que lo utilicen solamente las emisoras comerciales. Hay que garantizar el derecho de hacer comunicación a las comunidades indígenas, afrodescendientes, ribereñas y periféricas, para que hagan comunicación", afirmó.
Sin embargo, Tais Ladeira afirma que no es posible mejorar la situación de las radios comunitarias a través de una reformulación de la ley actual, sino que hay que formular una nueva legislación. No obstante, señala las dificultades ante las medidas del gobierno golpista de Michel Temer.
"Este no es un buen momento para las radios comunitarias. El gobierno golpista desmanteló los procesos de transparencia y de acceso a nuevas concesiones, aumentó la burocracia. Pienso que la Ley es mala de origen, que hay que crear una nueva regulación para la comunicación social brasileña", señala.
Este mes la MNRC lanzó un manifiesto defendiendo la libertad de las radios comunitarias y la desobediencia civil para sus comunicadores.
"No acepten las fiscalizaciones de la ANATEL, no paguen las multas arbitrarias impuestas por el Ministerio de Comunicaciones. Declaramos la guerra a la ley, al monopolio de comunicación golpista e invitamos a las radios a romper totalmente con la legislación", afirmó Jerry Oliveira.
Edición: Nina Fideles | Traducción: Luiza Mançano
