El Supremo Tribunal Federal (STF) concluyó este lunes (6) por la noche, la segunda y última audiencia pública sobre la despenalización del aborto en Brasil hasta la 12ª semana de gestación. La primera audiencia tuvo lugar el pasado viernes (3).
Las sesiones de discusión en el Poder Judicial forman parte del proceso de juzgamiento de la Argumentación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) nº 442, ingresada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en 2017, que pide la exclusión de los artículos 124 y 126 del Código Penal, referentes al crimen de interrupción del embarazo tanto para las mujeres que abortan como para quienes las ayuden en el procedimiento. Las audiencias públicas fueron convocadas por la magistrada Rosa Weber, ponente del proceso en el Supremo Tribunal.
Ahora, la Procuradora General de la República, Raquel Dodge, debe manifestarse sobre el tema en máximo diez días. Tras el parecer de Dodge, Weber deberá someter la ADPF a la sesión plenaria de la STF, pero no hay una fecha límite para la votación final. En Brasil, el aborto no es considerado un crimen en los casos de violación, peligro para la vida o para la salud de la mujer y anencefalia.
Discusión
Durante las audiencias se discutieron argumentos científicos, médicos, políticos, filosóficos y religiosos. Más allá de las premisas constitucionales expresadas por aquellas personas favorables a la despenalización, la discusión estuvo enmarcada por reflexiones teológicas. En total, 52 entidades, con posiciones a favor o en contra, hablaron a lo largo de los dos días de audiencias. Entre las 52 entidades, 11 son organizaciones religiosas.
En la ocasión, la argumentación de Lusmarina Garcia, pastora favorable a la despenalización fue ovacionada. Al defender el Estado laico, la representante del Instituto de Estudios de Religión dijo que hay una fuerte razón patriarcal detrás de los argumentos contrarios a la despenalización del aborto.
“Desde hace siglos el cristianismo patriarcal es responsable por penalizar y legitimar la muerte de mujeres”, afirmó Lusmarina, añadiendo que las mujeres que abortan son mujeres comunes y de fe, no deberían ser penalizadas bajo ninguna hipótesis. “Un Estado laico no es un Estado ateo, sino un Estado que no confunde los conceptos de crimen y de pecado, ni está orientado por sanciones religiosas”, señaló.
Números
Los datos respaldan la argumentación de la pastora. Según la Investigación Nacional sobre el Aborto (PNA), realizada en 2016 por el Instituto Anis, 56% de las mujeres que abortan son católicas y 25% son protestantes o evangélicas. Además, 67% de las mujeres que abortan tienen hijos. El estudio también demostró que las mujeres negras son las mayores víctimas de las muertes por abortos clandestinos.
Entre decenas de entidades que participaron de las audiencias están la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, la ONG internacional Human Rights Watch, la organización Católicas por el Derecho a Decidir y el Instituto Brasileño de Ciencias Criminalísticas (IBCCRIM).
La argentina Juana Magdalena Kweitel, directora de la organización no gubernamental Conectas Derechos Humanos, destacó que la despenalización reduce el número de muertes de mujeres por aborto inseguro.
Magdalena también conmemoró el avance del debate sobre la cuestión en su país. En el mes de junio, la mayoría de los diputados de la Cámara argentina votó a favor de la legalización del aborto hasta la 14ª semana de gestación, en el marco de una gigantesca movilización de mujeres argentinas. La votación en el Senado argentino tendrá lugar el próximo miércoles, día 8 de agosto.
“Estamos hablando sí de la protección de la vida. De la vida y de la libertad de esas mujeres. De las mujeres más vulnerables, porque las mujeres que más mueren por aborto inseguro son las mujeres negras, jóvenes y pobres”, aseveró Magdalena.
Debate positivo
Para Ana Lúcia Keunecke, abogada de derechos humanos e integrante de la Red Feminista de Juristas (deFEMde), el resultado de las audiencias fue positivo para las mujeres y para la sociedad, por posibilitar el debate público.
“Una de cada cinco mujeres en Brasil hasta los 40 años de edad ha abortado. Todos conocemos al menos una mujer que abortó. Lo que estamos discutiendo es el acceso al aborto seguro para evitar la muerte de las mujeres. Este es el principal argumento presentado por la gran mayoría de los participantes de la audiencia”, afirmó Keunecke en entrevista con Brasil de Fato.
La abogada critica los argumentos contrarios a la despenalización presentados en la audiencia. “Hemos visto espectáculos, performances. Hemos visto personas sin argumentos científicos para contraponerlos a todo lo que fue presentado demostrando que la cuestión del aborto es un problema de salud pública y de mortalidad de las mujeres”, afirma.
“Se habla de moral y de control del cuerpo de la mujeres. Una de las expositoras llegó a decir que si se permite que el aborto ocurra legalmente, vamos a tener perjuicios en la seguridad social porque Brasil va a tener una disminución de la natalidad. Las mujeres no tienen derecho a elegir. Tienen que parir y tener hijos para poder alimentar al sistema de seguridad social. Son argumentos que no presentaron razones judiciales o datos científicos y estadísticos para comprobar lo que estaban alegando”, señala.
La integrante de DeFEMde, red que participó del primer día de la audiencia, señala también que independientemente del entendimiento del STF, Brasil ya es signatario de tratados internacionales que determinan la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir sobre sus procesos reproductivos, como, por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en Cairo en 1994, y afirmó que “los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales”.
Ratificada por Brasil, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la “Convención de Belem do Pará” es otro ejemplo. Según la Convención, “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”.
El artículo 1 del tratado define como violencia contra la mujer cualquier acto o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El segundo artículo habla sobre la violencia en los establecimientos de salud, recurrente durante las prácticas de abortos clandestinos.
“Solo hay que garantizar que se cumplan los derechos humanos. Fue un paso importante para el país. Esperamos que el STF comprenda su obligación de cumplir con los tratados internacionales”, concluye Keunecke.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Luiza Mançano
