El coordinador de la ONG Proyecto Salud y Alegría, Caetano Scannavino, dijo, este martes (26), que la orden de búsqueda y captura de la que la entidad fue blanco esta fecha en el ámbito de la operación “Fogo do Sairé”, de la Policía Civil del estado de Pará, en el norte de Brasil, contenía imprecisiones.
Documentos de la institución fueron aprehendidos en Santarém (PA) en medio de siete órdenes que fueron cumplidas también en otras ONG con actuación en el estado.
“La Policía Civil llegó a nuestra oficina de una forma truculenta, armada con ametralladora, sin que sepamos por qué, sin saber cual era la acusación e, inclusive, sin decisión judicial y con una orden de captura sin definir el qué, o para qué, sin las especificidades conforme el buen derecho rige”, se quejó Scannavino.
Fundada en 1987 en la Amazonía, la ONG actúa en municipios del estado de Pará por medio de promoción y apoyo al desarrollo comunitario sustentable.
El dirigente estaba en la Cámara de Diputados para participar en una audiencia pública sobre el abastecimiento de energía eléctrica en comunidades aisladas cuando supo de la noticia sobre la operación. Se mostró sorprendido con lo ocurrido y afirmó que la ONG vivió “una mañana de terror”.
“Estamos muy preocupados porque es un equipo que trabaja día y noche en las comunidades, que no mide esfuerzos para actuar con un barco-hospital, para llevar energía y saneamiento [para la gente] con lluvia o con sol. En estos 31 años de Proyecto Salud y Alegría, hoy fue la mañana más triste de nuestra historia”, se desahogó.
Brigadistas presos
Caetano Scannavino comentó además la prisión, realizada también este martes por la mañana, de cuatro miembros de la Brigada de Incendio de Alter do Chão (PA) por la operación, que investiga su supuesto involucramiento en incendios criminales que afectaron a la región en septiembre de este año.
Las órdenes fueron expedidas por el juez Alexandre Rizzi, titular de la 1ª Sala Penal de Santarém, municipio que responde por el distrito de Alter do Chão.
Conozco personalmente a los brigadistas y son personas en quienes siempre tuve confianza, personas de buena índole.
Preguntado sobre si cree que la acción es de cuño político, Scannavino dijo que prefiere ser cauteloso con el tema, pero resaltó la importancia del trabajo de los brigadistas, que actúan de forma voluntaria en la región.
“Una cosa es el Proyecto Salud y Alegría, otra es la Brigada, pero conozco personalmente a los brigadistas y son personas en quienes siempre tuve confianza, personas de buena índole, que se voluntariaron, ya en años anteriores, a montar un frente para sumar esfuerzos con el Estado en el combate de los incendios forestales. Considero con mucho rigor la investigación, entonces, sería liviano de mi parte acusar a uno u otro, pero existe una situación clara y obvia en los últimos tempos de intentos de criminalizar a las ONG, al movimiento ambiental”, afirmó Scannavino.
La prisión de los cuatro brigadistas tiene carácter preventivo y ellos deben ser escuchados este miércoles (27) por la Justicia local en una audiencia de custodia. La Brigada de Incendios de Alter do Chão también divulgó nota pública respecto al caso.
“Al momento, miembros y simpatizantes de la Brigada están averiguando lo que llevó a este hecho. Estamos en shock con el encarcelamiento de personas que no hacen si no dedicar parte de sus vidas a la protección de la comunidad, sin embargo seguros de que cualquiera que sea la denuncia, será aclarada y la inocencia de la Brigada y sus miembros debidamente reconocida”, afirmó el grupo.
Persecución a ONG
En rueda de prensa en la Cámara de Diputados, parlamentarios de oposición que acompañan el tema ambiental en la Amazonía reaccionaron a las órdenes ejecutadas por la operación.
“Los asesinos de la Hermana Dorothy continúan operando en Pará. No vamos a aceptar ningún tipo de criminalización”, criticó Edmilson Rodrigues (PSOL, estado de Pará), citando casos de persecución a activistas, entre miembros de movimientos populares, especialistas, religiosos y otros actores.
El coordinador del Frente Parlamentario Ambientalista, Nilto Tatto (Partido de los Trabajadores, São Paulo), señaló que la operación estaría conectada con el discurso político del presidente Jair Bolsonaro y sus aliados que acusan a ONG de supuestamente promover la deforestación en la Amazonía y otras ilegalidades.
Tatto destacó que la iniciativa se suma al intento de instalación de una CPI [Comisión Parlamentaria de Investigación] de las ONG, patrocinada por gobiernistas.
“Todo esto está en la lista de la deforestación de la Amazonía y esa acusación [de la operación]. Se está produciendo allí [en Pará] algo para poder dar base a ese discurso mentiroso e intentar pasar aquí dentro del Congreso Nacional, esa CPI”, atribuyó el petista.
Los asesinos de la Hermana Dorothy continúan operando en Pará. No vamos a aceptar ningún tipo de criminalización
El añadió que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara venía articulando una visita a Alter do Chão para tratar de los incendios ocurridos en septiembre y que, ahora, el colegiado deberá lidiar también con el caso de la operación.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías, Helder Salomão (PT-ES), informó que irá oficiar la Secretaria de Seguridad Pública de Pará y otros órganos del estado para pedir datos de la investigación en cuestión. “Está todo muy nebuloso en esa operación. Queremos que las cosas queden claras”, afirmó.
Reacciones
El tono de los parlamentarios fue el mismo adoptado por entidades de la sociedad civil organizada que se manifestaron respecto al caso.
En nota pública, la Asociación Iwipuragã, del pueblo indígena Borari, expresó solidaridad con los cuatro brigadistas presos, a los cuales se refirió como “compañeros”.
La entidad clasificó las prisiones como “un gran tinglado” y dijo que el grupo ha actuado en defensa del territorio de la comunidad.
“Conocemos la seriedad del trabajo y la honestidad de los nuestros brigadistas. Entendemos que estas acusaciones forman parte de una estrategia para desmoralizar y criminalizar a las ONG y movimientos sociales de forma calumniosa. Nuestro territorio viene sufriendo enorme presión de especulación inmobiliaria que atropella los derechos de los pueblos originarios y los planes de sustentabilidad para la región. Las ONG y los movimientos sociales, así como moradores locales con formación técnica vienen sumando fuerzas, en la resistencia”, subraya el documento.
En la misma línea, Amnistía Internacional levantó cuestionamientos sobre la transparencia de la operación y afirmó que “no hay, hasta el momento, información sobre las investigaciones o los procedimientos adoptados por las autoridades contra los acusados que justifiquen la decisión de encarcelarlos”.
“Es lamentable que, el mismo día en que publicamos una investigación consistente, con análisis de datos oficiales e información pública, evidencias recolectadas en campo y entrevistas con servidores públicos, líderes indígenas y comunidades tradicionales, mostrando comprobadamente como la pecuaria está por detrás de la deforestación y de los incendios en la Amazonía, acontezcan prisiones sin ninguna transparencia o información oficial sobre los procedimientos adoptados por las autoridades”, afirmó la directora ejecutiva de la entidad, Jurema Werneck.
Edición: Rodrigo Chagas | Traducción: Pilar Troya
