Quien escucha las afirmaciones de Jair Bolsonaro contra el aislamiento social para el control del coronavirus puede imaginar que el combate contra el hambre, de alguna forma sea agenda del gobierno federal. La temática, no obstante, nunca fue parte del repertorio del ex capitán, ni siquiera durante la campaña electoral. Si hoy Bolsonaro dice que “El hambre mata más que el virus”, hace menos de un año el negaba el problema en Brasil. En julio del año pasado, llegó a decir que, con base “en lo que vemos por ahí” no hay personas que sufren por escasez de alimentos en el país.
“Decir que se pasa hambre en Brasil es una gran mentira. Usted no ve gente, incluso pobre, por las calles con un físico esquelético como vemos en algunos otros países ahí por el mundo”
La falta de preocupación con uno de los grupos más vulnerables de la población viene siendo traducida en un desmantelamiento de órganos y políticas sociales para el combate al problema. En su primer mes ocupando el Palacio de Planalto, Bolsonaro extinguió el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a partir de una Medida Provisional. El órgano formaba parte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y contaba con la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas de acceso a nutrición adecuada.
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La nutricionista e investigadora Elisabetta Recine, indicada por la sociedad civil como presidenta del CONSEA en 2017, afirma que fue hecha un análisis de los planes de gobierno durante la campaña electoral y que la planificación de Bolsonaro no contemplaba el asunto. Ella resalta que datos del IBGE vienen mostrando que la curva de retirada de las personas de la pobreza y de la extrema pobreza en Brasil está cayendo y actualmente 35 millones de brasileños encaran el problema.
“Cuando esos programas y esas políticas son debilitados, la estructura desigual de Brasil se recompone rápidamente. Las personas que estaban, a lo largo de una década y media, saliendo de la línea de pobreza y de extrema pobreza, vuelven inmediatamente, porque no les da tiempo para estructurar sus vidas para tener resiliencia ante una situación como esta.”
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Ella explica que, incluso las políticas de emergencia para transferencia de renta que vienen siendo anunciadas tendrán dificultades de implementación.
“Cuando la pandemia llega a Brasil, llega en un momento de extrema fragilidad de políticas públicas. Lo que ya era malo llega en un contexto en que Brasil no tiene margen de manobra para lidiar con eso. El conjunto de consejos de políticas públicas fue extinguido. Ese era el puente del poder público con la sociedad. Es dentro del espacio de participación y de control social que la sociedad civil tiene condiciones de presentar sus demandas, sus propuestas, sus miradas de la realidad. Fue aprobada la propuesta de renta mínima, por ejemplo, pero hay mucha gente fuera del registro único y el gobierno no consigue llegar a esas personas porque no tiene canales.”
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El profesor de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro y coordinador de la Rede Brasileña de Pesquisa, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Renato Maluf, afirma que el gobierno no tiene compromiso con el combate al hambre. El cita la postura adoptada ante de la ley de transferencia de renta de emergencia, aprobada por el Congreso. El equipo de Bolsonaro llegó a sugerir mitad del valor propuesto por los parlamentarios. No hubo esfuerzo para aprobación inmediata del texto, en lo que parece ser una estrategia del área económica.
“La cuestión es que fuimos asaltados por grupos, algunos hasta con forma de pandillas. Es más que desmontar programas, están desmontando el Estado. Esa es la intención última y mayor. Mira ese episodio de la renta básica. Es escandaloso ver al gobierno decir que no consigue liberar el dinero. La imagen que tengo es Paulo Guedes y su grupo aferrándose hasta donde pueden a uno de los últimos instrumentos de poder que tenían. ¿Un ministro de economía recibe una propuesta aprobada contra su voluntad, en un proceso del cual el no participó y va a ser obligado a firmar el cheque? Eso para el es la muerte.”
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Según Renato, la pandemia expone el desmantelamiento de diversas políticas sociales, practicado por el gobierno del capitán retirado. El coronavirus muestra que la actuación del poder público es esencial y que la lógica privatizadora se desmorona ante de crises de este tamaño.
“Lo que la pandemia está mostrando es que el estado es absolutamente esencial y que la lógica privada o privatizadora es capaz de producir muchos daños y no es capaz de enfrentar problemas públicos (...) No venga Bolsonaro a decir que está sensibilizado con el hambre. Si realmente lo estuviera, no habría hecho las maldades que hizo a lo largo del gobierno.”
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Sociedad civil presenta propuestas
Frente a la crisis, cerca de 150 organizaciones de la sociedad civil elaboraron un documento con propuestas de acciones de emergencia (Clic aquí para leer el documento completo). La agilidad en la implementación de la renta básica de emergencia está entre ellas. El texto cita también la necesidad de creación de comités de emergencia para el combate al hambre, la recomposición inmediata del presupuesto de la salud y la garantía del abastecimiento alimentario.
Sin disposición del gobierno federal para el diálogo, la propuesta será presentada al Congreso Nacional y enviada para que consejos estaduales y municipales discutan el tema con los gobiernos locales.
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Elisabetta afirma que la pandemia da visibilidad de manera brutal a las elecciones del gobierno.
“El gobierno federal, del punto de vista de su jerarquía mayor, está de espaldas a la agenda de seguridad alimentaria y nutricional desde que la presidenta Dilma Rousseff fue retirada de la presidencia. Durante un cierto tiempo cumplimos nuestra función de mantener el diálogo, pero la medida provisional que extinguió el CONSEA fue un recado único y no hay diálogo con el gobierno federal.”
El documento propone también la revocación de la enmienda del techo de gastos, la continuidad y adecuación de las estrategias del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), por medio de la distribución directa de alimentos a las familias, políticas de emergencia para agricultura familiar y pescadores artesanales. Las organizaciones resaltan que la solución pasa necesariamente por la recomposición de los mecanismos de asistencia social, desmontados por el gobierno.
“Esta emergencia dejará graves consecuencias y nadie más podrá cerrar los ojos frente a esa realidad. Los daños serán mayores o menores dependiendo de la voluntad política y capacidad de respuesta de los gobernantes y de cada uno de nosotros.” Resalta el texto.
Edición: Marina Selerges
