El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está detenido desde hace un año en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba (Paraná) y en su proceso todavía no se agotaron todos los recursos posibles en el sistema judicial como establece la Constitución del país.
Cristiano Zanin Martins, abogado defensor de Lula, afirma que ante las flagrantes arbitrariedades judiciales en el proceso, solo se puede esperar un resultado, que es la anulación, en las cortes superiores, de la sentencia que llevó a la detención del ex mandatario.
“Hemos apelado a los tribunales superiores y entendemos que esos recursos deben llevar a la anulación de la sentencia condenatoria porque viola duramente la legislación federal y también la Constitución Federal”, explica.
Todavía no hay una fecha para el Superior Tribunal de Justicia (STJ) analizar el recurso especial presentado por la defensa del ex mandatario. Sin embargo, un resultado positivo para el ex presidente parece estar distante, como opina el abogado criminal Fernando Hideo, que argumenta que los órganos judiciales se orientan por el contexto político del país y por la consecuente “necesidad” de mantener a Lula en la cárcel pues, en caso contrario, decisiones recientes del propio poder Judicial deberían ser consideradas en el análisis del STJ.
“Algunos hechos deberían tener cierto impacto en el análisis del recurso de apelación en el STJ. Por ejemplo, según consideraciones recientes del STF [Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema del país] este año, de que los crímenes vinculados a crímenes electoral deberían ser juzgados en la Justicia Electoral. Entonces los recursos deberían ser analizados en el STJ”, explica.
En el STF, fueron presentados dos recursos de apelación que cuestionan el entendimiento del propio tribunal, que autorizó la ejecución de la pena privativa después de la confirmación de la sentencia en segunda instancia. La contestación se basa en el artículo 5º de la Constitución Federal, que establece que nadie puede ser declarado culpable hasta agotar todos los recursos previstos en ley, es decir, debe apelar en libertad hasta la condena definitiva.
En ese sentido, según el jurista Auri Lopes, con la revisión del fallo sobre las Acciones Declarativas de Constitucionalidad (ADCs), el STF tendrá la oportunidad de revisar lo que considera ser un error histórico del tribunal, la detención después de la condena en segunda instancia.
“Es una de las decisiones más equivocadas del Supremo [Tribunal Federal] en las últimas décadas. El STF es el guardián de la Constitución, pero no su dueño. Y su interpretación está efectivamente equivocada. En realidad, nuestra Constitución garantiza la presunción de inocencia hasta que se agoten los recursos. Desde el descubrimiento de Brasil, en 1500, en el universo del derecho procesal ya se sabía que funciona así. Se trata de un concepto procesal y el Supremo Tribunal Federal no lo va a reescribir”, opina.
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Fernando Hideo aleta que el caso de Lula es representativo ya que otras miles de personas cumplen pena privativa antes de que se agoten las apelaciones.
“Para cada Luiz Inácio Lula da Silva, hay centenas de miles de Rafaéis Braga, centenas de miles de Amarildos, centenas de miles de personas encarceladas injustamente, torturadas y ejecutadas por el sistema de justicia criminal. Y se puede preguntar: quién va a reparar este daño? Nadie. Es un daño irreparable. Por ese motivo la presunción de inocencia es un valor absoluto”.
Por fin, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe analizar aún en el primer semestre de 2019 el caso de Lula, en respuesta a una solicitud presentada por la defensa del ex mandatario. Según Cristiano Zanin, se esperaba que el caso fuera analizado durante la reunión del comité realizada en marzo, pero un nuevo comunicado enviado por el gobierno brasileño a las Naciones Unidos postergó el análisis, que ahora debe ser realizado en otras reuniones agendadas para julio y noviembre de este año.
Durante el proceso electoal, el Comité emitió una decisión de carácter preliminar solicitando que el Estado brasileño garantizara las condiciones para la participación de Lula en las elecciones presidenciales. La determinación fue ignorada por las autoridades brasileñas, aunque el parlamento brasileño haya reconocido, en 2009, el carácter obligatorio y vinculante de las decisiones del comité de ONU.
El mundo pide la libertad de Lula
En enero de 2019, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel nominó al ex presidente para ser galardonado con el mencionado premio este año. La postulación de Lula como candidato se debe, según Esquivel, por su trabajo contra el hambre en Brasil y en el mundo.
El Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, visitó a Lula en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde el ex mandatario está detenido, acompañado por el ex canciller brasileño Celso Amorim. Foto: Ricardo Stuckert
La postulación del ex mandatario al premio recibió el apoyo de más de 600 mil personas y una petición fue enviada al Comité Noruego del Nobel. El anuncio oficial del ganador del premio será realizado en octubre de este año.
Aun en el marco de las movilizaciones en apoyo a Lula, entre los días 7 y 10 de abril, movimientos populares en Brasil y en el exterior del país realizan la Jornada Internacional Lula Libre, con acciones en 17 capitales brasileñas y más 32 actividades en otros 15 países.
Edición: Anelize Moreira | Traducción: Luiza Mançano
