Cerca de 70 moradores de comunidades afectadas por la fuga de relaves de la refinería Hydro Alunorte en febrero de 2018, se reunieron la mañana del lunes último (17), frente a la sede del Ministerio Público Federal (MPF), en la ciudad de Belém, estado de Pará, al norte de Brasil, para reclamar modificaciones de los Términos de Ajuste de Conducta (TAC) firmados por la empresa en septiembre de 2018.
El documento se refiere a acciones de emergencia asumidas por la empresa noruega, el Ministerio Público Federal (MPF) y el Ministerio Público Estadual (MPPA). El acuerdo surgió en función de denuncias de la población con relación a la contaminación de los ríos del municipio. La Hydro Alunorte niega la filtración y, por medio de nota, dijo que sigue cumpliendo los compromisos firmados en el TAC.
Con todo, Maria Andréa Pereira, 36 años, moradora de la comunidad del Acuí, en Barcarena, afirma que las acciones de emergencia son insuficientes ante los impactos causados por la minería en el municipio. Ella cuenta que la polución ambiental viene de hace muchos años y que su abuelo falleció a consecuencia de la contaminación.
"Tenemos unas personas allá que realmente fueron afectadas. Tenemos exámenes que lo comprueban. Mi abuelo falleció por problemas [consecuencia] de los metales. Cuando el falleció no habíamos recibido aún esos informes. En este caso nos quedamos sin saber a quien acudir", lamenta.
Según ella, la contaminación en el municipio continua y la prueba de ello son las constantes enfermedades, sobre todo, enfermedades de piel.
"Nuestros brazos de pantano se volvieron rojos y eso causó comezón a las personas de la comunidad. Hasta hoy hay gente que tiene picazón en el cuerpo: va al hospital; trae la receta médica; compra el remedio; pero no mejora", afirma.
José de Jesus, morador de Abaetetuba y Rosiclea Ferreira también de Abaetetuba reclaman soluciones para los padecimientos en Abaetetuba. / Catarina Barbosa
Para el agricultor y pescador José de Jesus, de 67 años, morador de la Ilha do Capim, una comunidad tradicional de Abaetetuba, levantarse de madrugada para dirigirse al MPF forma parte de una lucha trabada por la población tradicional, quilombola [habitantes de comunidades ancestrales de afrodescendientes] y ribeirinha [habitantes de las orillas de los ríos o arroyos] de Barcarena y Abaetetuba.
"Salimos a las 3 de la madrugada del municipio de Abatetuba, Ilha do Capim, comunidad Santo Antonio y ahí todo ese pueblo que está aquí es de las islas. Los ribeirinhos junto con el personal del Conde y aquí de Barcarena trabajamos en un sólo grupo reivindicando nuestros derechos", afirma.
Rosiclea Silva Ferreira, de 42 años, también despertó de madrugada. Para ella, reclamar a las instituciones públicas es la única forma de hacer que la gente perciba que en Barcarena hay personas sufriendo, con dolores, diarrea, vómito y comezón. Ella afirma que los síntomas identificados en las personas después de la fuga de febrero de 2018 continúan hasta la actualidad.
"Continúan, continúan sintiéndose mal. Dentro de nuestro río, tenemos muchas personas enfermas, no sabemos que hacer. Vinimos buscar una respuesta. Esperamos que el poder público de alguna solución y mire con cariño a nuestra comunidad del municipio de Abaetetuba, que está pasando por una situación difícil. Perdimos los peces que teníamos, de donde sacábamos nuestro pescado del día a día", afirma diciendo que ahora tanto el agua como los peces están contaminados.
La mujer que también es pescadora recuerda la época en que en el río había camarón y peces en cantidad suficiente para su sustento y el de su familia.
"Había mucho camarón, mucha pescada, mapará y hoy en día ya no tenemos más esos peces en cantidad suficiente. El pescador ya está quedando en una situación que se va para afuera y vuelve sin nada, porque no hay. Soy pescadora, yo se de eso", asegura.
Barcarena está contaminada por metales pesados
Según la Hydro Alunorte "más de 90 inspecciones y visitas técnicas de instituciones públicas, como el Cuerpo de Bomberos Militar (CBM), Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Estado de Pará (SEMAS), Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Económico (SEMADE) de Barcarena, Defensa Civil Municipal de Barcarena, Defensa Civil del Estado de Pará, Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA), confirmaron que no hubo fuga o transbordo en febrero de 2018".
