Pasadas las elecciones presidenciales, la agenda del Congreso Nacional volvió a la normalidad trayendo en su equipaje una serie de propuestas conservadoras. Entre los temas destacados, están el Proyecto de Ley del Senado (PLS) 272/2016, que detalla las conductas criminales clasificadas como terrorismo y que puede llevar a la criminalización formal de los movimientos populares.
La medida resurge con el embate de la ola conservadora que llevó a la elección de Jair Bolsonaro (PSL) a la Presidencia de la República e intenta rescatar dispositivos de la Ley Antiterrorista (Ley nº 13.260/2016) que fueron vetados por la ex presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores - PT) cuando fue aprobada.
En la época, el proyecto que dio origen a la ley fue propuesto por el gobierno, atendiendo a pedidos de grupos internacionales que trataban de estandarizar los procedimientos contra el terrorismo. Dilma enfrentó fuerte oposición de su propia base debido al proyecto y acabó vetando algunas partes.
De autoría del senador Lasier Martins (PSD-Rio Grande do Sul), el PLS 272/2016 tipifica la interferencia, el sabotaje o el daño de sistemas de informática o bancos de datos, con previsión de penas que varían entre 12 y 30 años de reclusión.
En la defensa del proyecto, el autor argumenta, entre otras cosas, que, al vetar algunos puntos del primer proyecto de ley, Dilma estaría “poco informada respecto del escenario internacional”. En el texto, el afirma que el debate con relación al terrorismo no podría ser considerado concluido y cree que Brasil puede llegar a tener ciudadanos reclutados por grupos terroristas, con posibilidad de eventuales atentados en el país.
En el otro extremo, la oposición afirma que, además de abrir camino a la criminalización de los movimientos populares, el proyecto incluye definiciones que serían amplias e imprecisas. El grupo también afirma se trata de conductas que, a pesar de tener diferentes potenciales ofensivos, son tratadas con penas iguales.
La iniciativa violaría, entre otras cosas, el principio de la proporcionalidad de la pena, que busca un equilibrio entre los derechos individuales y los intereses sociales.
“El texto es tan malo que, en verdad, criminaliza al movimiento estudiantil, a los movimientos de los trabajadores. Creo que sólo este proyecto ya coloca el país en un régimen autoritario porque elimina el derecho a la libre manifestación. Es muy grave”, destaca el líder de la bancada del PT en el Senado, Lindbergh Farias (RJ).
Por la propuesta, el acusado que fuera condenado por el crimen de terrorismo deberá cumplir pena en estabelecimiento de máxima seguridad. La oposición añade que eso violaría el principio de la individualización de la pena, a la vez que desconsidera las condiciones personales del condenado, el grado de culpabilidad, los antecedentes criminales, entre otros aspectos.
El proyecto de reforma de la ley tiene como ponente al senador Magno Malta, del Partido de la República, de derecha. Así como Lasier Martins, Malta es miembro del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), conocida con el apelativo de “bancada ruralista”. Él votó por la aprobación del proyecto y presentó una enmienda que vuelve más rígido uno de los trechos del proyecto, añadiendo a la caracterización del terrorismo la “motivación política, ideológica o social”.
Para el senador de oposición Randolfe Rodrigues, del Partido Red de Sotenibilidad (REDE), la medida va en una dirección específica y afecta más directamente a organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), entre otros grupos conocidos por la lucha social.
“Claramente, líderes de los movimientos sociales, como Guilherme Boulos [líder del MTST], que el presidente electo ya declaró que le gustaría ver en la prisión, pueden ser encuadrados en el crimen de terrorismo por organizar una manifestación. Ese proyecto de ley es una afrenta a la Constitución, al derecho de ir y venir, a la libertad de manifestación, por eso no tiene como ser aprobado”, critica el senador, que en mayo de este año presentó un voto en separado en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) pidiendo el rechazo del proyecto.
Para Alexandre Conceição, de la dirección nacional del MST, el proyecto sería una “persecución de cuño ideológico”, dirigida a la eliminación de grupos sociales que se oponen al avance neoliberal en la economía y conservador en la política.
“Para que ellos implementen una política de esas, necesitan desestabilizar, desorganizar, acabar con la lucha social organizada en este país, que está reflejada sobre todo en el MST y en el MTST”, complementa.
Trámite
El miércoles (31), después de movimientos de los ruralistas para intentar votar el proyecto en la CCJ, la oposición consiguió evitar la evaluación de la medida y aprobar una propuesta de audiencia pública para debatir el proyecto. De acuerdo con el presidente del colegiado, Edison Lobão (Movimiento Democrático Brasileño-Maranhão), la sesión debe tener lugar dentro de dos semanas.
La idea de la oposición es ganar tiempo y obstruir el tema dentro de las posibilidades presentadas por el reglamento. Para Randolfe Rodrigues, a pesar del actual contexto nacional de avance conservador, los ruralistas aún deben enfrentar gran resistencia en relación con el proyecto.
“En esta legislatura, creo que ellos tendrán muchas dificultades. Vamos a intentar impedir que eso vea la luz y que sea aprobado este año. El año que viene son otras las circunstancias, y tengo certeza de que es de interés del presidente electo”.
En las elecciones de este año, la bancada ruralista, que selló oficialmente su apoyo a la campaña de Bolsonaro, no consiguió reelegir a la mayoría de sus miembros. De los 245 parlamentarios que componen actualmente la FPA, 117 obtuvieron un nuevo mandato, lo que representa un porcentaje de 47,7%.
Para 2019, aún no se sabe cuantos nuevos parlamentarios van a integrar el Frente, pero el escenario legislativo vive un avance conservador, especialmente ante la ampliación de bancadas como la del Partido Social Liberal (PSL), partido de extrema derecha asociado a Bolsonaro.
La sigla eligió la segunda mayor bancada de la Cámara de Diputados, con 52 nombres, pero puede crecer durante el gobierno de Bolsonaro, con la migración de parlamentarios de un partido a otro.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Pilar Troya
