Ser anciano en Chile ya era muy difícil incluso antes de la llegada del nuevo coronavirus. La enfermedad, que tiene la mayoría de sus víctimas entre las personas mayores de 60 años ha llegado al país andino con el potencial de generar resultados catastróficos, debido a la extrema pobreza que enfrentan estas personas, especialmente gracias a un sistema de pensiones que genera ganancias extremadamente altas para las empresas, mientras que los jubilados reciben pensiones miserables.
Para comprender esta situación, es necesario saber que el sistema de pensiones en Chile está dominado por empresas privadas. Todos los contribuyentes chilenos depositan sus ahorros en cuentas de capitalización individual de empresas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), casi todas vinculadas a grandes conglomerados del sector financiero. Estas cuentas retienen entre un 10% y un 12% del salario de cada trabajador, lo que se acumula para invertir y generar pensiones en el futuro.
Cuando se creó, en la década de 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, el sistema prometió que la llamada “eficiencia comercial” produciría mejores jubilaciones. La verdad es que, actualmente, un hombre jubilado recibe un ingreso promedio de 250 dólares. La cantidad puede parecer alta en comparación con otros países, pero está muy por debajo del salario mínimo en Chile, que es de aproximadamente 390 dólares.
La Fundación Sol, un grupo de economistas chilenos independientes que analiza datos oficiales del Ministerio de Trabajo de Chile, suele denunciar las contradicciones de este sistema privado de pensiones, y muestra que las compañías chilenas de AFP registraron, en febrero de 2020, ganancias de aproximadamente 195 mil millones de dólares, que se repartieron entre los accionistas. Este valor, según el análisis de la organización, representa casi el 80% del PIB de Chile.
Otro aspecto relevante es que la jubilación promedio de las mujeres chilenas es 50% menor que la de los hombres, es decir, menos de la mitad del salario mínimo. Las profesoras María Inés Valencia y Manuela Prieto Aguilera son prueba de esta situación. “Me jubilé en el 2012 y actualmente me veo en la triste realidad de una jubilación de 105 mil pesos chilenos (alrededor de 127 dólares)”, dice María Inés.
Para Manuela Prieto, la situación de las mujeres muestra que el sistema reproduce la discriminación que ya existe en el mercado laboral. “Las mujeres siempre somos castigadas, porque tenemos hijos, porque tenemos una expectativa de vida mucho más amplia, por lo que todo esto hace que este sistema nos castigue, y recibimos una jubilación mísera”, lamenta ella.
Revuelta social
Debido a estas enormes discrepancias, el sistema de pensiones administrado por las empresas privadas, es parte de los temas más criticados desde hace 3 gobiernos y, durante la revuelta social que comenzó en octubre de 2019, sumó millones de personas a las calles contra el modelo económico ultra liberal chileno.
Según una encuesta realizada por el Instituto Termómetro Social, en noviembre del año pasado, apenas un mes después del inicio de las movilizaciones masivas en el país, el 91% de las personas querían poner fin al sistema privado de pensiones.
La creciente indignación en la sociedad provocó que el Congreso Nacional de Chile, también lanzara propuestas de una transición, para sustituir el modelo de pensiones. Una de ellas prevé la eliminación del actual sistema de pensiones y la creación de un nuevo, administrado por un ente público. Entre los parlamentarios que promueven esta idea, se encuentra Yasna Provoste, ex ministra de Educación del gobierno de Michelle Bachelet (socialista) y senadora por el Partido Demócrata Cristiano.
“Creo que el 25 de octubre (la fecha del referéndum constitucional) aprobaremos el comienzo de una nueva Constitución, también de una constituyente totalmente elegida por la ciudadanía. Y la reforma de pensiones también ocurrirá, quizás en ese momento, o más tarde, pero ocurrirá. La buena noticia es que ocurrirá. La mala noticia, para aquellos que siguen apoyando a las AFP, también es el hecho de que eso ocurrirá en nuestro país, les guste o no”, dijo la senadora.
Una de las principales organizaciones sociales que lidera la lucha por una jubilación digna es el Movimiento NO+AFP, que está instalado en todo Chile desde hace más de 10 años, y que desde 2015 ha estado organizando marchas masivas por el fin del sistema de pensiones administrado por las empresas privadas. Desde la revuelta social de octubre de 2019, NO+AFP se ha unido a varios otros movimientos sociales que han tomado las calles de todo el país, alrededor de la Mesa de Unidad Social, una confederación de organizaciones que abogan por la celebración de una asamblea constituyente en Chile.
