La muerte del leñador Francisco Viana da Conceição, el “Neguinho”, el 31 de enero, es el marco de una guerra en curso en la frontera agropecuaria amazónica: desde entonces, gobernantes del norte del país piden la cabeza de fiscales ambientales.
El hombre, de 52 años, fue afectado por un tiro durante una fiscalización del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y de la Policía Militar (PM), en una zona de selva de Rorainópolis, en el sur del estado de Roraima.
La operación ocurrió en un área de explotación ilegal de madera, de acuerdo con el IBAMA. El Instituto dice que en el lugar había señales claras de deforestación reciente, como marcas de arrastre, patios para almacenamiento y troncos de alto valor comercial.
Un día después de la muerte, el gobernador de Roraima, Antonio Denarium (del Partido Social Liberal - PSL) se apuró condenando públicamente a los funcionarios ambientales que participaron en la acción, sin ninguna investigación en proceso para indagar los hechos. Según el, los fiscales ya eran motivo de “innúmerables denuncias” de productores rurales y pescadores de la región.
En el Congreso Nacional, en Brasilia, el senador roraimense Telmário Mota (Partido Republicano de orden Social - Pros) levantó su voz en la tribuna. Llamó a los funcionarios asesinos, pidió identificación inmediata de los responsables y declaró abierta la caza de los fiscales.
“Fue un asesinato brutal. Quiero hacer un llamado al presidente Jair Bolsonaro. Presidente, el IBAMA perdió su verdadera función. Tenemos que cambiar que esos hombres armados, sin preparación, quieran actuar como policía. Están matando al trabajador brasileño”, acusó el congresista.
Inflamado por los discursos de los políticos, el pueblo se levantó. Cercó con furia el hotel en que estaban los funcionarios, los hizo salir corriendo de la ciudad, escoltados por autos y un helicóptero de la policía.
La versión del gobernador y del senador, sin embargo, no coincide con el parte de la denuncia – al cual Brasil de Fato tuvo acceso en exclusiva –, escrito por los policías militares que estuvieron en la operación. El relato de la Policía Militar, subordinada al propio Denarium, corrobora lo que dice el IBAMA – el hombre asesinado era un maderero ilegal y reaccionó al abordaje.
“Nos identificamos como policías militares y dimos la voz de alto a los infractores, pero ellos desobedecieron la orden legal, corriendo hacia la selva para refugiarse y realizando disparos de arma de fuego contra los policías. En ese momento reaccionamos a la injusta agresión, utilizando los medios disponibles para salvar nuestras vidas”, describen los policías.
Los policías mencionan, en el documento oficial, que los fiscales del IBAMA no se involucraron en el intercambio de tiros. Ellos solo llegaron después, para prestar socorro al hombre abaleado.
“Después de los disparos, gritamos a los funcionarios del IBAMA para que pidan apoyo “vía radio”. Cuando llegó el apoyo nos adentramos en la selva en busca de los infractores. Sin embargo, solo encontramos a uno de ellos, al que le dispararon. Proporcionamos asistencia inmediata al infractor baleado (aún con vida) utilizando el VTR [automóvil] del IBAMA (...). Por temor a una emboscada, teniendo en cuenta que solo quedaba un automóvil, abandonamos la escena”, dicen los policías en el informe.
Las personas quieren matar el IBAMA. Está difícil para el personal salir al campo.
Para Elizabeth Uema, secretaria ejecutiva de la Asociación de Servidores Ambientales Federales (ASCEMA Nacional), el discurso no contrastado de Mota y Denarium forma parte de una estrategia política nacional, encabezada por el presidente Jair Bolsonaro (sin partido), para debilitar al IBAMA y favorecer a sectores estratégicos para el gobierno, como el agro negocio.
Ella dice que, ante la situación, el gobierno de Roraima amenazó con retirar el apoyo de la Policía Militar a las operaciones del IBAMA contra extracción ilegal de madera. En la práctica, si pasa eso, las fiscalizaciones se vuelven inviables.
