En 2020, el Ministerio de Educación (MEC) de Brasil va a canalizar R$ 54 millones (US$ 12,9 millones) para las unidades atendidas por el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, cuyo proyecto piloto tendrá como meta 19 instituciones de la región Norte, 12 del Sur, 10 del Centro Oeste, 8 del Nordeste y 5 del Sudeste.
El balance fue divulgado el último jueves (22), en Brasilia (DF), después de una selecciónrealizada por el MEC entre las unidades de 679 municipios de las cinco regiones que se candidatearon al programa.
Diferente del modelo aplicado en las escuelas integralmente militares, que son mantenidas por las Fuerzas Armadas, el campo de acción del nuevo programa prevé una gestión compartida entre profesores civiles y militares.
En este sistema, los educadores y las secretarías estaduales de educación responden por los currículos, mientras a los agentes cabe la actuación como monitores en la gestión de las unidades.
La doctrina militar en las escuelas
Implantando en algunos lugares del país en años anteriores, el modelo de educación cívico-militar es blanco de protestas de diferentes lados, incluyendo profesores, alumnos, investigadores y otros especialistas, para los cuales el sistema muestra un avance del autoritarismo sobre la educación.
La preocupación se basa especialmente en las normativas aplicadas por escuelas militarizadas.
En Goiás, por ejemplo, donde existen 60 unidades con ese perfil, los códigos de conducta consideran como infracción leve la conducta del alumno que utilice “armazones de colores esdrújulos” o uñas consideradas “fuera del padrón”, por ejemplo.
El uso de barba, bigote, patillas, cabellos teñidos “de forma extravagante” o con cortes señalados como avessos al reglamento son considerados como transgresión media.
Típico de la doctrina militar, el saludo militar a los agentes también es clasificado como tal, así como la negativa a participar de eventos y desfiles de las escuelas.
Dejar de celar por el buen nombre del colegio, mantener contacto físico que sugiera involucramiento afectivo o “irrespetar los símbolos nacionales”, entonces, son actitudes que pueden levar a la expulsión del alumno, siendo consideradas como transgresiones graves.
"La apuesta por un modelo de escuela cívico-militar es una apuesta por una educación antidemocrática y autoritaria”, dice la coordinadora del Cedeca-CE, Marina Araújo Braz (Foto: Foto: Evaristo Sá/AFP/Getty Images)
Autoritarismo y educación
En el estado de Ceará, donde habrá dos unidades del proyecto piloto del gobierno federal, las normas coleccionan críticas de actores de la sociedad civil organizada, como es el caso del Centro de Defensa de Niños y Adolescentes de Ceará (CEDECA-CE), integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación.
“En la sociedad en que vivimos, que es una democracia, la inversión pública debe ser en políticas públicas que combinen educación de calidad, democracia y ciudadanía. Creemos que esta apuesta por un modelo de escuela cívico-militar es una apuesta por una educación antidemocrática y autoritaria”, argumenta la coordinadora del Núcleo de Atención de la entidad, Marina Araújo Braz.
Ella subraya que la configuración que da norte a esas unidades educativas viola los principios de la libertad de aprender, de enseñar, de la gestión democrática de la educación y del pluralismo de ideas.
“Eso significa retroceder en aquello que se conquistó en la Constitución, en la LDB [Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional], en los planes de educación. Con ese modelo de escuela, hasta la participación de la comunidad escolar se perjudica, porque se tiene un modelo de jerarquía, en el que la gestión queda bajo el control de militares y bomberos. No tenemos la posibilidad del ejercicio de la gestión democrática”, complementa.
Para la investigadora Ana Penido, del Instituto Tricontinental, los padres, muchas veces, buscan esas unidades para matricular a sus hijos movidos por falsas expectativas.
“En primer lugar, por una ilusión de que, con la adopción de patrones de comportamiento más rigurosos, como el corte de cabello, sus hijos estarán protegidos de las grandes cuestiones de la adolescencia y de la juventud, como el contacto con las drogas, la vivencia de la sexualidad y otras cosas. Pero esos son problemas complejos, imposibles de resolver con la utilización de un uniforme o la prohibición de teñirse el cabello”, señala.
Si pongo policías militares dentro de escuelas públicas, ¿cómo voy a tratar de la cuestión de la violencia?, cuestiona Marina Araújo Braz. (Foto: Ministerio de Defensa)
Violência policial y uso de armas
En Ceará, donde los índices de violencia saltan a los ojos, el CEDECA levanta una preocupación por la relación entre la violencia policial y las muertes de adolescentes.
Datos del Comité Cearense para la Prevención de Homicidios en la Adolescencia muestran, por ejemplo, que 73% de los jóvenes asesinados en ese grupo de edad en el estado sufrieron violencia policial.
“Es un número que comprueba que ese conflicto es real. Si pongo policías militares dentro de escuelas públicas, ¿cómo voy a tratar la cuestión de la violencia? Porque, de forma comprobada, ¿cómo la violencia se expresa entre policiales y comunidades? A través de la intimidación, de la violencia, de la estigmatización de los adolescentes y negros de la periferia”, enumera Marina Araújo Braz.
El uso de armas por agentes en escuelas militarizadas preocupa a quien estudia o ya estudió en ese tipo de unidad, como es el caso de la universitaria C.L., de 20 años, ex alumna del Colegio de la Policía Militar de Goiás Fernando Pessoa.
Actualmente estudiante de Pedagogía, ella considera que los agentes militares no tendrían la preparación necesaria para lidiar con las cuestiones del ambiente escolar.
