El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgaron comunicados públicos en los que repudian el uso de las fuerzas armadas para restituciones de tenencia de tierra en el campo.
En la visión de las organizaciones, la llamada Garantía de la Ley y el Orden (GLO), prometida por el presidente Jair Bolsonaro (PSL) este lunes (25), corresponde a una acción para intentar criminalizar a los movimientos populares.
La evaluación parte no sólo de representantes de los propios movimientos, sino también de estudiosos y observadores de las cuestiones relativas al derecho a la tierra y a la reforma agraria.
El tema volvió al debate la semana pasada con la presentación por el gobierno del nuevo proyecto de ley que propone la ampliación de la denominada exclusión de ilegalidad para militares que actúen en operaciones de GLO.
El capitán retirado afirmó que estudia enviar al Congreso Nacional un proyecto previendo la aplicación de acciones de la llamada GLO en situaciones de ocupación de tierra. Para el MST, además de proteger a los ruralistas, la medida amenaza la vida en el campo brasileño.
"La defensa de los derechos humanos es parte del proceso histórico de las luchas de los pueblos y su conquista, así como su garantía, depende de la capacidad de organización y de lucha de los trabajadores y trabajadoras y de los demás sectores expropiados de los bienes esenciales para la supervivencia humana. Ante este escenario, el MST reafirma su disposición a la lucha por el libre derecho de manifestación previsto en Constitución y por el cumplimiento de la función social de la tierra – también previsto en Constitución", dice la nota.
La CPT enfatiza que Bolsonaro propone utilizar la fuerza del Estado para garantizar los intereses del capital y la propiedad privada, además de intensificar los conflictos agrarios. El MST tiene el mismo entendimiento.
"Esa defensa ciega de la propiedad privada del gobierno de Bolsonaro nos coloca en una situación anterior a la ley de tierras de 1850. Además de eso, medidas y declaraciones como estas colocan combustible en los conflictos ya en curso en el campo, principalmente en las áreas indígenas. Esa GLO ciertamente no será empleada contra grileiros*, invasores de tierras públicas de la Unión y tierras devueltas", critica el MST.
La CPT también evalúa que el gobierno de Bolsonaro sigue una escalada autoritaria que, en el fondo, representa una "licencia para matar".
Abajo, la nota de la CPT completa:
"La Dirección y Coordinación Ejecutiva Nacional de la CPT se juntan hoy al coro de indignación que se levanta en todos los rincones del país, ante la anunciada intención del presidente Jair Bolsonaro de crear una Garantía de la Ley y el Orden – (GLO) del campo, para autorizar la intervención federal cuando gobernadores estaduales retrasen la ejecución de órdenes judiciales de restitución de tenencia. Así atendería al acuerdo hecho con los grileiros, hacendados, madereros y milicianos rurales, incomodados por la demora en la ejecución de las órdenes.
El presidente tasa los que luchan para defender o conquistar un pedazo de tierra para trabajar, como “marginales que invaden una propiedad rural”. Los indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales, trabajadores y trabajadoras rurales, bem como los sin tierra viven días nefastos y bajo constante inseguridad.
Esto es lo que quiere el presidente, sumiso a los intereses ruralistas: atropellar prerrogativas estaduales y garantizar impunidad a policiales y militares que disparen contra personas en restitución de la tenencia de propiedades rurales ocupadas o ya con tenencia efectiva. ¡Es una licencia para matar!
Seria extender al campo el proyecto de ley enviado al Congreso el 21/11 que tiene el objetivo de eximir de castigo a agentes de seguridad que cometieren crímenes y excesos durante otras operaciones de GLO (“exclusión de ilegalidad”).
La petición de este aumento de la violencia del Estado corresponde a las presiones del capital agrario y minero por la expansión sin frenos de sus emprendimientos dañinos contra la tierra, el agua, los bosques y las personas. Incluso un nuevo AI-5 ha sido reiteradamente sugerido como medio de entregar lo prometido por el capitán-presidente a los que financiaron su viciada elección.
Repudiamos el desmantelamiento continuo de las instituciones que garantizan los derechos de las y de los ciudadanos, en este caso propuesto con la intervención federal en la esfera estadual. El deber principal del Estado en cada esfera es de garantizar la integridad física de las personas. El actual Presidente de la República propone utilizar la fuerza del Estado para garantizar los intereses del capital y la propiedad privada.
El sábado último, el periódico Folha de São Paulo trajo una materia en que informa que están guardados 66 proyectos de asentamientos que cumplieron todas las etapas legales exigidas y están listos para ser ejecutados, sólo falta la firma del presidente. No obstante, ninguno de ellos fue firmado hasta el momento y, consecuentemente, ninguna familia fue asentada.
Al mismo tiempo hay un proyecto de ley del diputado Eduardo Bolsonaro, que pretende caracterizar mal la función social de la propiedad de la tierra, para favorecer a los grandes terratenientes. En este contexto, la violencia del Estado contra los pueblos del campo también ha aumentado.
El lunes (25) se dio el desalojo de 700 familias vinculadas al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST en el estado de Bahia, que, desde 2012, cultivaban la tierra en los campamentos Abril Vermelho, en el Proyecto Salitre, en Juazeiro; e Irmã Dorothy y Iranir de Souza, en el Proyecto Nilo Coelho, en Casa Nova, áreas públicas de la estatal Compañía de Desarrollo de los Valles de São Francisco y Parnaíba – CODEVASF.
Los desalojos fueron violentos, a pesar de que la Policía Federal dijo en un comunicado de prensa que la desocupación sucedió de manera pacífica en todas las áreas. La Policía Militar ignoró la Resolución No. 10 de 2018 del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que trata exclusivamente de los desalojos, y violó los derechos humanos de las personas en los campamentos.
La acción comenzó en la madrugada, cuando arrojaron bombas de gas y aerosol pimienta sobre los acampados. Las casas fueron destruidas, trabajadores fueron heridos y las familias están sin tener a dónde ir. Muchos niños y ancianos se despertaron faltándoles el aire debido al humo y llegaron a desmayarse.
Esto muestra el total irrespeto de las fuerzas policiales por las recomendaciones que, después de la Masacre de Eldorado dos Carajás, en el estado de Paraná, en 1997, fueron determinadas para este tipo de operaciones. Recomendaciones que la GLO del campo, de Bolsonaro, quiere suprimir.
La CPT se pregunta: ¿hasta cuando los pobres de esta tierra serán vistos y tratados como potenciales infractores de las leyes que tienen que ser combatidos y contenidos a la fuerza, cuando en verdad son ciudadanos con derechos, inclusive a la propiedad, producen los alimentos saludables que comemos y cuidan de las aguas, de las plantas y de la calidad del medio ambiente de la cual todos dependemos para vivir?
Así como Dios se hizo presente en medio de su pueblo, yendo con el al exilio y, por fin, perseguido y crucificado en Jesucristo, creemos que su presencia continua viva y actúa junto con todas las personas que sufren en este mundo".
*individuo que legaliza inmuebles con títulos de propiedad falsificados.
Edición: Rodrigo Chagas | Traducción: Pilar Troya
