Brasil vive una grave crisis económica, política, social y ambiental. Muchos factores contribuyeron a su eclosión, principalmente la subordinación de nuestra economía al capital financiero e internacional, que extorsiona a toda la sociedad.
El golpe de 2016 fue el intento de la burguesía de salvarse sola de la crisis, poniendo todo su peso sobre la clase trabajadora. Para ello, movilizó su poder mediático, judicial y parlamentario. El plan era asaltar recursos públicos, eliminar derechos, subordinar el país totalmente a los intereses internacionales, entregar los recursos naturales -como el Pre sal, los minerales y el agua- y empresas como Petrobras, Eletrobras y Embraer.
Comenzaron a hacer el servicio sucio contra el pueblo de la forma más rápida y sorpresiva posible. ¿Y cuál fue el resultado? La crisis económica se agravó. La crisis social llegó a niveles de barbarie, con 66 millones de trabajadores al margen de la economía, mientras que las seis familias más ricas ganan más que 104 millones de brasileños. La crisis política también se profundizó: el gobierno golpista tiene la mayor impopularidad de la historia republicana. ¡Y nadie más cree en los políticos!
La lógica reinante en el Poder Judicial, que vive de la soberbia y la arrogancia, invierte el principio constitucional: ahora todos son culpables hasta que prueben lo contrario. Aquel power point diciendo “no tenemos pruebas, pero tenemos convicciones” ganó estatus de ley.
Mientras miles de investigadores corren el riesgo de perder sus becas, jueces como Sergio Moro usurpan recursos públicos, recibiendo subsidio a la vivienda a pesar de vivir en casa propia, además de otros privilegios inaceptables, pagados por el pueblo.
El Movimiento Sin Tierra, así como las 80 organizaciones que integran el Frente Brasil Popular, cree que el país necesita un nuevo proyecto de desarrollo, soberano y popular. Más subordinación, sumisión y explotación del pueblo no representan una salida para Brasil.
El pueblo expresa en todas las encuestas de intención de voto y defiende como alternativa electoral a Luiz Inácio Lula da Silva, por su trayectoria y representatividad -y también en solidaridad con el, por percibir la persecución en curso que los poderes mediático y judicial ejecutan para obstruir la posibilidad de una salida popular a la crisis.
Si Lula no es candidato, las elecciones serán un fraude, pues impedirán que la mayor parte del pueblo tenga el derecho de elegir a quien desea para la Presidencia. Y las crisis se profundizarán y tendremos otros cuatro años de conflictos, violencia y agravamiento de las desigualdades sociales.
Para construir un nuevo proyecto para el país, con reformas estructurales en la política, en el Poder Judicial, en los medios de comunicación y en la economía, es necesario garantizar la participación de Lula en las elecciones.
Por eso, integrantes de los movimientos populares están en huelga de hambre desde el 31 de julio por tiempo indeterminado. Este viernes (10), hubo una movilización nacional de los trabajadores, convocada por todas las centrales sindicales. Los movimientos del campo hacen una marcha nacional rumbo a Brasilia hasta el miércoles (15), cuando se inscribirá la candidatura de Lula.
Esperamos que el Poder Judicial recuerde que, por encima de sus vanidades e intereses, está la Constitución, que ya ha sido suficientemente violada y despreciada en los últimos años. Que los jueces se sometan a la voluntad popular y a la Carta Magna, y no a los intereses de la Red Globo y del proyecto golpista del gran capital.
*economista, forma parte de la coordinación nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra y del Frente Brasil Popular
Edición: Brasil de Fato | Traducción: Resumen Latinoamericano