“Una vez, estábamos en el cumpleaños de una sargenta de la escuela y los alumnos montaron una sorpresa para ella, para festejar, y ahí, para llamarla sin que ella desconfiase de la sorpresa, inventaron que un estudiante estaba peleando con otro y que ella fuera al lugar. Ella salió corriendo sosteniendo el arma y llegó allá lista para disparar. Quedamos en shock. Después de eso, le conté a mi padre, y el no quiso dejarme más en la escuela”, narra C.L., añadiendo que se siente “traumatizada” ante las memorias que la experiencia en la escuela le dejó.
Ella salió corriendo, sosteniendo el arma y ya llegó allá lista para disparar.
También ex alumno de la unidad, el hermano de la estudiante, I.D., de 23 años, afirma que se arrepiente de haber pasado por el lugar.
“Me arrepiento amargamente de haber estudiado allí. Creo que ellos aprecian más la jerarquía, el respeto a los rangos que la enseñanza de las materias en sí. Quieren que usted cante el himno de la policía, de Brasil, que marche en el sol, etc. Llegué a ver niñas desmayándose por tener que marchar en el sol. Es como si fuera más un ejército que un colegio”, critica el universitario.
En las escuelas militarizadas, los estudiantes son sometidos a un control estricto de costumbres, incluyendo cortes de cabello y uso de accesorios (Foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)
Profesores coartados
El investigador Weslei Garcia resalta que las imposiciones dictadas por la doctrina militar causan impactos también en la actuación de los profesores, comprometiendo y limitando la participación de esos profesionales en el ambiente escolar.
Es como si fuera un ejército más que un colegio
Al hacer una investigación de maestría con educadores del Colegio de la Policía Militar de Goiás Fernando Pessoa, donde los personajes consultados por el reportaje estudiaron, Garcia identificó que eso se suma a otras cuestiones.
Una de ellas es el hecho de que muchos profesores de la red pública no pertenecen al cuadro efectivo de las unidades educacionales. En la unidad investigada, por ejemplo, entre 12 educadores cuyo caso fue analizado, ocho eran temporales.
“Eso es una cosa que pesa. El profesor de contrario temporal, que no es concursado, no cuestiona, no habla mucho, porque su vínculo laboral es muy frágil. El no cuestiona porque tiene miedo de perder su empleo, ahí no tiene autonomía, no consigue avanzar [en su relación con la escuela]. Entonces, tenía un profesor que decía ‘no soy a favor, me asusta tener que trabajar con alguien armado y uniformado el día entero, creo que es extraño, pero es el régimen militar, entonces lo acepto’.”
Brasil de Fato trató de consultar con la escuela respeto a las críticas hechas por los ex estudiantes y por el investigador, pero no consiguió contacto con la institución.
Recursos del MEC
Según el MEC, en el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, cada institución del proyecto piloto tendrá aporte total de R$ 1 millón (US$ 239.000 dólares). Del total de R$ 54 millones (US$ 12,9 millones) invertidos en la iniciativa, R$ 28 millones (US$ 6,7 millones) serán destinados al Ministerio de Defensa para remunerar militares de la reserva que irán actuar en los equipos.
Además de diferentes objeciones al modelo ideológico en que se basan las escuelas militarizadas, la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) critica la canalización de recursos para este tipo de unidad.
El secretario de Asuntos Educativos de la entidad, Gilmar Soares, destaca que las escuelas tradicionales de la red pública hoy están fuertemente afectadas por el Techo de Gastos Públicos, que tiene previsión de 20 años de duración y afecta especialmente a los gastos sociales.
“Lo correcto, en nuestra evaluación, sería que el gobierno luche por las necesidades reales de las escuelas públicas, para que ellas pudieran desarrollar su trabajo integralmente, en vez de inyectar dinero incentivando escuelas militarizadas. Hoy ya hay estudios que señalan que, si las unidades públicas recibieran lo mismo cuantitativamente que recibe una escuela militar, con certeza las condiciones de ellas serían otras”, argumenta.
“Guetos y sub-ciudadanos”
En medio de las polémicas, el asunto suscita actualmente manifestaciones en el sistema de Justicia, inclusive debido a otros aspectos.
La APP-Sindicato, que reúne profesores y servidores de la red pública de Paraná, ofició al Ministerio Público del Estado para pedir una investigación sobre la situación de escuelas paranaenses que fueron militarizadas en los últimos tiempos. La entidad cuestiona el cobro de tasas por parte de esas unidades.
“Para que usted entre en esa escuela militar, como mínimo 50% [de los cupos] son sólo para hijos de militares. Y, para hacer la prueba para entrar en ese colegio, tiene que pagar tasas. Después, usted paga tasas para matricularse, paga tasas para tener uniforme militar y, después, tiene que pagar cerca de R$ 360 (US$ 86) por año para APMF [Asociación de Padres, Maestros y Funcionarios] de la escuela”, ejemplifica el secretario de Asuntos Jurídicos, Mario Sergio de Souza.
La entidad señala que las exigencias van contra el artículo 206 de la Constitución Federal, según el cual debe haber igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia de los estudiantes en la escuela pública. Con eso, la APP afirma que la política incentiva las distinciones por clase social.
“Usted comienza a crear guetos y sub-ciudadanos. Unos tienen más y otros tienen menos. Unos pueden más, otros pueden menos. Los cobros claramente violan la gratuidad de la enseñanza”, critica el secretario.
El sindicato aguarda el pronunciamiento del Ministerio Público para evaluar medidas judiciales relacionadas al tema.
Edición: Rodrigo Chagas | Traducción: Pilar Troya
