Durante los primeros días de administración en enero de 2019, el gobierno de Jair Bolsonaro ya había demostrado que pondría en práctica la posición adoptada durante su campaña electoral con respecto a las cuestiones agrarias. Con el pasar de los meses, las violentas declaraciones se tradujeron en acciones gubernamentales. Las declaraciones continuaron aumentando en agresividad, lo que, según los observadores, ha hecho que las relaciones en el campo de Brasil sean aún más tensas.
En el periodo electoral, Bolsonaro defendió cerrar las escuelas del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), dar respaldo legal a quienes matan a ocupantes de la tierra y poner fin a la expropiación de la tierra de los terratenientes denunciados por trabajo esclavo. También comparó a los trabajadores rurales terroristas.
En 5 de enero, antes de que su gobierno completara siete días, se registró el primer acto de violencia. Guardias de seguridad de una empresa privada asesinaron a una persona e hirieron a otras ocho en una ocupación en la Hacienda Agropecuária Bauru, en Colniza, municipio de Mato Grosso (región centro oeste de Brasil). En esa ocasión, la declaración de uno de los guardias ya demostraba que el discurso beligerante del gobierno había influenciado el clima de permisividad a actos violentos.
“Hubo invasión de los sin tierra, que ahora ya no son sin tierra. Según Bolsonaro, son bandoleros... murieron dos bandoleros y otros cinco fueron abaleados y están en el hospital”, afirmó el jefe de los vigilantes a un portal de noticias local. Cuatro de los autores del crimen fueron detenidos acusados por homicidio e intento de homicidio. Pero la justicia liberó a los acusados dos días después del crimen.
También en enero, el gobierno determinó la interrupción de todos los procesos para compra y demarcación de tierras para asentamientos. Algunas semanas después, el secretario especial de Asuntos Fundiarios, Luiz Antonio Nabhan Garcia, tildó las escuelas del MST de “pequeña fábrica de dictadores” y afirmó que el gobierno iba a trabajar para cerrar las instituciones que atienden a más de 200 mil niños y jóvenes.
Integrante del MST exhibe la producción del asentamiento sin tierra Zumbi dos Palmares, en Paraíba. (Foto: Thaís Peregrino)
En medio a la ofensiva del discurso violento del gobierno federal, administraciones estaduales también conservadoras, empezaron a actuar.
En la última semana de febrero, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) determinó el cierre de las actividades en la Escuela Estadual Eduardo Galeano. La institución funcionaba desde hace tres años en el campamento Quilombo Campo Grande sin apoyo gubernamental para transporte o alimentación.
Días después, en Chapada Diamantina (Bahia), la Policía Militar invadió el campamento Mãe Terra (Madre Tierra) y arrestó a dos trabajadores rurales sin orden de detención.
En Pernambuco, 450 familias recibieron un orden de desalojo en un campamento ubicado en el ex ingenio Maravilha. El local estaba ocupado desde 2012, con producción de alimentos sanos, viviendas y una escuela.
En Oeste de Paraná, la justicia determinó la toma de posesión del pre asentamiento Jangadinha, en el municipio de Cascavel, que producía 2.000 kilos de alimentos por semana.
Frentes de ataque
El intento de debilitamiento de movimientos sociales que luchan por la tierra no fue solo discursivo.
También en febrero, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) recibió la disposición de cerrar negociaciones con entidades sin personería jurídica, lo que paralizó diversos frentes de diálogo. Días después, bajo recomendación de la Procuraduría General, el gobierno retrocedió tras la alerta de que la medida podría desatar ilegalidades e inconstitucionalidades.
Isolete Wichinieski, economista y coordinadora nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra, analiza que hay un intento de vaciamiento de los procesos de asentamiento.
“Todos los órganos vinculados al tema de la reforma agraria fueron desmantelados. Todas las políticas para el campo están paralizadas. Para complicar la situación, hay un desmantelamiento de los procesos de posesión comunitaria. Asentamientos y campamentos con más de diez años, en proceso de emisión de títulos, han sido expulsados de su tierra”.
Hay más de 2 mil escuelas públicas en asentamientos y campamentos del MST en Brasil. En la foto, la Escuela Municipal Campesina Trabajo y Saber, en el asentamiento Eli Vive I, en Paraná (Foto: José Carlos de Jesus Lisboa)
En abril, Bolsonaro volvió a atacar el MST directamente. En una emisión directa en sus redes sociales, el mandatario derechista afirmó que pretendía calificar las ocupaciones del movimiento como actos de terrorismo y defendió que terratenientes podrían disparar contra ocupantes sin que la acción sea considerada un crimen.
