El proyecto de ley (PL) que amplia la denominada "exclusión de ilegalidad", es decir las causales por las cuales los agentes del orden público pueden usar armas de fuego y quedar eximidos de responsabilidades penales, presentado por el presidente Jair Bolsonaro el último jueves (21), es un intento de cohibir a los movimientos populares e imponer un Estado de excepción, de acuerdo con el especialista en seguridad pública Alberto Kopittke, director del Instituto Ciudad Segura y asociado al Foro Brasileño de Seguridad Pública.
En entrevista con Brasil de Fato, el afirma que el PL no tiene vinculación con el paquete anticrimen de Sergio Moro, sino que es una reproducción del decreto emitido por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, el 16 de noviembre último, en su intento de reprimir al pueblo en las calles después del golpe contra Evo Morales.
La idea sería legitimar en Brasil el uso de las Fuerzas Armadas en situaciones de Garantía de la Ley el Orden (GLO). Estas son operaciones de seguridad autorizadas por el Poder Ejecutivo con la participación de fuerzas de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, que se llevan a cabo en situaciones de grave perturbación del orden público, cuando las fuerzas tradicionales de seguridad pública (policías estaduales sobre todo) se agotan.
Kopittke afirma, además, que el proyecto pone en riesgo movimientos populares, las policías y, principalmente, la democracia en el país.
A continuación, la entrevista completa:
Brasil de Fato: ¿El proyecto de ley de exclusión de ilegalidad es más sobre represión las manifestaciones sociales que sobre seguridad pública?
Alberto Kopittke: Es importante que la sociedad perciba que este segundo proyecto no es una copia del proyecto enviado por Moro.
Este es específicamente para GLO, que son operaciones que raramente tienen algún tipo de confrontación con personas armadas, grupos criminales. Las GLO, normalmente son para huelgas, una cosa así, o alguna catástrofe ambiental.
Este proyecto, en verdad, es una copia del proyecto de la presidenta auto declarada de Bolivia.
Su objetivo, al que el presidente ya se había referido, y el de su hijo, son las manifestaciones. Es para el caso de que llegue aquí esa ola de manifestaciones que está afectando al mundo entero, y que ahí se decrete GLO y las fuerzas de seguridad puedan hacer uso de la fuerza letal contra manifestaciones sociales.
En marcha rumbo a la capital La Paz, indígenas y campesinos cargan ataúdes de los muertos por la represión militar de las protestas contra el golpe de Estado (Foto: Aizar Raldes/AFP)
¿El PL te parece una acción de miedo del gobierno de que ocurran manifestaciones como la que vemos en países vecinos de América Latina?
Sin duda. El propio presidente ya había dicho que, cuando comenzaron las manifestaciones en Chile, consideraba actos terroristas y que iba tomar medidas para reprimir con fuerza.
Entonces, es una medida de excepción. Es la primera medida de excepción encaminada por el gobierno para que se pueda hacer ese uso de la fuerza letal en manifestaciones.
¿Cómo se acciona la GLO?
Por ahora, se necesita de una solicitud del gobernador. Pero hay un proyecto de ley en trámite en la Cámara, que ya fue aprobado en el Senado, que retiraría la necesidad de autorización del gobernador.
Es un estado de excepción, que no necesita pasar por el Congreso, y ahí ya no va a necesitar ni la autorización del gobernador.
El presidente dijo, este lunes (25), que quiere emplear la GLO en la restitución de tenencia en propiedades rurales. ¿Cuál es su opinión sobre este punto?
Además de todo, es un irrespeto con las policías, a pesar de todos los problemas que aún escuchamos, de uso abusivo de la fuerza en ese tipo de situación.
Cuando miramos América Latina, lo que está sucediendo, Brasil conseguía ir evolucionando poco a poco, con la presión dos movimientos sociales.
Ahora, vamos a volver hacia atrás para aplicar Fuerzas Armadas para resolver todo lo que es problema de Brasil, con autorización para matar. No se va a necesitar tener policía en Brasil.