El fiscal de la República del Ministerio Público Federal (MPF), Ricardo Negrini, explica que la empresa admitió al MPF la descarga de agua no tratada directamente en el río Pará, así como la utilización de una tubería que no estaba autorizada para verter efluentes en el río. En su análisis, el medio ambiente fue contaminado y eso no debía haber sucedido.
"Aunque exista algún pendiente para confirmar la existencia o no de filtraciones: el Instituto Evandro Chagas entiende que hubo, entendemos en el Ministerio Público que esa filtración aún podría ser mejor confirmada por análisis complementarios y algunas otras pruebas que estamos intentando encaminar, pero todo eso es completamente secundario, porque es un hecho más que comprobado y admitido por la propia empresa, que hubo fuga de efluentes desde dentro de la empresa hacia afuera. Esa fuga ocurrió por medio de tubería que no estaba autorizada y también por medio de la descarga de agua no tratada directamente en el río Pará en grandes volúmenes. Eso fue admitido por la empresa. Entonces si el derrame sucediõ por debajo o por encima de las estructuras, por medio de filtración, eso es secundario, el hecho es que ocurrió una fuga. Sucedió algo que no debía haber ocurrido. Una contaminación venida de dentro de la Alunorte hacia el ambiente externo", señala.
El fiscal de la República explica además que inmediatamente después de lo ocurrido, en febrero de 2018, surgieron informes tanto del Instituto Evandro Chagas (IEC), como de la propia empresa, hechos a pedido de la Hydro Alunorte.
"La Hydro Alunorte contrató consultorías propias, unilateralmente buscó esas empresas, esas consultorías e hizo dictámenes, confeccionaron informes cuestionando los dictámenes oficiales que teníamos. Eso para nosotros, realmente, no tiene validez, no va a ser considerado para tomar la decisión. Por eso que el TAC prevé que las auditorias que ella va a contratar son auditorias que van a seguir todo un proceso transparente de selección del MPF, además de supervisión de las propias comunidades, por medio del Comité de Acompañamiento del TAC", explica.
La próxima fase del TAC será el pago de un salario mínimo para las familias afectadas – por el período de un año – mediante el levantamiento realizado por una auditoria independiente. Las acciones como entrega de agua ya acabaron.
Según el documento, la entrega de agua era de emergencia, apenas por el período de cinco meses, el vale-alimentación aún está siendo entregado a algunas comunidades. La etapa de la auditoria será realizada en 2020 y será hecha con supervisión del Ministerio Público, MPF, MPPA y Secretaria Estadual de Medio Ambiente.
"Es el mismo resultado que tendríamos de un perito oficial con la diferencia de que la empresa va a costear todo el proceso selectivo, toda la fase de pagos para que no gastemos dinero público en eso", explica.
Además de eso, el fiscal refuerza la validez de los informes del Instituto Evandro Chagas (IEC) puntualizando que cualquier nuevo estudio deberá llevar en consideración el trabajo hecho por el IEC.
"Con relación a los informes del Instituto Evandro Chagas, serán considerados obrigatoriamente, porque la auditoria que va a analizar lo que aconteció en febrero de 2018 y las auditorias que van a medir las contaminaciones van a partir de información ya existente, recogida en la época. La información del Instituto Evandro Chagas es fundamental para realización de los nuevos estudios. Entonces, además de obtener nuevos datos, las auditorias se van a enfocarse en los datos ya recogidos, ya analizados. Cualquier nuevo estudio va a tener que tomarlos en consideración".
Con relación al número de personas reconocidas como afectadas, el fiscal explica que hasta el momento aproximadamente 20.000 familias fueron consideradas afectadas por el crimen ambiental de febrero de 2018.
"La empresa concordó en hacer el pago inmediato, sin ninguna discusión de impacto ambiental, de un determinado valor con relación a ese grupo de la cuenca hidrográfica del río Murucupi. Ese valor estuvo en vigor por cinco meses para cada familia y hay algunas familias todavía aguardando pendientes", detalla.
Con relación a otras comunidades que reivindicaban ajustes en el TAC, el fiscal aclara que la mitigación de los impactos ambientales será realizada mediante nuevos exámenes y dictámenes.
"Con relación a otras comunidades que estuvieron en el MPF, no están en esa región de la cuenca del Murucupi, pero están en el TAC. El TAC prevé que serán examinadas en términos de contaminación de agua, suelo, salud, impactos económicos, todo lo que puedan haber sufrido con los eventos de 2018. Eso demanda más auditorias e investigaciones que serán costeadas por la empresa y están previstas en el TAC. Conforme el resultado de esos análisis, todas esas familias van recibir un determinado valor, un salario mínimo durante un año", detalla.
