Hace un mes, el 25 de enero, los habitantes de la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, fueron víctimas de una de las tragedias socioambientales más grandes del mundo. La ruptura de una represa perteneciente a la minera Vale, en el Córrego do Feijão, causó la muerte de 179 personas. Trabajadores, madres, padres, hijos e hijas, enterrados bajo el lodo tóxico, víctimas de un crimen protagonizado una vez más por la mayor minera de Brasil. Otras 131 personas todavía están desaparecidas.

Así como los afectados en el municipio de Mariana (Minas Gerais), víctimas de la ruptura de la represa de Fundão, perteneciente a la empresa conjunta Samarco [copropiedad de la Vale y BHP Billiton], hace tres años, la ausencia de información, el duelo y la ira ahora forman parte de la cotidianidad de los habitantes de Brumadinho, que denuncian, entre tantas voces, que la Vale es responsable por el desastre. Hoy, 30 días después del crimen, muchas personas aún conviven con el sufrimiento de no poder enterrar a sus familiares.

La dimensión de esta tragedia anunciada, resultado de un modelo minero predatorio de la Vale y otras mineras que explotan los territorios nacionales, también es ambiental. No hay ninguna posibilidad de que exista vida en el río Paraopeba o en sus márgenes. Sus aguas claras se convirtieron en un mar de lodo tóxico después del crimen de la Vale.

Más de 700 represas son consideradas de “alto riesgo” en Brasil y otras 45 tienen sus estructuras dañadas. ¿Cuántas tragedias como las de Brumadinho y Mariana podrían ser evitadas? ¿Hasta cuándo las personas seguirán siendo víctimas de este modelo minero que privilegia el lucro en detrimento de todas las formas de vida?

Por Lu Sudré

25 de enero:

La represa de la minera Vale se rompe en Brumadinho, en la Mina Córrego do Feijão, vertiendo 13 millones de metros cúbicos de relaves en el rio Paraopeba.

26 de enero:

El crimen ambiental tiene repercusión internacional. El primer conteo de la tragedia informa 34 muertes, con 8 cuerpos identificados, 23 heridos y más de 250 desaparecidos.

Los equipos de rescate reciben profesionales de otras regiones, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Uberaba, además de de integrantes de la Fuerza Nacional.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) impuso una multa a la Vale por un valor de US$ 66 millones por la ruptura de la represa.

27 de enero:

La Justicia de Minas Gerais autoriza bloquear los recursos de la Vale en aproximadamente US$ 3.000 millones como indemnización por daños.

Una delegación israelí con cerca de 130 soldados llega a Brumadinho con sonares inteligentes y drones, además de perros policiales. Después de cinco días, volvieron a su país, cuando todavía se estaban realizando búsquedas

29 de enero:

Un documento de la Agencia Nacional de Aguas (ANA), divulgado en noviembre de 2017, adquiere notoriedad y revela que 723 represas en Brasil son clasificadas como “de alto riesgo”en Brasil. Otras 45 tienen las estructuras dañadas.

El Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) lanza una campaña con la intención de recaudar fondos para fortalecer la organización de los afectados en la región.

Familiares de desaparecidos en Brumadinho denuncian que no sonó la alarma que debería alertar sobre la ruptura de la represa. Los habitantes lamentan la ausencia de información sobre las búsquedas.

30 de enero:

El Servicio Geológico Brasileño (CPRM) estima que el barro tóxico llegará a la región de Tres Marias, donde encontrará lacuenca del río São Francisco, una de las más importantes de Brasil.Empiezan a desarrollar acciones para detener el avance del agua.

Los habitantes del barrio Parque da Cachoeira, parte del cual fue soterrado bajo el lodo, realizan asambleas y se organizan para reivindicar sus derechos y responsabilizar a la minera.

Un campamento del MST en los márgenes del río Paraopeba siente los efectos de la ruptura de la represa, pues el agua que abastece al asentamiento fue contaminada por relaves de hierro.

31 de enero:

Los afectados por la ruptura de la represa bloquean una carretera contra la actividad de la empresa Ferrous, en Serra Azul, Minas Gerais, a 3 kilómetros de Brumadinho. El Frente Brasil Popular denuncia la intensificación de las operaciones de la empresa en la región.

Los habitantes de Congonhas, también en Minas Gerais, exigen la desactivación de la represa Casa da Pedra, de la minera CSN, ubicada cerca de los barrios Cristo Rei y Residencial. La Casa de Pedra fue clasificada por Agencia Nacional de Aguas como una de las represas consideradas de alto riesgo.

1 de febrero:

Siete días después de la ruptura de la represa hay protestas en diversos estados del país para que exigir que la Vale sea responsabilizada por su crimen y expresar solidaridad a las víctimas y familiares de desaparecidos.

2 de febrero:

Habitantes de Brumadinho y voluntarios empiezan a presentar síntomas de contaminación,como dermatitis, náuseas y vómitos.

4 de febrero:

Un informe de la Fundación “SOS Mata Atlántica” confirma la muerte del río Paraopeba, contaminado por los relaves da mineros. El barro tóxico llegó a las aguas del municipio de Pará, un estado de Minas Gerais, a 40 kilómetros de Brumadinho.

8 de febrero:

Quince días después del crimen de Brumadinho, otros dos municipios en Minas Gerais son parcialmente evacuados ante el riesgo de nuevas rupturas.

El Ibama aplica una multa diaria a la Vale en aproximadamente US$ 25.000 por la ausencia de un plan de rescate de la fauna silvestre y doméstica, hasta que la empresa tome las medidas necesarias.

12 de febrero:

La Justicia divulga la información de que la Vale tenía conocimiento de la situación de la represa en Brumadinho: desde octubre de 2018; un documento de la propia empresa señala que la ruptura de la represa Mina do Feijão y otras nueve estructuras en el estado de Minas Gerais estaban bajo alerta.

13 de febrero:

Diputados y senadores protocolizan una solicitud para crear la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) para averiguar la ruptura de la represa Vale.

17 de febrero:

Más de 200 personas son evacuadas en São Sebastião das Águas Claras, un distrito conocido como Macacos, en el municipio de Nova Lima, en Minas Gerais, debido al riesgo de rotura de la represa B3/B4, perteneciente a la empresa Mina Mar Azul, copropiedad de Vale. Los habitantes, llevados para el centro comunitario de la ciudad, denuncian que la evacuación fue “caótica”.

19 de febrero:

El Movimiento de Afectados por Represas y la población de la región denuncian que, después de cuatro reuniones de diálogo entre los afectados y la minera, no hubo avances en la negociación. Según los habitantes, la empresa no asume su responsabilidad por el crimen, crea una situación de desentendimiento entre la población y presenta propuestas de apoyo emergencial exiguas.

20 de febrero:

La Justicia determina que la minera Vale debe pagar un auxilio emergencial a todos los habitantes de Brumadinho y de otras ciudades a 1 km de distancia de los márgenes del río Paraopeba. Los afectados recibirán US$ 260 por adulto y US$ 80 por niño y adolescente durante 12 meses.

25 de fevereiro:

Vale es obligada a desvincularse del proceso de registro de las familias que recibirán las indemnizaciones.