En el mes de marzo, el gobierno golpista de Michel Temer (MDB) divulgó que la deuda pública brasileña aumentó 1,51%, casi 1 billón de dólares, según datos oficiales.
Los libros de economía enseñan que la deuda pública puede ser una herramienta positiva de impulso a la inversión pública para la creación de empleos, realización de obras de infraestructura, programas sociales relacionados con la salud, educación, etc. Pero en el caso brasileño, ella dejó hace mucho tiempo de ser un mecanismo de inversión pública y se volvió una herramienta de interés del rentismo, como explica la auditora jubilada de la Receita Federal [institución que recauda los impuestos en el país] y fundadora del movimiento Auditoría Ciudadana de la Deuda, Maria Lúcia Fatorelli.
“Si tomamos 2015, que fue el año en que profundizaron la crisis, el stock de la deuda creció US$ 195.000 millones. Cuando usted mira la inversión de aquel año, fue menor de US $ 267.025 mil millones. ¿Y qué hicieron con todos esos recursos? Pago de intereses”.
O sea, en vez de vender títulos del Tesoro para garantizar recursos que serian invertidos en salud, educación e infraestructura, por ejemplo, el gobierno ha emitido esos títulos únicamente para el pago de los intereses de la propia deuda. Según María Lúcia, esa práctica contraria el artículo 167 de la Constitución, que define criterios de transparencia para realización de este tipo de operaciones financieras.
Robin Hood al revés
Para el economista y profesor de la Universidad de Campinas (Unicamp) Pedro Rossi, el problema no está en el tamaño de la deuda, sino en la alta tasa de interés pagada a los acreedores. “El problema brasileño son los intereses de la deuda pública, que son muy altos, generando un efecto perverso, que llamo efecto Robin Hood a la brasileña, o sea, quita los recursos a la población para el pago de intereses de la deuda”.
La opinión es compartida por Marcio Pochmann, economista de la Fundación Perseu Abramo. “La práctica de intereses elevados termina haciendo que tengamos una parte del presupuesto público destinada al pago de los llamados rentistas. Alrededor de 6% de todo lo que el país produce, o sea, del PIB [Producto Interno Bruto], son gastados de forma improductiva, pagando intereses de la deuda”.
Pochmann destaca la semejanza entre la actual política económica de favorecer el rentismo con el período neoliberal de la década de 1990, durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002), cuando la deuda pública llegó a superar el equivalente al 70% del PIB nacional.
“Hay una similitud en relación con lo que ocurrió en los años 90, especialmente durante el gobierno de Cardoso, con lo que pasamos a experimentar desde el golpe en 2016, que es justamente la retórica del combate al gasto público, al 'desperdicio', o sea, un problema de austeridad fiscal. En los años 90 no sólo tuvimos las privatizaciones, la venta de activos nacionales por recaudación, como el aumento de la carga tributaria y por otro lado el recorte de gastos públicos”.
En manos de los bancos
María Lúcia recuerda también que, además de ser una política perversa de transferencia de renta por medio del pago de intereses de la deuda, ha sido usada como argumento para la toma de medidas impopulares, como las privatizaciones o la retirada de derechos.
“Lo que siempre estuvo por detrás de esa reforma de las Pensiones, por ejemplo, es reducir el volumen de recursos destinados a la seguridad social para que sobre más para los intereses. Eso es lo que está por detrás. La relación entre esa reforma y la deuda es directa. Esa también ha sido la justificación para las privatizaciones. De todo lo que privatizamos, los recursos son destinados a la deuda pública”.
Pero al final, ¿quién gana con la deuda contraída por el gobierno? Maria Lúcia explica que los datos sobre acreedores de la deuda están protegidos por sigilo en Brasil, lo que atenta contra el artículo 37 de la Constitución Federal, que determina la transparencia de los actos públicos. Pero, según ella, es posible identificar a esos acreedores de acuerdo con los grupos económicos a los cuales pertenecen.
“Sabemos, por ejemplo, que los bancos tienen casi la mitad de la deuda. Fondos de inversión y fondos de pensión nacionales y extranjeros, cada uno posee cerca de 18%. El Tesoro directo, que es aquel que cualquiera de nosotros puede comprar, no es ni 1% de los tenedores de la deuda. Entonces, la mayoría está con los propios bancos”, afirma.
María Lúcia defiende que sea realizada una auditoría ciudadana que pueda identificar las ilegalidades de títulos emitidos y las discrepancias entre el valor recaudado y el pago de intereses.
“Hace 18 años estamos divulgando esos datos de la deuda, convocando a la población a tomar conocimiento de eso. Porque la única salida para que esa auditoría sea como queremos, que es realmente evidenciar la verdad, la interpretación de esos datos, es la participación popular. La auditoría que queremos es una auditoría ciudadana, con participación popular. Por eso nuestro esfuerzo para popularizar el conocimiento sobre esta cuestión”.
De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) la deuda pública de Brasil debe superar el 87% del PIB brasileño en 2018, colocando al país en uno de los niveles más elevados de endeudamiento entre los países de América Latina.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Pilar Troya