La lucha de los afectados
Desde el evento de febrero de 2018, la Fuerza Tarea del Ministerio Público buscó siempre realizar acuerdos con la empresa, para lograr atender de emergencia a las poblaciones afectadas.
"La actuación extrajudicial del Ministerio Público acostumbra a tener resultados más interesantes que la actuación más tradicional de ingresar una acción, aunque tal vez sea hasta más fácil entrar con la acción y dejar el proceso olvidado en sistema judicial. Cuando hacemos una negociación extrajudicial asumimos una serie de responsabilidades, pero también conseguimos más resultados. Siempre optamos por la negociación para conseguir extraer el máximo de beneficio posible y dejar sólo lo que realmente no hubiera manera para una discusión judicial", refuerza.
Para Robert Rodrigues, del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por su sigla en portugués) reunir a las comunidades afectadas por los impactos de la minería en el Ministerio Público Federal (MPF) en la fecha que recuerda los eventos de febrero de 2018 es una forma de presionar a la empresa para que cumpla con sus responsabilidades con la población.
"Incluso aunque el TAC consiga mediar el conflicto y dar respuestas inmediatas, que no se van a demorar todos los años de un proceso judicial, pero que se haga una denuncia – en la Justicia – contra la Hydro para que pague por todo el pasivo de los crímenes ambientales causados en Barcarena desde cuando se instaló en la región expropiando a los trabajadores tradicionales hasta todos los crímenes que cometió. ¿Eso es algo que va a demorar años? Con certeza. Pero si conseguimos esa condena en la Justicia va a ser una victoria de los afectados".
"De la misma forma que decimos que la [empresa] Vale mató a centenas de personas en el crimen de Mariana y Brumadinho y hasta hoy no hay ningún director de la Vale preso, también queremos ver un director de la Hydro preso, porque ellos también son asesinos, así como la Vale, porque ellos matan los ríos, ellos matan la naturaleza y consecuentemente matan a las personas", dice.
Eliminación por canal no autorizado
Buscada por el reportaje la empresa Alunorte, subsidiaria de la Hydro en Barcarena, afirma, por medio de nota, que no hubo fuga o transbordo de las áreas de depósito de residuos de bauxita de la refinería Alunorte en febrero de 2018.
La empresa afirma que hizo una eliminación controlada de agua de lluvia del área de operación de la refinería, que fue "parcialmente tratada". Según la Alunorte, "fue una medida de emergencia, comunicada a la autoridad ambiental en la ocasión, para garantizar que la estación de tratamiento de agua tendría capacidad suficiente para procesar y tratar toda el agua que tuvo contacto con los depósitos de residuos de bauxita", dice la nota
La Alunorte admite en el texto enviado a Brasil de Fato que utilizó un canal no autorizado para esta finalidad. "Eso se hizo a través de un canal de reserva (“Canal Velho”), cuya utilización para esta finalidad no había sido aún autorizada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sustentabilidad (SEMAS)", dice el texto.
La empresa alega que solicitó a la consultoría ambiental SGW Services que analizara el impacto ambiental de esa medida. Según la Alunorte, la SGW concluyó que el descarte controlado no fue perjudicial para el Rio Pará ni para las comunidades locales.
Atención a las familias afectadas
Sobre la atención a las comunidades de Abaetetuba que afirman haber sido contaminadas por los relaves de la minería y no están siendo debidamente asistidas, la Alunorte afirma que sigue cumpliendo todos los compromisos firmados en el TAC.
"En el Término de Ajuste de Conducta (TAC), están descritos los criterios para definición de las familias, residentes en la cuenca del Rio Murucupi, a ser beneficiadas por los compromisos asumidos por la empresa, así como el límite total de aporte financiero para el pago de esos beneficios", dice la empresa por medio de nota.
Sobre las acciones para mitigación del impacto ambiental en Barcarena provocado por la fuga de relaves en 2018, la Hydro y la Alunorte afirman que se comprometieron a realizar, en asociación con consultoras e instituciones especializadas, "diversos estudios detallados sobre la región", previstos en el TAC.
"La Hydro y la Alunorte ya presentaron los Términos de Referencia (TDR) para contratación de auditorías independientes sobre cuestiones socio ambientales, previstas en el TAC. Los TDR aún están en análisis por los signatarios del acuerdo", concluye el texto enviado por la Alunorte a Brasil de Fato.
Edición: Leandro Melito