Muertes y desalojos
En marzo la coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas, Dilma Ferreira Silva, fue asesinada con crueldad en el asentamiento Salvador Allende, en Pará.
Su marido, Claudionor Costa da Silva e Hilton Lopes, amigo de la pareja, también fueron asesinados. El autor intelectual del crimen, el hacendado Fernando Ferreira Rosa Filho, de 43 años, fue detenido. Según las investigaciones, su objetivo era ocupar parte de la tierra del asentamiento y utilizar documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de la tierra, método que en Brasil se llama grilagem.
A lo largo del año, hubo acciones de desalojo en diversos estados.
Una de las iniciativas más exitosas e históricas del MST, el Centro de Formación Paulo Freire fue blanco del gobierno de Bolsonaro. Ubicado en el Asentamiento Normandia, en Caruaru, municipio del estado de Pernambuco, la escuela ofrecía cursos, talleres, charlas y actuaba en asociación con el gobierno estadual y universidades,
La orden de desalojo fue firmada por el INCRA, la institución que dos décadas antes posibilitó la creación del centro de formación.
Toma de posesión en 7 de agosto en el campamento del MST Comuna Marisa Letícia, en São Gonçalo, en Rio de Janeiro (Foto: Aedson Epstein)
Las embestidas del gobierno de Jair Bolsonaro contra los movimientos sociales que actúan en el campo no cesaron.
El 25 de noviembre el mandatario afirmó que pretendía enviar al Congreso Nacional un Proyecto de Ley para permitir operaciones bajo la llamada Garantía de La Ley y el Orden (GLO) durante acciones de toma de posesión. Caso sea aprobado, el proyecto garantizaría la actuación de agentes federales, incluso agentes de las Fuerzas Armadas, en esas acciones.
Kelli Mafort, de la dirección nacional del MST, afirma que el discurso de odio por parte del gobierno hacia los trabajadores del campo autoriza eventos violentos protagonizados por agentes de seguridad pública y de empresas privadas que actúan como paramilitares.
“El mismo día en que Jair Bolsonaro habló sobre GLO Rural, tuvo lugar uno de los más brutales desalojos del año, en el estado de Bahia. Un desalojo determinado por una institución gubernamental, incumpliendo acuerdos y con la presencia de la Policía Federal”.
Kelli comenta la acción de que afectó a 700 familias en los campamentos Abril Vermelho [Abril Rojo], Dorothy e Irany, ubicados en los municipios de Casa Nova y Juazeiro, en Bahia. Además de agentes de la Policía Federal, participaron de la acción policías militares y guardias privados.
Hubo disparos y bombas de gas lacrimógeno. Las familias vivían en el lugar desde hace diez años, debido a un acuerdo firmado entre el gobierno federal, el gobierno estadual, el INCRA, la Defensoría Agraria [que recibe denuncias relacionadas a conflictos agrarios], la Compañía de Desarrollo Vale São Francisco y la Fiscalía General.
En diciembre, nuevas acciones violentas: los campamentos Zequinha y Patria Libre, en la región metropolitana de la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, fueron allanados sin orden. Los guardias de seguridad montaron un cerco y asediaron las más de 1.200 familias que viven en la región.
Tres días después de la invasión fueron registradas denuncias de atropellamiento, destrucción del patrimonio y plantíos y asedio sexual.
Laurindo Pereira da Silva, alias don Pepeu, recibió un disparo con bala de goma durante el desalojo (Foto: MST)
Ruralistas
Pocos días antes, Bolsonaro había firmado la Medida Provisional del Programa de Regularización Fundiaria, que en teoría simplificaría el proceso de titulación de tierras. Sin embargo, especialistas analizan que la medida corresponde a intereses de terratenientes y pone en riesgo la protección ambiental.
En una entrevista concedida a Brasil de Fato, la investigadora Brenda Brito, del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente en la Amazonía (Imazon), considera que la medida podrá incitar la invasión de tierras públicas y la deforestación ilegal.
“Esto porque cambia la fecha que determina hasta cuándo una tierra pública tiene que haber sido ocupada para tener derecho a la titulación, cumpliendo algunos requisitos. Siempre que se cambia esta fecha el mensaje es que se puede cambiar la ley para beneficiar a quienes están robando tierras públicas”, explica.
Ante la violencia, muertes e intentos de debilitamiento de los movimientos campesinos, la producción sigue.
Actualmente el MST es el productor más grande de alimentos orgánicos en Brasil. Son centenas de cooperativas, más de 90 agroindustrias y 1.900 asociaciones. Los productos no son comercializados solo en Brasil, sino también en otros países de Latinoamérica, así como en Norteamérica, Europa y Oceanía.
Edición: Rodrigo Chagas | Traducción: Luiza Mançano
