Ni la pandemia de covid-19 puso freno a la escalada de violencia en Cachemira, valle al sur de la parte más occidental del Himalaya, territorio disputado hace décadas por la India y Pakistán. En la última semana, las autoridades de la India fueron acusadas de utilizar leyes de combate al terrorismo para perseguir a periodistas. A la vez el gobierno realiza funerales silenciosos de activistas que luchan por la independencia de la región e impide que las familias se despidan de sus muertos.
La región de Cachemira se divide por una “línea de control” que separa el valle en dos partes. Las recientes denuncias de violencia se concentran en el lado controlado por la India, donde hay 494 casos confirmados del nuevo coronavirus por covid-19.
Contexto
La división de los territorios de la India y de Pakistán, la llamada “Partición de la India”, en 1947, sacrificó la vida de al menos un millón de personas. La migración forzada y las masacres en los dos lados profundizaron los conflictos entre hindúes y musulmanes en el sur de Asia. Ningún territorio expresa mejor la brutalidad de este proceso que la región de Cachemira, con mayoría islámica.
Además de la disputa religiosa, la región es considerada estratégica desde el punto de vista hídrico, porque abarca los manantiales de los principales ríos de la India y de Pakistán – Ganges e Indo, respectivamente.
Durante la Guerra Fría, Pakistán contó con el apoyo de Estados Unidos, y la India, de la Unión Soviética. Ambos pasaron a realizar inversiones en el sector bélico y hoy forman parte del selecto grupo de los nueve países que tienen armas nucleares, lo que incrementa la tensión en la región.
En 1989, un levantamiento separatista hizo que el Estado indio abriera los ojos sobre el riesgo de perder el control político de Cachemira. La represión se intensificó inmediatamente y resultó en el asesinato de 70 mil personas en los últimos treinta años. Las principales víctimas son integrantes de movimientos que luchan por la independencia de la región.
En el lado indio hay un militar por cada seis cachemires, en total son 100 mil soldados. La región es la mayor zona militarizada del mundo.
En agosto de 2019 el primer ministro de la India, Narendra Modi, revocó la autonomía constitucional de Cachemira, lograda en 1947, e incluso bloqueó el acceso a la internet en la región. Hasta hoy cerca de 400 periodistas que actúan en la región, para esquivar la censura, envían videos, fotos y notas periodísticas a través de dispositivos físicos, como pendrives y discos duros en aviones.
Persecución
El 18 de abril, se acusó a la fotoperiodista Masrat Zahra, de 26 años, con base en la Ley de Actividades Ilegales por publicaciones en sus redes sociales con supuestos contenidos “antinacionales” y de “intención criminal”.
“Se cree que la usuaria de Facebook ha enviado fotografías que pueden llevar al público a perturbar la ley y el orden. Ella también ha subido entradas que equivalen a glorificar las actividades antinacionales y perjudicar la imagen de las agencias de aplicación de la ley, además de generar insatisfacción contra el país”, informó la policía local.
Al día siguiente, se acusó a Peerzada Ashiq, reportero del diario The Hindu, con base en la misma ley por una nota considerada "sin base en los hechos" que, según la policía, "podría generar miedo o alarma en la mente del público”.
Menos de 24 horas después, el día 21, le llegó el turno al periodista Gowhar Geelani de ser denunciado por la policía por su “implicación en actividades ilegales a través de sus publicaciones en las redes sociales”. El ex editor de la agencia alemana Deutsche Welle también es autor del libro Kashmir: Rage and Reason [en español, Cachemira: rabia y motivación], sobre el deseo de independencia de los cachemires.
La comprobación de los crímenes cometidos bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilegales puede llevar a siete años de prisión en la India.
Reacción
Lo que hay en común entre los tres corresponsales es la divulgación de notas periodísticas que narran la actuación represiva de los militares de la India en la región.
“Pese a las declaraciones del gobierno, de que todo está mejorando en la Cachemira, su conducta sigue siendo represora y se asfixia aún más el espacio de los derechos civiles, políticos y humanos”, afirmó el activista Khurram Parvez, de la Coalición de la Sociedad Civil Jammu y Cachemira, en una entrevista concedida a la cadena Al Jazeera. Parvez definió los episodios como “un ataque descarado al derecho a la libertad de expresión”.
Los tres periodistas rindieron declaraciones y negaron las acusaciones. Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Comité de Protección a Periodistas también manifestaron preocupación y afirmaron que acompañan los casos.
La corresponsal del portal NewsClick en Cachemira, Anees Zargar, alerta que la situación es particularmente crítica debido a la cuarentena. Como las carreteras y vuelos están bloqueados, diversas audiencias e interrogatorios tienen lugar sin la presencia de los abogados de defensa. A la vez no hay posibilidad de protestar o manifestarse públicamente contra la censura en Cachemira porque se prohíben las aglomeraciones.
Zargar añade que, bajo el pretexto de garantizar el aislamiento social, la policía actúa con más violencia contra los cachemires. “Los habitantes acusan a las autoridades de utilizar la fuerza incluso contra aquellos que salen de sus casas para hacer compras de primera necesidad, como alimentos. Médicos también relatan uso de la fuerza contra ellos y periodistas acusan a la policía de impedir que hagan su trabajo”.
Funerales silenciosos
Dieciséis de los 50 asesinatos de activistas independentistas en Cachemira registrados en 2020 tuvieron lugar en medio de la pandemia. Entre ellos, once cuerpos no fueron entregados a sus familias. Para el gobierno de la India, todos son considerados terroristas.
Desde el comienzo del mes, las autoridades de la India realizan funerales silenciosos ante la presencia de un juez en cementerios administrados por el gobierno. No hay ninguna ceremonia fúnebre tampoco identificación de las sepulturas.
Los funerales de los “mártires”, como son llamados por los cachemires, generalmente reúnen a multitudes, que entonan consignas anti-India y pro-Islam. La despedida es considerada un momento de honor y renovación del sentimiento de lucha por la libertad.
El caso más reciente fue el de los activistas Basharat Shah, Wakeel Dar, Tariq Butt y Uzair Butt, asesinados por tropas de la India el 20 de abril en el distrito de Shopian, al sur de Cachemira. Cuando las familias fueron informadas de las muertes, dos días después, ya estaban enterrados.
El argumento del gobierno de la India para impedir la realización de los funerales es la necesidad de evitar aglomeraciones debido a la pandemia.
Edición: Rodrigo Chagas
