Después de denuncias recibidas por la Fiscalía de la República en Itaituba (estado de Pará, en el norte de Brasil) de actividades de garimpos [minería artesanal] ilegales en territorios indígenas, desde el jueves, día 3, diversas instituciones en conjunto actúan para reprimir y combatir el funcionamiento de la explotación minera en la región sudoeste de Pará.
La operación llamada Pajé Brabo [Chamán Bravo] tuvo la participación de la Policía Federal, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA), el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO) y las Fuerzas Armadas y resultó en la destrucción de ocho excavadoras hidráulicas y un tractor, que eran usados para explotación de oro en el Territorio Indígena Munduruku, situado entre los municipios de Jacareacanga e Itaituba.
Destrucción de equipos en sitios de minería artesanal ilegales / Policía Federal – Divulgación
De acuerdo con el Coordinador de Operaciones de Fiscalización del IBAMA, Roberto Cabral, la actividad es “criminal” y genera diversos impactos socio ambientales y económicos para la región que van desde la alteración, contaminación a la destrucción del área de protección permanente del lecho del rio. La colmatación es una de las consecuencias, pero la cadena de impactos no termina allí.
“En la medida en que los peces se contaminan y después se consumen ese pescado, los indios y cualquier otra comunidad a lo largo de aquel curso de agua se va a contaminar también, entonces la contaminación, no queda restringida al lugar donde está la minería artesanal, sino que está contaminando todos los ríos de la Amazonia”, alerta.
Además de eso, él afirma que la presencia de la minería artesanal también trae impactos sociales para las aldeas indígenas debido al gran flujo de mineros “ocasionando un cambio en la estructura social” e “inferido en su sociedad cuestiones que antes no estaban presentes o por lo menos no en la cantidad que ellos terminan llevando a aquella área”.
Sobre el aspecto económico, Cabral afirma que creer que la minería artesanal produce riqueza “es una falacia” porque no existe tributación e incluso si la actividad fuera legalizada “la riqueza producida acaba no generando el mismo tipo de riqueza social para los municipios o para la región”.
Bloqueo
Para protestar contra la operación, el miércoles, día 9, los mineros artesanales divulgaron en redes sociales y noticias de sites locales, que iban a bloquear la carretera BR163 este viernes (11), pero según João Batista de Jesus, 52 años, presidente del Sindicado de Garimpeiros [mineros artesanales] en Novo Progresso, la manifestación fue aplazada.
La decisión fue tomada durante reunión el mismo día por la noche en la Cámara Municipal y contó con presencia de mineros artesanales y políticos de Itaituba y Novo Progresso. Una comisión fue formada para elaborar un documento a ser entregado al gobierno Estadual y Federal conteniendo las reivindicaciones de los mineros artesanales.
João Garimpeiro, como es conocido el presidente del sindicato, vive en la región hace 25 años. El afirma que la reivindicación de los mineros artesanales [garimpeiros en portugués] es legalizar la actividad en áreas que pueden ser explotadas y acusa a las instituciones ambientales por la lentitud.
"Es muy fácil para el IBAMA y el ICMBIO decirnos que somos ilegales, lo que es bueno, en eso realmente concordamos: somos ilegales, pero somos ilegales exactamente porque, principalmente el IBAMA, es un órgano donde la burocracia es tan extrema que usted no consigue sacar la licencia para una actividad”.
El conflicto en la región sobre la minería artesanal se remonta décadas. João recuerda que el gobierno creó la Reserva Garimpeira [de minería artesanal] de Tapajós, por medio de Decreto nº 882, de 1983, período de explotación de oro en Serra Pelada.
“En aquella época el gobierno ya sabía la necesidad de minería artesanal en la región, tanto es que los mineros artesanales de la Serra Pelada y de todas las regiones cercanas fueron a la reserva de minería artesanal”, argumenta.
Por medio de nota la Agencia Nacional de Minería afirmó que el decreto aún está en vigor. De acuerdo con el artículo publicado por los investigadores Pedro Chaves Baía Júnior y Armin Mathis, en 2006 fueron creadas siete nuevas Unidades de Conservación sobrepuestas a la Reserva en “respuesta del Gobierno Federal a la opinión pública internacional que criticaba la postura pasiva de Brasil ante las altas tasas de deforestación en la Amazonía”.
Vulnerabilidad
Foto: Paulo de Tarso Moreira Oliveira – archivo MPF
Sobre la minería artesanal en territorios indígenas, el sindicalista puntúa que la actividad está prohibida pero no está reglamentada y como sindicalista la intención “no es golpearse de frente con el gobierno”, con todo él afirma que los equipos de los mineros artesanales son destruidos por el IBAMA incluso cuando no están en territorios indígenas, pero si en Áreas de Protección Ambiental (APA), donde la labranza está permitida.
La minería en territorios de pueblos indígenas está prevista en el artículo 231 de la Constitución Federal, pero sólo podría ser ejercida si fuera reglamentada por legislación específica, luego es ilegal, con todo, sin fiscalización continua, los territorios permanecen vulnerables. De acuerdo con Barbara Dias, integrante del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) en Itaituba, en la Agencia Nacional de Minería, antes Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), existen varias solicitudes de investigación y labranza, principalmente en áreas de frontera donde comienza el territorio indígena.
“La estrategia de ellos es pedir autorización para hacer minería artesanal, allí, adyacente al territorio indígena, bien en la parte que divide lo que es territorio indígena y lo que no es y cuando ellos consiguen ese tipo de autorización, les resulta muy fácil invadir el territorio porque como está ahí cerquita y no hay una fiscalización, no hay realmente, ellos consiguen entrar muy fácilmente en el territorio”.
El reportaje de Brasil de Fato investigó y una de las estrategias también utilizadas por los mineros artesanales es la cooptación de indígenas, en este caso los Munduruku, para trabajar en la minería artesanal y ser utilizados como testaferros en la disputa por el territorio.
Existe un grupo pequeño de indígenas que están en la explotación del oro. En la evaluación de Dias ese problema es “reflejo también de la falta de políticas públicas y de proyectos de sustentabilidad” para las comunidades indígenas.
Edición: Juca Guimarães | Traducción: Pilar Troya
