La pandemia de coronavirus ya está teniendo graves consecuencias en América del Sur, comenzando con los sistemas de salud que comienzan a colapsar, pero también con respecto a la situación socioeconómica. En Chile, por ejemplo, ya es posible ver largas y agotadoras filas de trabajadores que buscan acceder al seguro de desempleo ofrecido por el gobierno, y tanto en este como en otros países de la región, el número de personas desempleadas ha crecido tanto o más que el de las infectadas por el virus
Los diferentes gobiernos de la región están reaccionando a esta situación, pero cada uno sigue sus líneas ideológicas y sus diferentes prioridades. Podemos tomar como parámetro de comparación lo que han logrado países tan diferentes como Chile, cuyo modelo ultraneoliberal ha estado vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y profundizado por los gobiernos de la Concertación (1990-2010); Ecuador, donde Lenín Moreno intenta desmantelar el sistema de protección social que comenzaba a surgir, durante el gobierno de su antiguo aliado Rafael Correa; y Argentina, donde sucede lo contrario: el recién asumido Alberto Fernández intenta recuperar el poder de acción del Estado después del desastre que dejó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
Entre estos tres países, podemos ver cómo la cuestión ideológica marca el desempeño de un gobierno frente a un escenario tan grave como una pandemia.
Ecuador
Comencemos con el caso más inusual en Ecuador, cuyo gobierno ha presentado un proyecto para crear un Fondo de Ayuda Humanitaria para los trabajadores, que contará con el apoyo de una contribución de todos los ciudadanos que ganan más de 500 dólares al mes.
Esto significa que una gran parte de los asalariados y la clase media tendrán que contribuir a este proyecto. La idea va en contra de lo que están haciendo muchos otros países, donde se discuten propuestas basadas en hacer que las personas más ricas hagan el sacrificio para superar esta crisis.
El presidente Lenín Moreno justifica la medida diciendo que el Estado está casi roto. Según él, "la pandemia nos golpeó en un momento crítico (...) sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65 mil millones de dólares".
Actualmente, la tasa de desempleo en Ecuador es de alrededor del 4,6%, y el seguro anunciado por el gobierno apunta a ayudar al menos a 550.000 personas. Para que la medida sea más aceptable para la opinión pública y la clase política, el gobierno ha propuesto que estos fondos sean administrados por una entidad pública independiente, sin conexión con su administración, lo que no impide que esté sujeto al lobby de grandes empresas, sino todo lo contrario.
Chile
Mientras tanto, en Chile, la estrategia del presidente Sebastián Piñera se basa en tres aspectos fundamentales: protección laboral, inyección de liquidez en las empresas y apoyo a los ingresos familiares. Sin embargo, estas medidas están muy desequilibradas a favor de la comunidad empresarial, como se esperaría en un gobierno neoliberal.
Por un lado, los recursos que el gobierno ha asignado a miles de familias más vulnerables ascenderán a alrededor de 2 mil millones de dólares. Por otro lado, las empresas podrían recibir hasta un total de 24 mil millones.
Otra ventaja gubernamental entregada a las empresas es la posibilidad de suspender unilateralmente el vínculo con los trabajadores por un período de 3 meses, y dejarlos solo con el seguro de desempleo que ofrecerá el Estado, y cuyo valor no estará lejos de salario mínimo
El analista Alexi Ríos, de la Fundación Socialdemócrata, dice que estas medidas son insuficientes, en un escenario donde el foco de la pandemia debería continuar en la protección salud de las personas. “El proceso de transferencia de recursos a familias y trabajadores independientes sigue siendo una situación que no se ha abordado adecuadamente, teniendo en cuenta que todavía no hemos alcanzado el pico de la pandemia en el país, que, según los expertos, tendrá lugar entre los últimos días de abril y los primeros días de mayo”, comenta.
La CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Chile) también criticó las medidas del gobierno para enfrentar la crisis, ya que considera que promueven el despido masivo de trabajadores para la conveniencia de las grandes empresas. En un comunicado, expresaron que estas soluciones violan los derechos de los trabajadores y desequilibran aún más el panorama a favor de los empresarios.
Argentina
Al marcar la diferencia en un continente que ha vuelto a una hegemonía de proyectos económicos neoliberales, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina se ha destacado por su extremo cuidado tanto en términos de salud como también en términos de protección de los trabajadores.
Según el presidente peronista, "una economía que cae siempre sube, pero una vida que termina ya no está en aumento". Este parece ser el lema de su gobierno, y los principios contenidos en esa oración son identificables en las medidas adoptadas por su administración.
A mediados de marzo, dos días después de la primera muerte del país por covid-19, Fernández decretó una cuarentena que se ha aplicado de manera estricta y efectiva en todo el país.
A fines de marzo, cuando fue necesario extender esta cuarentena por primera vez, que inicialmente tenía una duración prevista de dos semanas, pero que sigue vigente, el presidente envió un mensaje claro a los empresarios: "Ha llegado el momento de que ganes menos, y no te preocupes de que no perderás dinero, simplemente no ganarás lo mismo que antes".
El mandatario argentino también decretó que los trabajadores no están obligados a ir a sus lugares de trabajo, y que esto no afecta el derecho a recibir una remuneración completa. En el caso de los trabajadores independientes e informales, el gobierno argentino creó una ayuda de protección que contempla un "ingreso familiar de emergencia", equivalente a aproximadamente $ 150. También se creó un precio máximo para los productos de consumo masivo, como resultado de la congelación de los valores promedio vigentes el 6 de marzo.
Las empresas no han dejado de recibir servicios, especialmente las pequeñas y medianas, con recursos para garantizar la producción, el suministro y el pago de los salarios de los trabajadores, además del apoyo especial a las cooperativas y las instituciones de investigación que contribuyen a combatir la pandemia.
Pero el proyecto más importante del gobierno, que todavía necesita la aprobación del Congreso, es la creación de un impuesto específico sobre las grandes fortunas, que servirá tanto para financiar todas estas medidas como para ayudar a renegociar los pagos de la deuda externa con el FMI y otros acreedores.
En medio de las diferentes acciones de gobiernos como los de Argentina, Chile y Ecuador, sin mencionar la situación en Brasil, que además de la crisis económica y de salud, también está experimentando una grave crisis política, las organizaciones internacionales, como la CEPAL, han mostrado un cierto pesimismo con el futuro de la economía en América Latina y el proyecto que la región podría tener, en este 2020, la mayor caída del Producto Interno Bruto de su historia, con una contracción de más del 5%.
Edición: Pilar Troya
