Después de un día de reuniones con ministros y representantes de los camioneros, este domingo (27), el presidente golpista Michel Temer anunció un paquete de medidas buscando acabar con la huelga de la categoría, que completó una semana y afectó el abastecimiento de combustibles y alimentos en el país.
Entre las medidas, está la reducción del precio del diésel en US$ 0,12 (R$ 0,46) por litro durante 60 días, que se obtendrá por medio de la eliminación del cobro de la contribución a los fondos PIS/COFINS que contribuyen a financiar programas sociales y la seguridad social respectivamente, así como de un impuesto denominado Contribución al Dominio Económico (CIDE). La eliminación del CIDE ya estaba prevista en otra propuesta hecha por el gobierno a los camioneros el jueves último (24), pero fue considerada insuficiente por parte de los representantes de la categoría. Luego del período de 60 días, el doble del propuesto inicialmente, los reajustes serán una vez por mes.
Además de la reducción del precio del diésel, tres Medidas Provisionales (MP) fueron anunciadas: la exención de la cobranza de eje suspenso en peajes en carreteras estaduales y municipales, así como ya sucede en las federales; la garantía de que la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) contratará 30% de sus fletes con camioneros autónomos y la definición de una tabla mínima de fletes para el transporte de carga por carretera.
El ministro Carlos Marun, de la Secretaria de Gobierno, afirmó, enseguida del anuncio de las medidas, que la reducción del precio del diésel le costará al gobierno US$ 2.690 millones (R$ 10.000 millones), que serán cubiertos por el Tesoro vía crédito extraordinario. Según el, el detalle del impacto en las arcas públicas será divulgado por el ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, este lunes (28).
Reacciones
Incluso atendiendo a las reivindicaciones de los camioneros, las medidas anunciadas por Temer no impactan en el problema real de la política de precio de los combustibles, según parlamentarios y los principales frentes populares del país, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo.
En boletín de prensa, los frentes señalan que la política de precios de los combustibles adoptada por el gobierno federal en los últimos años es la principal responsable por el aumento del costo de vida de la población brasileña, en especial los alimentos y el transporte. Para los movimientos populares, "los responsables directos son Pedro Parente y Michel Temer que desde 2016, iniciaron la nueva política de precios teniendo como un de los ejes la paridad con los precios internacionales, lo que en la práctica abrió la posibilidad de ajustes diarios".
Parlamentarios siguen la misma línea y se manifestaron en sus redes sociales después del anuncio de las medidas para detener la huelga. Jandira Feghali, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), afirma que “Temer engaña al pueblo. Con el pronunciamiento, hace un gesto con la reducción del diésel y los incentivos a los camioneros, pero pasa de largo de la cuestión de la gasolina. No cambia la política de la Petrobras y mantiene el combustible por las nubes”.
El precandidato a la Presidencia por el PSOL, Guilherme Boulos, también responsabiliza a la “desastrosa política de precios de la Petrobras”. Y defiende que “Temer tiene que explicar a la sociedad como quedará el precio de la gasolina. #ForaParente #ForaTemer ”.
Durante pronunciamiento oficial del gobierno, fueron registrados cacerolazos en las principales capitales como Salvador, Recife, São Paulo, Brasilia y Rio de Janeiro.
A continuación el detalle de las medidas anunciadas:
1) Reducción de 0,46 centavos de real (US$ 0,12) en el precio del litro de diésel. Eso corresponde a los valores del PIS/COFINS y de la CIDE, sumados. Según Temer, el gobierno recortará ese valor del presupuesto, sin perjuicio para la Petrobras;
2) La garantía de congelamiento del precio del diésel por 60 días. Después de eso, el reajuste será mensual.
3) Será publicada una Medida Provisional para la exención de eje suspenso en los peajes, tanto en carreteras federales, como nacionales;
4) El establecimiento de una tabla mínima de fletes, conforme previsto en el PL 121, en análisis en el Congreso;
5) La garantía de que no habrá reasignación de nómina en el sector del transporte de carga;
6) La reserva de 30% del transporte de carga de la CONAB para conductores autónomos
Edición: Nina Fideles | Traducción: Pilar Troya