“Se que es un discurso electorero, pero imagina como suena para su base [se refiere al senador], allá en el interior. Las personas quieren matar al IBAMA. Está difícil para el personal salir al campo. Fuera de eso, varios gobernadores en la región amazónica están amenazando con retirar el apoyo de las policías militares para acciones del IBAMA, lo que significa inviabilidad”, afirma.
La secretaria de la asociación relata que, después de la muerte, los fiscales han sufrido amenazas de grupos de madereros. “Es un miedo físico. Después de esa muerte en Roraima, ya vimos discusiones en un grupo de madereros diciendo que el juego estaba uno a cero, que ellos necesitaban empatar”.
"Enemigos del progreso"
Desde que asumió el poder, Jair Bolsonaro se entusiasmó con pintar a los funcionarios públicos ambientales como enemigos del progreso nacional. En medio de innumerables ataques verbales, el presidente instituyó una serie de medidas que debilitan el poder de los órganos federales de fiscalización ambiental (IBAMA e Instituto Chico Mendes), en una cruzada contra lo que el llama “industria de la multa” alimentada por un “carácter ideológico”.
“Apenas al comienzo del gobierno, todos los superintendentes del IBAMA, con excepción de dos o tres, fueron exonerados de una sola vez. Los nombramientos [para reponerlos] comenzaron a hacerse a cuentagotas, a comienzos del segundo semestre [de 2019]. O sea, pasamos por lo menos la mitad del año, en la mayoría de los estados, sin dirigentes o con funcionarios substitutos, que no tenían gran autonomía. El substituto, a veces, no va a accionar determinado mecanismo de fiscalización por recelo de ser castigado o sufrir retaliaciones”, dice Elizabeth Uema.
En otro acto de gobierno, Bolsonaro instituyó el Núcleo de Conciliación Ambiental, inicialmente por decreto, después por decreto ministerial del Ministerio de Medio Ambiente. Se trata de tribunales estaduales que quitan independencia a los funcionarios al juzgar si las multas aplicadas por los fiscales fueron justas.
El IBAMA pasó por lo menos a mitad del año, en la mayoría de los estados, sin dirigentes o con funcionarios substitutos, que no tenían gran autonomía.
A fines de enero de este año, otra señal de guerra a los fiscales: al anunciar la creación del Consejo de la Amazonía, comandado por el vicepresidente, Hamilton Mourão, y de una Fuerza Nacional Ambiental, el presidente indicó que se debe debilitar el poder de los funcionarios del IBAMA en acciones contra la deforestación en pro del uso de la policía.
El debilitamiento también es financiero: el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional al IBAMA, en 2020, sufrió corte del 31%, quedando en R$ 256 millones (US$ 58 millones). El techo pone en riesgo la captación del Fondo Amazonía, formado por donaciones de otros países y esencial para financiar las fiscalizaciones.
“Ya venía perdiendo recursos y, ahora, los recursos directos para el IBAMA deben ser cortados. Entonces, debe impactar principalmente en la fiscalización, que ya era un problema. Ya teníamos desfase de funcionarios de modo general, en órganos ambientales, y ahora, con los pocos funcionarios que tenemos, no vamos a tener recursos para las operaciones en si, que son costosas – desplazamiento de mucha gente, logística, eso no es barato”, comenta Alexandre Bahia Gontijo, presidente de la Asociación de Servidores del IBAMA, la ASIBAMA.
En paralelo a las acciones de Bolsonaro, se tramita en el Congreso un proyecto de ley (PL 3729/04) para ablandar las reglas de licenciamiento ambiental. La conducción de los trabajos la realiza un grupo coordinado por el diputado Kim Kataguiri (DEM - estado de São Paulo) – que ya declaró abiertamente que no tiene conocimiento sobre el asunto.
Después de escuchar a varios ambientalistas, los diputados llegaron a un consenso, en la tercera versión del texto. Con todo, Kataguiri presentó una cuarta versión, con la posibilidad de crear un “auto-licenciamiento” para emprendimientos rurales, lo que desagradó a parte de los diputados. La discusión, entonces, quedó para este primer semestre de 2020, aún sin fecha definida.
