En marzo de este año, Brasil y Estados Unidos firmaron un acuerdo que garantiza a los estadounidenses el derecho de utilizar la base de Alcántara, en el estado de Maranhão [región noreste del país]. El acuerdo establece salvaguardas tecnológicas y permite el lanzamiento de satélites desde la región.
La posibilidad de ampliar el área del Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA) - que actualmente corresponde a 8 mil hectáreas - está prevista en el acuerdo, lo que llevó a los quilombolas, como son llamados los integrantes de las comunidades ancestrales afrodescendientes [quilombos], a movilizarse para exigir la titularidad de sus tierras, lo que les podría garantizar estabilidad en la región y poder en una futura negociación con el Estado.
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El gobierno no quiere titular tierras
El pasado miércoles, 10 de julio, una audiencia pública realizada en la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados debatió el acuerdo entre Brasil y EE. UU. y las consecuencias para las comunidades quilombolas.
La representación del gobierno, el teniente de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), Carlos de Almeida Baptista Junior, no expresó estar dispuesto a negociar. “¿Qué queremos para nuestro futuro? [...] No podemos condicionar los trámites para aprobar este acuerdo a la titulación de tierras quilombolas u otro “si”, pues vamos a perder la oportunidad de desarrollar la región”, se impulso el militar.
Deborah Duprat, fiscal de protección de los derechos de los ciudadanos en la Fiscalía General, afirmó en una entrevista con Brasil de Fato que la preocupación de los quilombolas tiene razones, pues no quieren ser enviados a agrovillas, unidades habitacionales construidas por el Centro de Lanzamiento de Alcántara para realojar a las comunidades ancestrales que vivían cerca de la Base.
“Ante todos los eventos a lo largo de casi 40 años, me parece imposible creer que ellos no serán desalojados. Para tener conversaciones serias y responsables hay que poner las partes en posiciones simétricas, algo que se puede resolver solamente con la seguridad territorial de ese grupo, y les falta la titularidad de las tierras. La titularidad no representa ninguna carga para la Unión porque el área ya es pública”.
En la audiencia pública, Baptista Junior afirmó haber hablado con quilombolas que viven en agrovillas y haberles preguntado si eran más felices cuando vivían en los quilombos.
“Todos que hablaron conmigo me confirmaron que son más felices hoy”, argumentó.
Célia Cristina da Silva Pinto, de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ) criticó la afirmación del militar. “Decir que las personas le dijeron que estaban más felices en las agrovillas que en sus territorios es una mentira. Para sobrevivir en la agrovilla necesito un trabajo, hacer compras en la ciudad porque acá no puedo producir. Decimos que no estamos contra el acuerdo, pero el acuerdo no puede sobreponerse a las vidas humanas. No me van a decir que estoy más contenta en una agrovilla que en mi quilombo”, exclamó.
La integrante de la Fiscalía General también rebatió la declaración del militar: “Las agrovillas son perversas porque desalojaron a comunidades que vivían de la actividad pesquera, en las orillas del mar, y las llevaron hacia el interior. Hasta hoy viajan cinco horas para volver al litoral porque no se ven sin esa actividad ancestral, son familias centenarias, que practicaban la pesca y ahora son obligadas a vivir en tierras infértiles”.
El presidente de la Agencia Espacial Brasileña (AEB), Carlos Augusto Teixeira de Moura, defendió el acuerdo en la audiencia. Pero antes reconoció que el Estado fracasó con los quilombolas desalojados de sus territorios en 1986. “El programa espacial no suplió todas las expectativas”.
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Historia
En 1983, 312 familias habitantes de quilombos fueron expulsadas de sus territorios en Alcántara, una península de Maranhão, y trasladadas a agrovillas al sur del estado, una región de tierras estériles, con terrenos de 16 hectáreas. Tres años antes, el entonces gobernador, Ivan Saldanha, había expropiado 52.000 hectáreas del territorio quilombola y las entregó a la Unión. La medida formaba parte del proyecto de construcción del Centro de Lanzamiento de Alcántara liderado por el dictador João Batista Figueiredo (1979-1985) y administrado por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
En los quilombos, la pesca garantizaba su sustento y establecía la dinámica local. “No sé porque la llaman ‘agrovilla’, de agro no hay nada. Es un proyecto que salió mal. Yo vivo en una agrovilla, no ha funcionado, nos pusieron en un sitio donde no tenemos cómo mantenernos”, explica Antônio Marcos Pinho Diniz, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Alcántara.
En 1991, el expresidente Fernando Collor expropió 10.000 hectáreas más de Alcántara para la construcción del Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA), totalizando 62.000 hectáreas.
El 2008 las cosas cambiaron después que un parecer técnico de Identificación y Delimitación elaborado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) que garantizó 78.100 hectáreas a las comunidades quilombolas y limitó el espacio de la base aérea a 8.000 hectáreas.
En 2010, durante el gobierno del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el Estado reivindicó otras 12.000 hectáreas en la zona costera de Alcántara. La nueva adquisición nunca se confirmó pero las 792 familias quilombolas que viven en la región temen esa posibilidad.
Edición: Rodrigo Chagas