¿Básicamente, las Fuerzas Armadas van a cumplir el papel de policía y la policía va a cumplir el papel de nadie?
Si. El gran punto malo de eso fue, infelizmente, en el gobierno Dilma, en la reglamentación de la GLO, cuando se cambió el concepto de fuerza oponente, en la portaria que reglamentó la GLO, en 2013.
¿Cuál fue el cambio?
El concepto de fuerza oponente es lo que autoriza el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas.
Hasta entonces, lo que todas las democracias usan es que las Fuerzas Armadas sólo pueden entrar en acción contra Fuerzas Armadas de países soberanos.
Nunca pueden entrar en acción dentro [del país]. En 2013, eso cambió. Y la última barrera que falta ahora es autorizar el uso de la fuerza letal con la "exclusión de ilegalidad".
¿Unir la autorización para GLO con la exclusión de ilegalidad puede abrir camino para masacres en restitución de tenencia, como sucedió en la de Eldorado de Carajás?
No tengo duda que va a suceder.
Las Fuerzas Armadas se van a ensuciar las manos de sangre con problemas que no tienen nada que ver con soberanía nacional.
Porque las Fuerzas Armadas tienen mucha menos capacidad de lidiar con el uso progresivo de la fuerza que las policías.
Fuerzas Armadas no hay herramientas para usar progresivamente la fuerza. Pasa directamente al uso de la fuerza letal. El riesgo de tener enfrentamientos letales es muy grande.
¿Usted ve riesgo, en las restituciones de tenencia, para movimientos sociales como el MST?
El objetivo de todo esto son los movimientos sociales. Con certeza, el objetivo del gobierno es encuadrar al MST y a otras organizaciones de lucha por vivienda como movimientos terroristas.
Es un gran peligro para la democracia lo que estamos viendo.
¿El PL es un primer paso para instaurar una dictadura?
El propio presidente no se cansa de hablar de su admiración por regímenes autoritarios y por irrespetar las instituciones de Brasil.
Este proyecto es el primero de ese nuevo modelo, que pretende instaurar un régimen de uso de la fuerza cada vez más progresiva. Infelizmente, Brasil camina hacia un régimen de excepción.
Con ese régimen instaurado, se vuelve muy difícil revertirlo,¿no?
Sí. Es necesario que un conjunto de fuerzas democráticas de un espectro más amplio, inclusive ideológico, perciban que es un momento de mucho riesgo.
No se trata de un problema meramente de izquierda o de derecha. Es un problema democrático para el país.
La última vez que sucedió eso tomó 25 años que Brasil tenga elecciones de nuevo. Me parece que las fuerzas democráticas aún no lo percibieron y están preocupadas solo con el calendario electoral.
¿Cómo necesitan actuar las fuerzas democráticas en este momento?
Creo que falta una coalición supra ideológica de compromiso con principios democráticos, que involucre un compromiso de la sociedad brasileña de prohibir todo aquello que amenace la democracia, independientemente si es de izquierda o de directa.
Todo lo que pueda prohibir la libertad de expresión, la libertad cultural y que amenace con el uso de la fuerza.
Se necesitaría una alianza democrática más amplia que la que se tiene hoy, porque lo que gobierno intenta hacer es decir que todo es contra la izquierda. Y me parece que algunos sectores de la izquierda no percibieron eso y siguen aislándose.
Para usted, ¿se trata de un compromiso mucho más con la democracia que con elementos partidarios o ideológicos?
Exactamente. Lo que está en riesgo no es liberalismo versus socialdemocracia o socialismo. Modelos diferentes y que son legítimos.
El riesgo es la libertad y la democracia. Es el bien mayor.
Me parece que eso es el elemento fundamental que esas fuerzas tienen que darse cuenta. Ahora tenemos que, independientemente de las diferencias que todo mundo tiene, hacer una coalición democrática para asegurar la democracia en el país.
Edición: Rodrigo Chagas | Traducción: Pilar Troya