El vocero del Movimiento No+AFP es Luis Mesina, un jubilado que trabajó para una empresa de AFP y está familiarizado con los vicios del sistema. En una declaración reciente, apoyó la presentación del proyecto de ley que apunta a eliminar a las AFP, por parte de los parlamentarios que conforman la oposición al gobierno neoliberal de Sebastián Piñera.
“Los que se resisten al cambio son prisioneros del dogma. Este dogma monetarista, que lamentablemente ha gestionado los destinos de nuestro país, transformando los derechos en bienes de consumo. El menester actual, más que nunca, es avanzar hacia un cambio estructural de tal manera que permita a las chilenas y chilenos tener acceso, al final de su vida laboral, a una jubilación digna, una jubilación que nos permita vivir de una manera noble, y no como sucede hoy con los ancianos, hombres y mujeres que viven en condiciones absolutamente indignas”, dijo Mesina.
El gobierno de Sebastián Piñera se opone claramente a los cambios en el modelo de pensiones del país, y por varias razones. Para empezar, el creador del sistema AFP fue el hermano del presidente, José Piñera, quien fue Ministro de Trabajo de la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1978 y 1980 – no fue él quien lo implementó, en 1982, porque antes de eso fue transferido a la Ministerio de Minería, donde impulsó el proyecto de privatización del cobre, que había sido nacionalizado por Salvador Allende en los Años 70.
Outro hecho importante es que muchos de los ministros y secretarios de los últimos cuatro gobiernos – incluyendo el actual – son exempleados de la Asociación de AFPs. Sin mencionar que las administradoras están entre los principales financiadores de campañas de un amplio espectro de partidos y organizaciones políticas.
Paulo Guedes
Cuando se implementó el modelo chileno de pensiones administrado por las empresas privadas, en los años 80, uno de los que se inspiraron en aquel proyecto fue “Chicago boy brasileño”, Paulo Guedes, que en aquel entonces era profesor en la Universidad de Chile. Como ministro del gobierno de Jair Bolsonaro, Guedes impulsó una reforma de pensiones que incluía cambiar el sistema de reparto que existe hoy en Brasil por el de capitalización individual, una medida crucial para permitir la adaptación al modelo chileno.
Hasta ahora, el Congreso brasileño ha evitado que esta idea avance, lo que impide la paradoja de que Brasil adopte el sistema justo cuando hay millones de chilenos que exigen su fin, debido a su evidente engaño.
Tal es el fracaso, que el gobierno chileno creó una ayuda de emergencia para los ancianos, para aliviar la situación de vulnerabilidad que sufren estas personas ante la crisis del nuevo coronavirus. La pobreza generada por el sistema de seguridad social chileno repercute fuertemente en la salud y en una mala alimentación, lo que se vuelve aún más dramático en el contexto de una pandemia como la de covid-19, que tiene en ellos su principal grupo de riesgo.
E incluso ante esta situación, las compañías de AFP son capaces de seguir mostrando el lado más violento de un neoliberalismo salvaje, afirmando que ellas también son víctimas. A pesar de sus gigantescas ganancias, las administradoras dicen resentir los efectos económicos de la pandemia por las fuertes caídas del mercado bursátil y sostienen que no hay otra alternativa sino traspasar a los jubilados y a los actuales aportantes las pérdidas millonarias, lo que afectaría sus cuentas de capitalización. Algo que no sería una novedad, pues durante la crisis mundial de 2008, por la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, los contribuyentes chilenos perdieron alrededor del 15% de sus ahorros, una vez que los fondos administrados por las AFP obtienen su rentabilidad de los mercados.
En aquel entonces, Argentina tenía un sistema de pensiones idéntico al de Chile, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió nacionalizar el sistema, poniendo a todos los fondos bajo la administración de una entidad pública. Exactamente lo que las chilenas y chilenos demandan hoy, y lo contrario de lo que Jair Bolsonaro y Paulo Guedes quieren hacer en Brasil.
*Nota escrita en colaboración con Paola Cornejo, directo desde Santiago.
Edición: Vivian Fernandes