El acto más reciente para estrangular las acciones de los órganos fue la publicación del decreto presidencial 10.234, el 11 de febrero, que prevé la extinción de las once Coordinaciones Regionales (CR) del ICMBio, estructuras que sirven para dar apoyo técnico y jurídico a las 334 Unidades de conservación federales en todo Brasil.
La ASCEMA Nacional repudió, en nota, el decreto. “La ASCEMA Nacional repudia la falta de claridad y el irrespeto con los funcionarios de las Coordinaciones Regionales y UAAF que, sin ninguna planificación o aviso previo, serán extintas. Es temeraria la ausencia de la participación del cuerpo de funcionarios del ICMBio en la elaboración de la estructura organizacional de la institución, lo que también refuerza la sospecha de motivaciones ajenas a la misión de proteger el patrimonio natural y promover el desarrollo socio ambiental en Brasil.”
Fraudes en pareceres
Más allá de decretos y afines, la persecución a funcionarios del IBAMA también es interna, orgánica. Un funcionario que prefirió no identificarse relató a Brasil de Fato que jefes de unidades ignoran o modifican pareceres técnicos para emitir licenciamientos que atiendan a intereses económicos o personales.
“En el IBAMA, si el equipo da un parecer contrario a la viabilidad de una hidroeléctrica, los jefes sólo van a conseguir emitir una licencia cuando tengan en manos otro parecer, más fuerte, que refute los alegatos de aquel que le decía al jefe que no emita la licencia debido a determinadas razones”, afirma.
Cada cuestionamiento que había, ellos paraban ese proceso y abrían otro, para continuar sin aquel documento, aquel cuestionamiento.
“Eso es en una escala que va desde decisiones más amplias, hasta la disputa interna en una posición pequeña, se abre un camino o no para hacer un levantamiento de flora, si se hace o no un informe. Son pasitos pequeños. Ese conflicto ocurre en todo momento”, denuncia el funcionario.
El funcionario del IBAMA cuenta que fue separado por la jefatura después de descubrir una serie de fraudes procesales en un licenciamiento. Según el, siempre que confrontaba técnicamente sobre la viabilidad del proceso, la dirección responsable cerraba el proceso y abría uno nuevo, para huir de los cuestionamientos.
“Descubrí que tenía cinco procesos abiertos. Cada cuestionamiento que había, ellos paraban ese proceso y abrían otro, para continuar sin aquel documento, aquel cuestionamiento. Un proceso tenía un documento del IBAMA, otro tenía un documento para recoger firmas, otro tenía un cuestionamiento no se de quien”, narra el funcionario.
Estábamos desnudando una red de corrupción, de mal uso de recursos públicos, que exigía la persecución de los funcionarios públicos, claro, pero mucho fraude procesal.
El dice haber sido separado de las funciones al cuestionar la coordinación y la Corregidoria del IBAMA. “Pasé un mes en el limbo, sin ningún destino. No podía trabajar. El jefe me dio dos días para recoger todas mis cosas. Me quitaron el acceso a mi computador, no conseguía sacar mis datos personales. Fui a conversar con el coordinador de RH, el dijo que no necesitaba de motivo para separarme.”
El funcionario clasifica como “promiscua” la relación de parte de jefes del IBAMA con el gobierno y el sector privado. “Estábamos moviendo las cosas pensando que estábamos defendiendo una comunidad local, cuestionando el sobreprecio de obra, cuestionando la presión de otro órgano. En verdad, estábamos desnudando una red de corrupción, de mala prestación de recurso público, que exigía persecución de funcionario público, claro, pero mucho fraude procesal.”
El funcionario refuerza que la práctica ya viene de otros gobiernos, pero que se “normalizó” en el gobierno actual. “Antes había conflicto [los funcionarios cuestionaban]. Ahora, no hay más conflicto. ¿Cual es la persecución del funcionario hoy? Amenaza implícita. Simplemente las personas se callaron. Ahora, está normalizado.”
Edición: Rodrigo Chagas
