Ya era la noche del sábado 7 de abril de 2018, cuando el helicóptero de la Policía Federal (PF) aterrizó sobre el edificio de la Superintendencia de la PF en Curitiba, llevando consigo al presidente más popular de la historia reciente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Su prisión marcaría el destino de la política brasileña, decidido en la urnas, en octubre de ese mismo año.
Fue una larga jornada desde el decreto de prisión emitido por el entonces juez de la causa Lava Jato, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, el día 5 abril, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazara un pedido de habeas corpus preventivo, presentado por la defensa del ex mandatario.
La militancia petista y de los movimientos populares de izquierda cercó el Sindicato de Metalúrgicos del ABC paulista, buscando en vano, impedir "el secuestro" de Lula. Antes de presentarse a las autoridades en Curitiba, el ex presidente dio un discurso emocionado, en el cual prometió resistir a la injusta prisión y seguir luchando para probar su inocencia.
Pero, ¿cuándo comenzó todo? ¿Qué llevó al mayor líder político del país a prisión? ¿De qué se le acusa? ¿A quién le interesa su encarcelamiento? Estas y otras preguntas, Brasil de Fato busca responderlas a lo largo de los últimos años, desde el inicio de la persecución jurídica desatada por los agentes de la Operación Lava Jato.
Antecedentes
El país despertó el 4 de marzo de 2016 sorprendido por una acción de fuerza de la Operación Lava Jato, que invadió, en las primeras horas de la mañana, el apartamento del ex presidente Lula, en la ciudad de São Bernardo do Campo, en la región del ABC del estado de São Paulo. La acción coercitiva fue autorizada por el ex juez Sergio Moro antes de haber convocado al petista a declarar. Todo fue transmitido en directo por algunos medios de comunicación nacionales que fueron advertidos previamente de la operación, según denunció el propio ex presidente Lula tras ser liberado.
A partir de entonces, la defensa del ex presidente pasó a denunciar públicamente la práctica del llamado "lawfare" contra Lula. En resumen, consiste en una estrategia que articula decisiones judiciales con acciones mediáticas, procurando alcanzar moralmente al acusado, condenándolo antes incluso de concluidas las investigaciones.
Para Aury Lopes Júnior, jurista, especialista en Derecho Procesal Penal, la práctica del lawfare puede ser verificada en diversos momentos en que se percibe una tramitación diferenciada del proceso judicial con objetivos políticos. Pero, según Lopes, los problemas relacionados no pueden ser resumidos a eso. "Tenemos preguntas formales relacionadas con el juez natural, la ruptura de la imparcialidad, que son evidentes, la contaminación del juez Sergio Moro en este caso es muy evidente, no sólo en éste sino en varios otros, donde hay un prejuicio, una precomprensión, y esto es algo que salta a la vista".
La denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) contra el ex presidente vendría tan sólo cinco días después de la conducción coercitiva, cuando el procurador de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, protagonizó la famosa escena, que más tarde sería tema de memes en las redes sociales, de un power point que vinculaba los casos de corrupción de Petrobras a una foto del ex presidente, en el centro de la pantalla. En ese momento, Lula era acusado de ser "el jefe" de todo el esquema de corrupción revelado en la empresa estatal.
El juego político de Sergio Moro, el juez ministro
El 20 de septiembre de 2016, el entonces juez de la 13ª Sala Penal de Curitiba, Sergio Moro, decidió aceptar la denuncia del MPF contra Lula en el caso triplex. Según la causa Lava Jato, el ex presidente habría recibido coima de la constructora OAS, por vía de una reforma de un apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral paulista. Por el caso, acusaba al ex mandatario de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El 10 de mayo del año siguiente (2017), Lula da testimonio por primera vez al juez de Curitiba. Durante la audiencia, la defensa del ex presidente presenta pruebas de que el apartamento jamás había sido de propiedad de la familia Lula da Silva, como explica el abogado Cristiano Zanin Martins.
"La acusación no hizo ninguna prueba de culpa del ex presidente Lula. La sentencia condenatoria, así como la confirmación de ella en segunda instancia se dio fundamentalmente sobre la base de un testimonio de un arrepentido, es decir, un testimonio prestado sin compromiso con la verdad, y por una persona claramente interesada en obtener beneficios del Ministerio Público. Por otro lado, nosotros probamos durante varias audiencias, después de las declaraciones de 73 testigos, de que el ex presidente Lula no practicó ningún acto ilícito, no practicó ningún acto de oficio, no recibió ninguna contrapartida, a diferencia de lo que se afirmó en la denuncia hecha por el Ministerio Público".
Después de 10 meses de proceso, el 12 de julio de 2017, Moro condena a Lula a nueve años y seis meses de prisión en régimen cerrado. Una sentencia que, para abogado criminalista Fernando Hideo, carecía de criterios jurídicos bien definidos por la Constitución Federal y las leyes brasileñas. "[Se trata de] una sentencia que desconsidera todo el conjunto probatorio de la defensa y se afilia simplemente a la palabra de un delator informal".
La decisión de la primera instancia iba a ser confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) el 24 de enero de 2018, cuando Lula era señalado por todas las encuestas de intención de voto como el favorito para ganar las elecciones presidenciales de aquel año.
Incluso con la prisión del ex presidente el 7 de abril de 2018, el juez Sergio Moro no se alejó totalmente del caso, como dice la regla del sistema judicial. El 8 de julio, el juez de segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la 4ta Región, Rogério Favretto, reconoce la ilegalidad de la prisión de Lula y determina su liberación. La decisión generó una guerra de medidas provisionales y terminó siendo incumplida por las autoridades de ejecución penal, tras intervención directa del juez Moro.
El caso escandalizó al mundo jurídico. "Es un episodio lamentable, realmente lamentable, y lo que se vio este fin de semana fue un capítulo vergonzoso de la historia del proceso penal, precisamente porque nunca se vio nada similar a aquello: una guerra de decisiones en un fin de semana".
Las sucesivas intervenciones del juez Moro para mantener preso y en silencio al ex presidente durante el proceso electoral no serían en vano. La consiguiente inhabilitación del ex presidente para concurrir a las elecciones presidenciales facilitó el ascenso del liderazgo de la extrema derecha en el proceso, resultando victorioso Jair Bolsonaro. Después de la elección, Sergio Moro se convirtió en el Ministro de Justicia del nuevo gobierno.
